Cancillería corrigió directriz mordaza contra funcionarios
Epsy Campbell, Vicepresidenta y Canciller sucumbió a la presión y mandó a aclarar la directriz mordaza
El Ministerio de Relaciones Exteriores ya cumplió su compromiso y corrigió la directriz mordaza con la que, el pasado 1 de octubre, había amedrentado y amenazado a sus funcionarios de despidos si denunciaban presuntos actos irregulares o de corrupción.
El pasado 30 de octubre la directora general de Servicio Exterior, Lina Ajoy, le aclaró al personal del Ministerio que la circular DGSE-1949-2018 no imposibilita que los funcionarios "denuncien cualquier acto irregular que conozcan en el ejercicio de sus funciones, ante las autoridades competentes". La aclaración se hizo mediante la circular DGSE-CPA-2105-2018, de la cual tiene copia este medio.
Ajoy señaló que el artículo 281 del Código Procesal Penal establece la obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio y que el numeral 9 del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública dispone expresamente que, "los funcionarios públicos tienen el deber de denunciar ante las autoridades competentes los actos presuntamente corruptos que se produzcan en la función pública, de los que tengan conocimiento".
A su vez, les dijo a los empleados que la Procuraduría General de la República ha dicho que el deber de probidad "tiene un amplio contenido, toda vez que implica que la conducta del funcionario debe apegarse en todo momento a los postulados de transparencia, rendición de cuentas, honradez, rectitud, respeto, discreción, integridad, imparcialidad, lealtad, espíritu de servicio, buena fe, etc".
El pasado 1° de octubre la Cancillería advirtió a sus funcionarios de amonestaciones, suspensiones sin goce de salario y hasta despidos sin responsabilidad patronal por otorgar información sobre presuntas irregularidades en embajadas y en el servicio interno en la Cancillería. La amenaza se dio mediante la circular DGSE-1949-2018, también firmada por Lina Ajoy. El caso fue dado a conocer por CRHoy.
Además de la advertencia a los funcionarios mediante dicha circular, la Cancillería mandó a cerrar todos los chats internos de la institución por medio de la aplicación de WhatsApp.
El jueves 25 de octubre, en medio de un caldeado ambiente en la comisión legislativa de Ingreso y Gasto Público, Campbell se comprometió a mandar a arreglar esta directriz, tras una fuerte discusión con los diputados José María Villalta del Frente Amplio y Jonathan Prendas de Nueva República.
Los legisladores acusaron que esa directriz representaba una mordaza para para los funcionarios y que hubo una clara intención de intimidarlos en momentos en los que trascendieron actos cuestionables a lo interno de la Cancillería.
Campbell es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público por el presunto delito de nombramientos ilegales; así como 2 consultas en contra de sus decisiones ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública.