Candidatos a diputados chavistas y Laura Fernández arrastran 59 causas penales pendientes

Un total de 59 causas judiciales abiertas acumulan la candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, su candidato a la vicepresidencia y 14 aspirantes a diputaciones electos por esa agrupación en el pasado mes de agosto. La mayoría de los señalados formaron parte del gabinete del presidente Rodrigo Chaves.

La información la confirmó a CR Hoy la oficina de prensa del Ministerio Público, a partir de un listado que reúne expedientes penales tramitados tanto por la Fiscalía General como por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

Entre los aspirantes con causas en investigación figuran 11 exjerarcas del gabinete de Rodrigo Chaves, incluida Fernández; exdirectivos imputados en el Caso Barrenador; el abogado personal del presidente y un "influencer", quien actualmente es investigado por el PANI debido a un video de su hija en el que se refiere a temas políticos.

La lista es encabezada por Marta Esquivel Rodríguez, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y candidata a diputada por el primer lugar de Heredia, quien acumula 14 causas penales en investigación. Le siguen el exministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, y la exministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, también con expedientes abiertos.

En el caso de Laura Fernández, exministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y exministra de la Presidencia, actualmente candidata presidencial del PPSO, registra cuatro causas judiciales activas, según el Ministerio Público:

• Una por incumplimiento de deberes, en trámite de solicitud de desestimación ante la Sala Tercera

• Una por prevaricato

• Una por nombramientos ilegales

• Una por traición

A esto se le suma el caso de Francisco Gamboa, exministro de Economía, quien ahora es secretario general del PPSO y candidato a la primera vicepresidencia de Fernández. Tiene 5 expedientes abiertos por incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública y nombramientos ilegales, todas en investigación.

CR Hoy consultó a la candidata presidencial del PPSO, Laura Fernández, sobre los cuestionamientos y acusas abiertas contra las principales figuras de su papeleta para diputaciones. Sin embargo, Fernández optó por no responder.

Causas penales de candidatos a una curul

Marta Esquivel Rodríguez, expresidenta de la CCSS, exministra de Mideplán y candidata a diputada por el primer lugar de Heredia, con 14 causas penales:

• 5 por Nombramientos ilegales
• 3 por Incumplimiento de deberes
• 2 por Prevaricato
• 1 por Tráfico de Influencias
• 1 por Malversación
• 1 por Peculado
• 1 por Abuso de autoridad

Nogui Acosta Jaén, exministro de Hacienda y aspirante a una curul por el primer lugar de San José, cuenta con 11 acusaciones penales:

• 3 por Influencia contra la Hacienda Pública
• 3 por Prevaricato
• 2 por Nombramientos ilegales
• 1 por Incumplimiento de deberes
• 1 por Fraude a la Hacienda Pública
• 1 por Apropiación y retención indebida

Anna Katharina Müller Castro, exministra de Educación y candidata por el sexto lugar de San José, con 8 expedientes penales:

• 3 por Nombramientos ilegales
• 3 por Incumplimiento de deberes
• 1 por Peculado
• 1 por Tráfico de influencias

Stephan Brunner Neibig, exprimer vicepresidente y aspirante por el tercer lugar de San José, con 5 causas abiertas:

• 1 por Recepción de contribuciones privadas ilegales (remitida a la Sala Tercera)
• 2 por Tráfico de influencias
• 1 por Recepción de contribuciones privadas ilegales
• 1 por Incumplimiento de deberes

José Miguel Villalobos Umaña, abogado del presidente Rodrigo Chaves y primer lugar por Alajuela, con 1 causa penal:

• 1 por Abuso de autoridad

Villalobos actualmente cuenta con una deuda de más de 300 millones de colones a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Robert Barrantes Camacho, influencer conocido como "Robert Junior", candidato por el segundo lugar de Cartago. Cuenta con 2 causas penales abiertas:

• 1 por Abuso de autoridad
• 1 por Peculado

Royner Mora Ruiz, exministro del Deportes y aspirante por el primer lugar de Puntarenas. Tiene dos causas abiertas:

• 1 causa por Prevaricato
• 1 por Tráfico de influencias

Esmeralda Britton González, expresidenta de la Junta de Protección Social (JPS) y candidata por el octavo lugar de San José:

• 1 causa penal por Administración irregular

Cindy Quesada Hernández, exministra de la Condición de la Mujer y candidata suplente por Cartago. Tiene 1 causa penal:

• 1 causa por prevaricato

Juan Manuel Quesada, expresidente ejecutivo del AyA y aspirante por el segundo lugar de Heredia:

• 1 acusación penal por Tráfico de influencias

Nayuribe Guadamuz Rosales, exministra de Cultura y candidata por el primer lugar por Guanacaste. Con una causa abierta:

• 1 por Nombramientos ilegales

Raúl Zamora Trejos, candidato por el onceavo lugar por San José:

• 1 por Artículo 273 del Código Electoral (Financiamiento Partidario)

María Isabel Camareno Camareno, exdirectiva de la CCSS, imputada en el Caso Barrenador, y aspirante por el segundo lugar de Puntarenas:

• 1 causa por Tráfico de influencias

Osvaldo Artavia Carballo, expresidente del Inder y primer lugar por Limón:

• 1 acusación penal por Tráfico de influencias

La Fiscalía confirmó que entre las 60 candidaturas del PPSO solo estas 14 personas aspirantes a una diputación cuentan con causas en investigación.

Financiamiento electoral indebido

Stephan Brunner, ahora ex primer vicepresidente de la República, figura en varias causas abiertas en la Fiscalía General, incluyendo el expediente 22-000210-0276-PE por presuntos delitos electorales relacionados con el financiamiento de la campaña presidencial de Rodrigo Chaves, bajo la bandera del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

El pasado 23 de junio, el fiscal general Carlo Díaz Sánchez presentó la acusación formal contra Brunner, Chaves, el canciller Arnoldo André, y tres diputados oficialistas: Julio "Waldo" Agüero, Luz Mary Alpízar y Paola Nájera.

El informe preliminar elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) atribuyó posibles delitos por la utilización de dos estructuras paralelas —ajenas al PPSD— para gestionar fondos de campaña. Una de ellas fue el fideicomiso Costa Rica Próspera, vinculado a ATA Trust Company S.A., empresa asociada al canciller André Tinoco. La otra estructura habría sido operada por el empresario Jack Loeb y Sofía Agüero Salazar, exasistente de Chaves e hija del diputado Agüero.

Brunner también fue cuestionado por promover una millonaria póliza de riesgos para altos jerarcas del Gobierno, conocida como la "póliza de la vergüenza", gestionada con el Instituto Nacional de Seguros (INS) por más de ₡248 millones anuales, a través del Ministerio de Hacienda. La Procuraduría General dictaminó que correspondía a la Contraloría General de la República (CGR) resolver sobre su legalidad.

Caso Barrenador

La exministra de Planificación (Mideplan), Marta Esquivel Rodríguez, es imputada en el Caso Barrenador, relacionado con supuestos contratos con sobreprecios entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y cooperativas privadas para la administración de 138 Ebáis.

Esto ocurrió cuando Esquivel presidió la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y su junta directiva.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. El 23 de septiembre de 2023 se realizaron 28 allanamientos y 8 detenciones, incluyendo a Esquivel, entonces presidenta ejecutiva de la CCSS.

El 10 de octubre, el Juzgado Penal de Hacienda la suspendió del cargo por seis meses, medida que se prorrogó por un año más. Pese a esto, fue nombrada como ministra por el presidente Chaves, quien le otorgó inmunidad al integrarla al gabinete. Esta inmunidad quedó sin efecto tras su renuncia.

Mega caso fiscal

El exministro de Hacienda, Nogui Acosta, enfrenta un proceso judicial por haber sustentado el llamado "megacaso fiscal" contra el empresario Leonel Baruch Goldberg en información proveniente de la red social TikTok.

En junio de 2023, ante una interpelación en la Asamblea Legislativa, Acosta admitió que la denuncia por evasión fiscal contra la empresa Beta Matrix S.A. se basó, en parte, en un video de esa plataforma. Inicialmente, había declarado que la denuncia llegó por canales anónimos en el sistema digital de Hacienda, sin mencionar la red social.

Además, Hacienda omitió que ya existía un informe previo en donde el caso era desestimado, e incluso se comprobaba que no existía ningún delito tributario qué perseguir, así como que existía una solicitud de desestimación.

Allanamientos

Esmeralda Britton González, expresidenta de la Junta de Protección Social (JPS), figura como investigada en el caso que provocó los allanamientos en la institución estatal el 31 de enero de 2024.

Además de Britton, están siendo investigados Fernández López, Torres Marín, Alcázar Román, Díaz Miranda, Villalobos Ocampo, Chaves Murillo, Ortiz Sánchez, Bustamante Venegas, Robleto Jiménez, Solano Chinchilla, Quesada Varela y Canales Guillén.

La FAPTA dirigió un allanamiento en las instalaciones de la Junta de Protección Social como parte de la investigación que se tramita en el expediente 20-000116-0175-PE.

Específicamente se procedieron a realizar diligencias en la Secretaría de Actas, el Archivo Central y el Departamento de Informática.

De acuerdo con el Ministerio Público, se investigan presuntos delitos de legislación o administración en provecho propio, así como también supuestos casos en contra de la Hacienda Pública.

Cuestionado en el AyA

Juan Manuel Quesada, expresidente del AyA, recibió cuestionamientos por empleados de la institución por un supuesto uso inadecuado de recursos públicos.

En junio, el Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (Sitraa) denunció que la institución gastó casi $93.000 en adquirir un nuevo vehículo para el traslado del presidente ejecutivo de este órgano, Juan Manuel Quesada.

La molestia se debe a que, según apuntan, este dinero se destina pese a varias dificultades que enfrentan trabajadores.

Además, otro de los elementos que causa malestar es que, como parte del pago, el AyA entregó un Toyota Land Cruiser modelo 2017 que aseguran que estaba en excelentes condiciones.

Previamente, en setiembre de 2024, dicho sindicato acusó al AYA de invertir casi ₡50 millones en la oficina de la gerencia general de la institución, cuando existen actualmente 3 lugares del país que se mantienen sin agua desde hace meses e incluso años.