Caja pagó ¢1.995 millones en extras a empleados que se fueron a huelga
Gasto se generó en huelga contra el plan fiscal que se extendió un mes el año pasado
(CRHoy.com).- La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pagó más de ¢1.995 millones en tiempo extraordinario a los empleados que se fueron a huelga entre setiembre y octubre del 2018 en protesta contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El monto lo reveló la Caja a solicitud de este diario digital. El pago de tiempo extraordinario correspondió a los meses posteriores a la finalización de la huelga: noviembre y diciembre del 2018 y enero del 2019, cuando la institución tuvo que trabajar a marcha forzada para reponer el tiempo que los empleados perdieron manifestándose contra el plan fiscal.
La Caja detalló que en noviembre del 2018 giró ¢616,2 millones a 1.767 empleados. En diciembre, fueron 2.235 los trabajadores que se habían ido previamente a huelga los que cobraron a la entidad un total de ¢727,2 millones por horas extra.
Y en enero de este año, fueron 1.987 personas las que cobraron ¢652,3 millones por laborar tiempo adicional para reponer aquel que perdieron mientras se manifestaban contra la reforma tributaria.
La cifra global por horas extra de los empleados de la Caja que los asegurados tuvieron que pagar con sus aportes ascendió a ¢1.995,9 millones.
Además de percibir ese pago por trabajar tiempo extraordinario, los funcionarios que se fueron a huelga hace un año también devengaron la totalidad de sus salarios mientras estuvieron en paro, pues la legislación actual no le permite a la Caja rebajar los sueldos a los empleados que frenen labores.
El tiempo extraordinario se pagó porque, en algunos casos, los funcionarios que paralizaron labores tuvieron que trabajar posteriormente después de las 4:00 p. m. y los fines de semana.
Institución secuestrada
El 7 de agosto pasado, el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, reconoció a CRHoy.com que la institución no tiene más remedio que retribuir económicamente a su personal que dejó de realizar su trabajo por la huelga, además de tener que pagarles posteriormente a muchos de sus empleados en paro horas extra porque no está en posibilidad de contratar a especialistas externos que atiendan a los pacientes.
"En muchos casos así es, sobre todo con especialistas, donde se requieren anestesiólogos, cardiólogos, especialistas en ortopedia, en diferentes áreas. Se requiere de esos especialistas que son los mismos que trabajan en la Caja para resolver las listas que quedan en la Caja. Eso es una realidad y obviamente lo mejor es no estar en huelga, tratamos de evitarla a toda costa, la tomamos muy en serio porque, de nuevo, no es la situación nuestra como administradores de la institución, sino la situación en la que se pone a los pacientes", afirmó.
Macaya además afirmó que las huelgas en la Caja dan al traste con los planes de la institución para reducir tiempos de espera para la atención de pacientes. Según el jerarca, este Gobierno ya ha logrado importantes resultados en esa materia y esperan poder mostrar mejores resultados en noviembre próximo.
"Se hace un enorme esfuerzo con todo el personal, inversiones, programación y luego, una huelga, en pocos días o semanas, degrada esas listas y los resultados y por eso es que todos tenemos que tener mucha conciencia de que, al final, el que paga es el costarricense que, primero, es el que paga los salarios de todos nosotros, y luego el paciente, quien es el que sufre en carne propia cuando no está siendo atendido o porque las listas se alargaron debido a una huelga.
Pérdidas millonarias
La huelga de trabajadores de la Caja del año pasado fue declarada ilegal el 1.° de octubre del 2018. La resolución la dictó el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, que determinó que la salud es un servicio esencial no sujeto a huelgas. El Juzgado condenó a los sindicatos de la Caja que participaron del movimiento de protesta a pagar tan solo ¢2,5 millones.
Después de que finalizó la huelga, las autoridades de la Caja reportaron al país que el paro de labores le provocó pérdidas por más de ¢12.000 millones.
Durante el mes que duró la protesta se suspendieron 129.935 citas, para una pérdida total de ¢4.402 millones. Además, la Caja reportó la suspensión obligada de más de 3.000 cirugías, con un costo de ¢3.702 millones.
Ante la parálisis de sus servicios, la Caja tuvo que echar mano de su fondo de emergencias para cubrir gastos que surgieron durante la huelga, como compra de insumos, comida, pagos a personal, servicios de lavandería, entre una amplia lista. Por ese concepto la institución autónoma perdió ¢3.346 millones.
La parálisis retornó este año a la Caja. En agosto pasado varios sindicatos de la institución decidieron convocar a huelga nuevamente. El paro duró una semana y se levantó solo cuando las autoridades de la institución y el Gobierno del presidente Carlos Alvarado accedieron a la exigencia sindical de mantener sin variaciones el pago de beneficios salariales para los 57.000 empleados de la autónoma, a contrapelo de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El pacto entre las partes fue que los pluses continuarían aumentando de manera porcentual y no nominal—un monto fijo que provocaría ahorro—hasta que un tribunal decidiera sobre el conflicto. Fue la solución a la que llegaron las autoridades del Gobierno después de que en febrero de este año el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, se comprometiera a respetar el incremento porcentual de los pluses.
Sin embargo, el 5 de setiembre la Contraloría General de la República (CGR) dejó sin efecto el acuerdo y ordenó a la Caja a aplicar el pago nominal y no porcentual de pluses a sus trabajadores, de acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La decisión detonó nuevas manifestaciones y los sindicatos no descartan una nueva huelga indefinida para reclamar por la aplicación de la normativa.