Carlos Alvarado reconoció ser el responsable de crear la UPAD

(CRHoy.com) El presidente Carlos Alvarado reconoció ante la Defensora de los Habitantes haber sido el responsable de ordenar la estructuración de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), y que lo hizo basado en su plan de gobierno, pero sin directriz ni estudio previo.

Consta de ese modo en el oficio N 023482020-(AI), agregado al expediente 20-005434-0042-PE seguido por la Fiscalía General contra el mandatario Alvarado, su exministro de la Presidencia Víctor Morales, su exviceministro de Planificación Luis Daniel Soto, y sus asesores Alejandro Madrigal, Diego Fernández, Luis Eduardo Salazar, Andrés Villalobos y Felly Salas, por los delitos de prevaricato y violación de datos.

En la entrevista realizada por la Defensora, Catalina Crespo, al presidente, este menciona que se basó en el plan de gobierno 2.0 durante el periodo de la segunda ronda electoral en el año¡o 2018.

Punto 1: "El señor Presidente Carlos Alvarado Quesada indicó que "el origen del equipo de trabajo en datos nace desde su plan de gobierno", en razón de dar especial énfasis a la importancia de hacer política pública (…) el mandatario decidió contratar, en junio del 2018, como asesor de despacho, a Diego Fernández indicando que dicha persona era un profesional con experiencia en análisis de datos, para que trabajara en el establecimiento de una unidad de análisis de datos", señala el informe enviado por Crespo al Ministerio Público, al que este medio tuvo acceso.

CRHoy.com buscó en el citado plan de gobierno, siendo que en el punto 46, componente denominado "Competitividad y desarrollo institucional para la producción", destaca un único párrafo, en el que el ahora jerarca expresa la siguiente idea:

"Concluir el proceso de digitalización de trámites, de integración de base de datos y creación de plataformas de acceso a información…".

A pesar de su responsabilidad, Alvarado dejó que las consecuencias por la formulación de la UPAD pesaran sobre todos sus colaboradores al despedirlos, y nunca salió ante la opinión pública a mostrarse como el creador de la cuestionada oficina ni a reconocer sus responsabilidades.

Sin preparación ni asesoría

El informe de la Defensoría, completado a partir de la información propiamente entregada por Presidencia, añade la declaración de Carlos Alvarado, quien reconoció que no existió nunca estudios ni directrices formales para dar inicio con la operación del equipo de analistas.

Punto 4: "El señor presidente señala que no existió un acuerdo o directriz en Casa Presidencial para formalizar el inicio de las labores de la UPAD. Las labores en materia de análisis de datos fueron iniciadas en primera instancia por el señor Fernández -Diego- y luego fueron incorporados con posterioridad los otros funcionarios", agrega el documento.

Precisamente sobre la composición de los empleados que acabaron siendo despedidos por el gobierno, destaca que Carlos Alvarado dispuso de Luis Eduardo Salazar, comisionado LGBTI, como el responsable de dar "asesoría legal" para que entrara en función la UPAD.

Alvarado respaldó a Salazar, a pesar de que el joven de apenas 25 años, tenía menos de 1 año de haberse incorporado al Colegio de Abogados, es decir, no tenía experiencia profesional como abogado para poder estructurar el marco jurídico de una dependiencia gubernamental y mucho menos, para el manejo de información sensible de la ciudadanía.

Punto 6: "(…) con la intención de formalizar la labor que venía -desde 2018- realizando el equipo de facto formado por los señores Fernández -Diego-, Madrigal -Alejandro- y Villalobos -Andrés-, se formuló el Decreto Ejecutivo N 41996-MP-MIDEPLAN, el cual fue redactado con los insumos técnicos aportados por el señor Diego Fernández y cuya elaboración legal estuvo a cargo del señor Luis Salazar".

A partir del año 2018 con la contratación de Diego Fernández en Casa Presidencial y de Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos, se comenzó a recolectar por parte del despacho de Carlos Alvarado una serie de bancos de datos aún y cuando no tenían protocolos para poder manejar información de carácter sensible sin afectar a los ciudadanos.

El 17 de febrero de este año, se publicó en La Gaceta el Decreto Ejecutivo N 41996, mediante el cuál, el gobierno le dio facultades de recolección de datos a la UPAD e incluso declaró su operación como de interés público, hecho dado a conocer por CRHoy.com.

En el artículo 7, el documento señalaba que podrían tener acceso a información confidencial sin importar clasificación, y que la única excepción sería cuando hubiese secreto de estado.

Por esos hechos, la Fiscalía General realizó un histórico allanamiento en Casa Presidencial, donde decomisó el celular y computador personal del presidente Alvarado, así como del exministro de la Presidencia Victor Morales y todos los asesores del despacho del mandatario.