Baja popularidad, alta rotación en Gabinete y crispación al alza: Alvarado gobierna con mal clima

(CRHoy.com).- El presidente más joven desde la fundación de la Segunda República, Carlos Alvarado (38 años al tomar posesión), está obligado a mostrar dotes de aviador veterano. La nave que pilotea desde el 8 de mayo del 2018 está atravesando por mal clima y turbulencias.

Su gobierno corre riesgo de entrar en un shock porque hay tres elementos que, juntos, han provocado crisis políticas a varios de sus antecesores. Algunos de esos ingredientes están presentes en el contexto actual.

Según el Programa Estado de la Nación (PEN), del Consejo Nacional de Rectores (Conare), hay tres indicadores que permiten determinar si un gobierno procura o no asegurar cierta estabilidad en el clima político y social: reducción de la conflictividad social, menor rotación en el Gabinete y mejores niveles de aprobación popular.

Mandato nació impopular

Carlos Alvarado tuvo que enfrentar el hecho de ser uno de los mandatarios peor calificados desde el principio de su mandato, resaltó en PEN en su informe del 2018.

Consulta Mitofsky,una empresa mexicana que se dedica a hacer estudios de opinión pública y de mercado a nivel internacional, reportó que a mayo del 2019 el presidente tico estaba entre los cinco mandatarios peor calificados de Latinoamérica, con una "evaluación muy baja", con un porcentaje de aprobación de tan solo un 24%.

Según el Estudio de Opinión Sociopolítica de abril pasado, elaborado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), las calificaciones negativas para la gestión de Carlos Alvarado pararon de crecer al caer a un 51% desde un 55% que obtuvo en noviembre del 2018, pero el cambio no fue significativo y su administración se mantiene con bajos niveles de aprobación.

16 fichas fuera en apenas 14 meses de Gobierno

Al analizar el segundo elemento de la triada que cita el PEN, el de la rotación en el Gabinete como indicador de estabilidad en el clima del país, resulta que hasta el 1.º de julio pasado el grupo de Gobierno había sufrido 16 bajas. La última de relevancia fue la del ministro de Educación, Edgar Mora, quien se vio obligado a renunciar después de que los sindicatos y los estudiantes de colegio solicitaran su salida en medio de manifestaciones espoleadas por la desinformación y una oleada de noticias falsas que contaminaron algunas de las políticas que el titular echó a andar durante su gestión.

Otra salida de importancia en el Gabinete en medio de una crisis política la protagonizó Epsy Campbell, cuya renuncia a la Cancillería fue producto de presiones que ejerció la oposición, principalmente, por el mal manejo administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Aun así, pareciera que todavía el Gobierno se salva de que se le configure un problema por la alta rotación en el Gabinete a causa de apuros coyunturales, de acuerdo con las pistas que dan los investigadores del PEN: "La situación se torna problemática cuando una alta proporción de las salidas se asocia a crisis políticas, pues en esos casos el recambio añade inestabilidad a los cuerpos encargados de conducir los asuntos de Estado, y puede afectar la legitimidad del Gobierno y el mandatario", citó el informe del Estado de la Nación del 2012.

Un parámetro que sirve para determinar qué tan alta ha sido la rotación en el equipo de Gobierno es el comportamiento de este indicador en otras administraciones. Por ejemplo, su antecesor en el cargo, Luis Guillermo Solís (2014-2018), tuvo 16 bajas durante todo su periodo presidencial. El Gobierno de Solís, según el PEN se caracterizó por un rotación un poco mayor al promedio, por una reducción histórica en las acciones colectivas desatadas por conflictividad social y por gozar de un nivel de aprobación mejor.

Empero, los gobiernos de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) y Laura Chinchilla (2010-2014), que se desenvolvieron en medio de ambientes sociales y políticos más crispados que la administración de Solís, tuvieron cada uno 21 salidas de jerarcas. Carlos Alvarado, como ya se apuntó, sufrió 16 renuncias tan solo durante sus primeros 14 meses de gestión.

Manifestaciones se dispararon

Respecto de los niveles de conflictividad social, el tercer termómetro para medir el ambiente en que gobierna un mandatario, Carlos Alvarado enfrenta un aguacero de manifestaciones. Según el Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR (IIS-UCR), entre mayo del 2018 y los primeros días de julio hubo en el país un total de 871 acciones colectivas de protesta.

Esa cantidad rompió la tendencia a la baja que la conflictividad social experimentó durante casi todo el gobierno de Luis Guillermo Solís que en su último año, el 2017, apenas registró 176 acciones colectivas.

Se pueden encontrar en ambos gobiernos respuestas para explicar la reducción y el alza en la cantidad de manfiestaciones.

Mientras Solís optó por una agenda política que, según el PEN, convergió con la de las asociaciones de trabajadores públicos, lo cual influyó sustancialmente en la reducción del conflicto social, Carlos Alvarado asumió el costo de impulsar hasta su aprobación la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, un impopular plan fiscal que extiende el cobro del antiguo impuesto sobre las ventas al transformarlo en el impuesto al valor agregado (IVA) y al ponerle tope al gasto del Gobierno Central en algunos incentivos, como la anualidad que dejó de crecer como porcentaje del salario.

 

Mientras Solís levantó el veto a la reforma al Código Procesal Laboral, Alvarado se matriculó con un proyecto que impulsa el Partido Liberación Nacional (PLN) para regular las huelgas en el sector público. 

También, el gobierno del joven presidente propuso al Congreso una iniciativa para reformar los regímenes de empleo público, que los sindicatos defienden a capa y espada, y decidió casarse con el proyecto de Ley de Educación Dual, odiado por los gremios de profesores y maestros, todo antes de cumplir un año en la silla presidencial.

A raíz del impulso de esas iniciativas y a propósito de la entrada en vigencia del IVA, a principios de julio pasado, los sindicatos del sector público anuncian más protestas para las semanas venideras. Más nubarrones en el campo visual del Gobierno.