Buscan acuerdo para avanzar con proyecto que modifica parámetros para prisión preventiva
El diputado Gilberth Jiménez preside la Comisión de Seguridad. Foto: Asamblea.
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico acordó este jueves suspender el conocimiento de las 23 mociones de fondo presentadas al expediente 23.986 que busca modificar los parámetros para aplicar la prisión preventiva.
El presidente de la comisión, el diputado verdiblanco, Gilberth Jiménez, señaló que tendrán una reunión entre los legisladores y los asesores a la 1:30 p.m. hoy mismo para buscar un consenso sobre las 23 mociones de fondo presentadas al texto.
Este es un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Su texto actual dice:
El tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
Exista peligro para la víctima, la persona denunciante, el testigo y la comunidad. Cuando la víctima, la persona denunciante, el testigo y la comunidad se encuentren en situación de riesgo, el juez tomará en cuenta la necesidad de ordenar esta medida, para lo cual valorará las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que pueda desprenderse un riesgo fundado que pueda afectar su integridad personal o su vida o constituyan actos de terrorismo.
Precisamente el término "peligro para la comunidad" es uno de los aspectos que especialistas han señalado podría ser ambiguo e inconstitucional.
Una de las mociones presentadas por el Jiménez y otros legisladores busca resolver este aspecto modificando el texto e indicando:
Cuando exista peligro para la víctima, la persona denunciante, el testigo y el grupo de personas que habitan una zona geográfica específica determinada por el juez, siempre y cuando exista motivos razonables para presumir que la vida e integridad física de este conjunto de personas se encuentra en peligro. El juez tomará en cuenta la necesidad de ordenar esta medida, para lo cual valorará las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que pueda desprenderse un riesgo fundado que pueda afectar su integridad personal o su vida o constituyan actos de terrorismo.
Este proyecto es parte de las 10 iniciativas catalogadas como urgentes tras la crisis de inseguridad que vive el país.