Caen por estafas de más de ₡48 millones: Sujetos pagaban con cheques en blanco a negocios
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan este martes tres allanamientos, donde se detuvo a dos sujetos como sospechosos de cometer estafas que ascienden a 48 millones de colones y 29 mil dólares.
Los operativos se realizan en dos viviendas y un taller. Dos de los allanamientos se ubican en el sector de Río Conejo en Corralillo de Cartago. Ahí detuvieron a un hombre de apellido Campos de 57 años. El otro allanamiento es en San Sebastián, en San José, donde se detuvo a un hombre de apellido Villalobos de 46 años.
De acuerdo con la información preliminar, a estos sujetos se les vincula con 14 causas ocurridas entre octubre del año 2024 y diciembre del año 2025 en sectores ubicados en San José como Acosta, La Uruca, Guadalupe y en perjuicio de comercios que venden artículos para insumos de piscinas, locales como ferreterías, licoreras, lugares donde venden en llantas, entre otros locales comerciales.
Según las autoridades, Campos y Villalobos contactaban a los comercios solicitando una cotización por artículos de su interés y luego supuestamente les decían que iban a hacer el pago por medio de una transferencia bancaria o directamente en una sucursal bancaria.
Los sujetos enviaban a una persona a depositar el supuesto cheque, pero que, en apariencia, pertenecía a una cuenta bancaria ya cerrada. Una vez hecho el supuesto depósito, enviaban los comprobantes a los negocios donde habían solicitado la cotización.
Una vez recibido el comprobante, los comercios entregaban los artículos y luego eran contactados por la entidad bancaria, informando que los cheques pertenecían a una cuenta que ya estaba cerrada. De esa manera, se percataban de la estafa de la que habían sido víctimas.
Los agentes realizaron la investigación y vincularon a Campos y Villalobos con varias causas.
En este momento los agentes se encuentran con la revisión de los sitios en busca de evidencia relacionada con el caso y una vez terminados, los sospechosos quedarán a la orden del Ministerio Público para que se les determine su situación jurídica.