Cacco se inaugura con retraso y sin resolver la sobrepoblación carcelaria

El Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco) fue inaugurado este miércoles, más de dos meses después del plazo prometido por el Gobierno, pero no recibirá reclusos hasta finales de octubre. Aunque sumará 5.100 espacios, el sistema penitenciario quedará al borde del hacinamiento.

El 14 de enero de 2026 se realizó el acto de colocación de la primera piedra y el inicio formal de las obras, aunque los trabajos ya se habían adelantado. Ese día, frente al presidente salvadoreño Nayib Bukele, invitado al acto, el entonces mandatario Rodrigo Chaves se comprometió a tener listas las instalaciones en un plazo de 195 días. En videos producidos por Casa Presidencial y narrados por Pilar Cisneros, las autoridades insistieron en que ese era el plazo previsto.

La fecha venció el 28 de julio y el proyecto no estuvo listo. Para entonces, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, dijo que estaría terminado en setiembre para comenzar el traslado de los reclusos, pero tampoco se cumplió ese plazo. Ahora, el propio Aguilar reconoció que el traslado no comenzará, al menos, hasta finales de octubre.

Aunque este miércoles se realizó el acto de inauguración, los cinco módulos todavía no entrarán en operación. Por ahora, comenzará la preparación de los oficiales de la Policía Penitenciaria que estarán a cargo de custodiar el centro.

Semanas atrás, el ministro de Seguridad, Gerald Campos, quien dirigió el proyecto cuando era jerarca de Justicia, confirmó que tendrían que trasladar oficiales de otras cárceles para poner en marcha esta ampliación del complejo penitenciario de Alajuela, conocido como La Reforma.

Para albergar a unas 5.100 personas privadas de libertad, la Policía Penitenciaria requerirá 600 agentes, dadas las condiciones de la infraestructura planificada. Sin embargo, las autoridades niegan que esos traslados afecten el funcionamiento de las cárceles que ya están operando.

La dotación del personal policial incluye la reasignación de oficiales experimentados provenientes de otros centros penitenciarios, así como la incorporación de nuevos funcionarios egresados de la Academia Nacional de Policía. Para el inicio de las operaciones, previsto para este año, no existen recursos presupuestados para contratar más funcionarios.

Los nuevos oficiales se han incorporado paulatinamente desde 2023, aunque muchos continúan en proceso de formación. El Poder Ejecutivo pretende entregar la totalidad de las obras a finales de este año, pero parte de las nuevas plazas no se crearán sino hasta 2027 y 2028.

Al borde del hacinamiento

Todas las cárceles del país, en conjunto, tienen capacidad para albergar a 13.289 personas, según datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con corte a febrero de 2026. Los datos más recientes revelan que hay 21.173 adultos privados de libertad, cifra que aumentaría al contabilizar a los menores de edad.

Es decir, la sobrepoblación ronda las 8.000 personas y la ocupación de los espacios alcanza aproximadamente el 160 %. Esta situación coloca al país en la categoría de hacinamiento carcelario, una condición que lo expone a demandas por posibles violaciones de los derechos humanos.

El Cacco sumará 5.100 espacios. Con la apertura del centro, la ocupación se reducirá al 115 %, con casi 3.000 personas por encima de la capacidad real del sistema.

Aunque la entrada en funcionamiento de los cinco nuevos módulos permitirá aliviar la presión y reducir la ocupación a la categoría de sobrepoblación, el país quedará al borde de recaer en el hacinamiento, cuyo umbral se sitúa en el 120 %, debido a la tendencia creciente de ingresos al sistema penitenciario.

Mientras que en años anteriores ingresaban unas 4.500 personas en prisión preventiva por año, desde 2022 la cifra anual ha aumentado a entre 6.000 y 7.500. Al mismo tiempo, existe una tendencia a la baja en la cantidad de personas que salen de la cárcel, lo que incrementa la población penitenciaria total.

El Ministerio de Justicia se negó a revelar cuánto le costará al país asumir los gastos operativos del Cacco, incluidos los servicios públicos y la alimentación de la población penitenciaria.

Según esa entidad, como el centro aún no ha iniciado operaciones y no existen datos históricos ni costos fijos reales, las estimaciones se elaboraron tomando como referencia los niveles de consumo registrados en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro.

La cartera indicó que, en el presupuesto ordinario elaborado para este año, se contemplaron todos esos gastos. Señaló que, conforme aumente la cantidad de personas privadas de libertad, también crecerá el consumo de agua, electricidad y alimentos. Por esa razón, se previó un incremento en las respectivas subpartidas presupuestarias para este año y el siguiente.