Carlos Chinchilla demandó al Estado por sanción administrativa
Demanda la interpuso este lunes a la 1:00 p.m., previo a que magistrados cambiaran sanción escrita por suspensión de dos meses
(Daniela Abarca)
A la 1:15 p.m. de este lunes y a tan solo pocas horas después de acogerse a su jubilación, el expresidente del Poder Judicial Carlos Chinchilla Sandí demandó al Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
Chinchilla acudió al órgano judicial para solicitar que se anule el acto administrativo de la semana anterior donde los magistrados de la Corte Plena lo sancionaron con una amonestación por escrito al haber incurrido en una falta grave.
El caso se remonta a febrero del 2017, cuando Chinchilla junto con los magistrados de la Sala Tercera -en ese momento- Doris Arias, Jesús Ramírez, Celso Gamboa y María Elena Gómez desestimaron una denuncia contra los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, cuestionados por el cementazo.
Lo hicieron a raíz de una solicitud de la exfiscala general a.i. Berenice Smith Bonilla. Ambos órganos ignoraron un informe de análisis criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que recomendaba ampliar la investigación en lugar de archivarla.
En el escrito, Chinchilla también solicitó que se condene al Estado al pago de los costos de la acción. Así lo confirman documentos en poder de CRHoy.com y declaraciones del abogado de Chinchilla.
Según José Pablo Badilla, abogado del exmagistrado, existen suficientes argumentos jurídicos para cuestionar la sanción escrita, ya que indica que los magistrados cuestionaron la fundamentación de la decisión de la sala Tercera, lo cual está prohibido por el artículo 199 de la ley General de la Administración Pública. CRHoy.com intentó conversar con el ahora exmagistrado, sin embargo no respondió a las llamadas.
"No quiere volver a su puesto"
Jesús Ramírez y Carlos Chinchilla, cuando acudieron a una comparecencia legislativa por el cementazo. CRH/Daniela Abarca
Según el abogado del exmagistrado, Chinchilla no pretende volver a la Corte ni a su cargo en el Poder Judicial, ya que él mismo tomó la determinación de acogerse a la jubilación, sin embargo buscan defender su nombre y la legitimidad del sistema jurídico del país.
Además indica que el castigo más fuerte impuesto este lunes a los magistrados de suspenderlos por dos meses sin goce de salario no afectaría ni administrativamente, ni patrimonialmente a Chinchilla, ya que al acudir a la demanda, el acto anterior quedó en firme.
"No estamos defendiendo a personas ni situaciones personales. Lo que nosotros defendemos es un sistema normativo y un régimen Republicano. No puede ser que la Corte Plena alegue en su comunicado de prensa que se da una revisión de la sanción porque fue pedida por uno de sus integrantes (una magistrada). El recurso de revisión está contemplado en el artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública y en cede administrativa, el recurso tiene que ser formulado por un tercero y la ley es clara en eso", indicó Badilla.
