Canciller exige nombrar a amiga como embajadora pese a que no cumple requisitos

La vicepresidenta y canciller de la República, Epsy Campbell, está exigiendo que se nombre en una plaza de embajadora a una de sus más cercanas amigas, a pesar de no cumplir con los requisitos para ello. Se trata de Jeanneth Cooper Cooper.

La solicitud de nombramiento de Cooper en una plaza de embajadora en la Cancillería se dio luego de que en la Presidencia, donde Cooper labora actualmente,  se le negara a la funcionaria el pago del plus salarial de dedicación exclusiva (ver nota abajo).

En la Presidencia, Cooper devenga un salario mensual de ₡753.875, donde se incluye un único plus por discrecionalidad y confidencialidad del 25%.

De concretarse su traslado y nombramiento en una plaza de embajador, como lo ordenó Epsy Cambpell, el salario de Cooper alcanzaría una base  de ₡1.174 950, es decir, ₡421.950 más.

El pasado 4 de septiembre, mediante el memorando DM-0429-2018 la vicepresidenta y canciller instruyó al viceministro administrativo de la Cancillería, Jorge Gutiérrez Espeleta, para que se nombre a Cooper como embajadora nombrada en el Servicio Interno del Servicio Exterior, destacada como embajadora itinerante para África.

CRHoy tiene conocimiento que, a la fecha, el nombramiento de Cooper no ha quedado en pie, pues hay un forcejeo entre Campbell y varios jerarcas del ministerio que se oponen, pues insisten en que la designación va en contra de la ley.

A mediados de septiembre Jorge Sáenz, director del Instituto Manuel María Peralta y Abelardo Quirós, jefe de Recursos Humanos de la Cancillería, notificaron a la dirección jurídica de la institución y a la canciller que dicho nombramiento no se puede realizar por dos razones: primero porque los puestos de embajadores internos no son puestos de confianza y segundo porque su designación no cumple con los criterios de idoneidad señalados en el artículo 14 del Estatuto del Servicio Exterior, donde se señala claramente que estos cargos deben ser ocupados para personas con titulación académica en Derecho, Economía o Relaciones Internacionales .

Fuente internas de CRHoy en la Casa Amarilla aseguran que, a pesar de que no está nombrada aún en ese cargo, Cooper llega todos los días a trabajar al despacho de Campbell.

Trámites y solicitudes en favor de una amiga

Cooper es amiga cercana de Campbell, quien incluso la nombró en su despacho en la Presidencia de la República desde el pasado 9 de mayo. A la funcionaria se le nombró en una plaza de "Asesor Profesional Presidencial B" y además con un recargo ad honorem como comisionada de la Presidencia para Asuntos Afrodescendientes.

La intención de mejorar las condiciones salariales de la amiga de la vicepresidenta y canciller iniciaron apenas 22 días después de iniciada esta administración, según documentación a la que tuvo acceso CRHoy.

Todo empezó el 30 de mayo anterior, cuando Cooper le envió un oficio a la vicepresidenta en el cual le pide gestionar por medio de la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos el pago de los rubros de la dedicación exclusiva y carrera profesional. La solicitud se hizo mediante el oficio PV-2018-00024.

Sin dilatar la solicitud de Coooper, ese mismo día Campbell hizo la gestión ante Yendry Rodríguez, subjefa de  la Oficina de Gestión Institucional  de Recursos Humanos de la Presidencia, mediante el oficio PV-2018-00026.

"Esta solicitud se basa en las demandas del puesto, el tiempo que invertirá la señora Cooper en la realización de sus labores y la preparación académica de la misma", indicó Campbell en la carta.

Sin embargo, el aumento salarial para Cooper por medio de un nuevo plus se truncó. El 1 de junio anterior, mediante oficio DG-OGIRH-2018-00433, Rodríguez comunicó  a Ciro Barbosa, director general del Ministerio de la Presidencia, que la dedicación exclusiva no se le puede pagar a Cooper pues "no se encuentra en el ejercicio de su profesión de acuerdo a las funciones señaladas", previamente por Campbell.

El pasado 28 de junio, luego de analizar el caso, Barbosa acogió la recomendación de Rodríguez y denegó el pago.

De habérsele aprobado el pago de dicho plus, en su caso hubiera sido de un 20%, esto porque solo se le hubiera reconocido un título de bachiller en Contabilidad que posee desde el 2010.

Tercer caso 

Esta no es la primera vez en que la canciller Epsy Campbell pasa por alto la ley para hacer nombramientos de tipo político en la Cancillería.

El pasado 16 de julio este medio dio a conocer que Campbell nombró como directora de Política Exterior a Adriana Murillo, una diplomática de carrera que es consejera y a la exvicecanciller Carolina Fernández como directora alterna, esta última primera secretaria dentro del escalafón del Servicio Exterior.

Para estos puestos, el Estatuto del Servicio Exterior es claro que los funcionarios deben ostentar el rango de embajador.

Pero además, Campbell sostuvo en otros 5 cargos a funcionarios que también incumplen con este requisito y que fueron nombrados en el gobierno de Luis Guillermo Solís, período en el cual se dieron serios conflictos por designaciones y prácticas administrativas en la Cancillería.

La Canciller mantiene en sus cargos a Gina Guillén, actual directora de Protocolo y a Cyrus Alpízar, director adjunto de esta dirección. También a Lina Ajoy, directora de Servicio Exterior, a Sergio Vinocour, actual director adjunto de esa dependencia y a Carmen Claramunt Garro, directora alterna de Cooperación Internacional.

Al verse beneficiados por este ascenso ilegal, estos 7 funcionarios ven incrementados sus salarios base.

Por estos casos está pendiente una comparecencia de Campbell en la comisión de Ingreso  y Gasto de la Asamblea Legislativa. Además,  el caso fue elevado por la diputada Karine Niño ante la Procuraduría General de la República.

De igual manera, la canciller ha sido criticada luego de que aprobara un concurso de 33 puestos en el Servicio Exterior, en el cual pone "trabas" a los funcionarios para participar.

Las disposiciones de la canciller fue pedir que para este concurso solo puedan participar  los que tienen como mínimo dos años de servicio dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y deja por fuera a los que tienen menos tiempo.

Si bien el artículo 22  del Estatuto del Servicio Exterior sí establece el mínimo de dos años de servicio dentro de la Cancillería para que los diplomáticos puedan volver a salir a otro país, señala que otros funcionarios con menor tiempo de haber regresado al país tras prestar servicio en el exterior puedan optar por los puestos en caso de que hubiere inopia (faltante) de funcionarios de carrera de su categoría para llenar una vacante, como es el caso.

El otro malestar  tiene que ver con que prohíbe a funcionarios en otros países optar por un traslado horizontal, es decir de un país a otro.

Estas dos mismas limitantes fueron establecidas por el gobierno de Luis Guillermo Solís en el pasado gobierno. Esto les permitió posteriormente, sacar un concurso público y no un concurso de oposición, como dice la ley y colocar en esos cargos a personas ajenas a la carrera diplomática, es decir hacer nombramientos políticos.

En este caso, Campbell  aseguró que las bases y los requisitos establecidos para participar en ese concurso se establecieron bajo recomendaciones de la Comisión Calificadora del Servicio Exterior, la cual está compuesta por cuatro diplomáticos de carrera y tres funcionarios de la Cancillería.

Sin embargo, hay que mencionar que dicha comisión es solo un órgano asesor de la ministra que hace una recomendación, que, finalmente ella como jerarca debe aprobar. 

Pero además, la canciller responsabilizó a dicha comisión a pesar que desde el 28 de agosto mediante el memorándum DM-0410-2018 su jefe de despacho, Edwin Arias fue quien expresamente solicitó sacar a concurso esas plazas con los polémicos requisitos.