Canciller y directora de servicio exterior se contradicen
Lina Ajoy compareció ante los diputados este jueves
Las declaraciones de la vicepresidenta y canciller de la República, Epsy Campbell y las de la directora de Servicio Exterior de la Cancillería, Lina Ajoy, sobre la redacción y aval de la conocida directriz mordaza en esa institución, son contradictorias.
Durante la comparecencia de ambas funcionarias ante la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público del Congreso- el 25 de octubre anterior y el pasado jueves 15 de noviembre- ambas dieron explicaciones muy distintas a los diputados sobre el origen del polémico documento, el cual amenazaba hasta con despidos a los funcionarios que denunciaran presuntos actos de corrupción.
El pasado jueves, en medio de una fuerte discusión con el diputado Luis Fernando Chacón de Liberación Nacional, Ajoy dijo que la directriz mordaza fue un documento que ella redactó "en el marco de sus competencias" como directora de Servicio Exterior.
Dijo que la decisión de enviarla a los funcionarios se tomó en una reunión, en la que aseguró que no estuvo la canciller, Epsy Campbell, pero se negó a detallar cuáles funcionarios estuvieron en esa encerrona.
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Tres semanas antes, en una discusión en esa misma comisión con el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, la canciller Epsy Campbell dejó claro que dicha directriz se envió a los funcionarios con el aval de la vicecanciller, Lorena Aguilar, durante una ausencia suya en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Campbell dijo incluso que si ella hubiera estado presente en ese momento, también la hubiera respaldado. "No estaba yo, quien la avaló fue la vicecanciller, pero es como si lo hubiera hecho yo, es exactamente lo mismo, le hubiera dado el aval", dijo Campbell.
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El pasado 23 de octubre CRHoy dio a conocer que la Cancillería, mediante la directriz DGSE-1949-2018, amedrentó a los funcionarios de la institución y los amenazó hasta con despidos si denunciaban actos presuntamente irregulares.
El envío de la circular coincidió con momentos en los que las actuaciones de Campbell estuvieron en el ojo de la crítica de la oposición y cuando trascendieron actos presuntamente irregulares en embajadas y consulados.
El pasado 2 de noviembre, luego de la presión de los diputados, la Cancillería tuvo que rectificar y aclarar a sus funcionarios que no están imposibilitados de denunciar este tipo de actuaciones.
La misma Ajoy, mediante la circular DGSE-2105-2018 les mandó a aclarar a los funcionarios que el artículo 281 del Código Procesal Penal establece la obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio y que el numeral 9 del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública dispone expresamente que, "los funcionarios públicos tienen el deber de denunciar ante las autoridades competentes los actos presuntamente corruptos que se produzcan en la función pública, de los que tengan conocimiento".
A su vez, dijo a los empleados que la Procuraduría General de la República ha dicho que el deber de probidad "tiene un amplio contenido, toda vez que implica que la conducta del funcionario debe apegarse en todo momento a los postulados de transparencia, rendición de cuentas, honradez, rectitud, respeto, discreción, integridad, imparcialidad, lealtad, espíritu de servicio, buena fe".