Choque con cooperativas obligaría a CCSS a asumir ebais que atienden a 300.000 personas
Cooperativas piden más dinero del que la CCSS está dispuesta a pagar
Un conflicto entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dos cooperativas y una asociación médica podría dejar, a partir del próximo 30 de junio, a 300.000 asegurados de las áreas de salud de Tibás, Pavas, Desamparados, La Carpio-León XIII y San Sebastián sin servicio.
La disputa se centra en el monto mensual que la CCSS pretende pagar por la administración de esas áreas de salud y la cifra que reclaman los proveedores. Los contratos actuales vencen en la fecha mencionada y, a 76 días, la institución no tiene claro cómo asumirá la operación de los centros médicos en caso de que no logre un acuerdo.
De acuerdo con un informe emitido por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS el pasado 10 de abril, las ofertas económicas presentadas por Coopesalud para hacerse cargo de las clínicas y ebais de Pavas y Desamparados sobrepasan el presupuesto institucional. Además, según ese mismo documento, la propuesta de Coopesain para administrar el área de salud de Tibás también excede la previsión presupuestaria.
En el caso de Coopesalud, cotizó ₡587 millones por mes para el área de salud de Pavas y ₡434 millones mensuales para el área de salud de Desamparados. Sin embargo, la entidad está dispuesta a pagar ₡550 millones y ₡426 millones, respectivamente. Mientras que Coopesain pidió ₡256 millones por mes por hacerse cargo del área de salud de Tibás y la Caja ofreció ₡237 millones mensuales.
La estructura de costos evaluada por la Caja contempla mano de obra, materiales y suministros, gastos indirectos, alquiler de inmuebles y utilidades, pero no detalla qué metodología empleó para definir esos costos ni cuáles rangos empleó para compararlos con los precios propuestos por las cooperativas.
En el informe del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS también se señala que las clínicas y ebais de La Carpio-León XIII y San Sebastián, administradas hasta ahora por la Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (Asemeco), ni siquiera presentó ofertas para mantenerse al frente de esos establecimientos.
Rechazaron bajar precio
Walter Zúñiga Mora, gerente general de Coopesain, solicitó a la CCSS que "se reconozca el monto presentado en la oferta económica" para "evitar una afectación patrimonial y jurídica" a su representada. La solicitud fue hecha por escrito el 15 de abril.
En la nota, Zúñiga también solicitó que la CCSS resuelva la solicitud de reajuste de precios que fue planteada por Coopesain desde meses atrás.
Alberto Ferrero, gerente de Coopesalud, se unió a la petición de que se apruebe el reajuste de precio establecido en el contrato vigente, pues no se ha resuelto la modificación correspondiente a 2025.
Ante la pregunta de si están dispuestos a bajar su oferta económica para cumplir la expectativa de la CCSS, Ferrero insistió en que lo que corresponde es que la CCSS atienda el reajuste de precio.
¿Qué pasará?
Karla Solano, directora de la Red de Servicios de Salud de la CCSS, manifestó a este medio de comunicación que si no logran acuerdos con los oferentes deberán asumir las áreas de salud mencionadas con personal propio, lo cual implica realizar contrataciones, alquilar inmuebles y comprar suministros para asegurar la operación.
"El plan de contingencia es que la institución asuma esas áreas de salud, es un riesgo enorme que no podamos hacerlo, pero hay que triplicar esfuerzos y no nos queda otro remedio", comentó Solano.
"Tendríamos que empezar la próxima semana, vamos a tener que sentarnos a trabajar en eso (…) Tenemos que hacerlo, porque no podemos dejar a la población sin servicio", añadió la funcionaria.
Desde 2017, un informe de la Auditoría Interna de la CCSS estableció que el costo de contratar el manejo de los Ebáis con terceros es un 50% menor con respecto a la CCSS.
Caso Barrenador
Desde 2023, la Caja Costarricense de Seguro Social inició un proceso de licitación mayor para conseguir un operador para las diez áreas de salud, entre las que están las cinco que se quedarían sin operador a partir del próximo 30 de junio. No obstante, el 23 de setiembre, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público realizaron una serie de allanamientos en oficinas de la CCSS, instalaciones de cooperativas y casas de jerarcas institucionales por presuntos sobreprecios de hasta ₡12.400 millones en la asignación de los nuevos contratos.
Una de las imputadas en ese caso es Marta Esquivel Rodríguez, expresidenta ejecutiva de la Caja y actual ministra de Planificación Nacional.
