Carlos Chinchilla saldría de la Corte con más de 100 millones de colones

Con 55 años, tras fungir como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y luego de su sorpresiva jubilación como presidente de esa institución, Carlos Chinchilla Sandí recibiría un millonario pago de prestaciones.

Chinchilla, salpicado por la polémica desestimación de un expediente penal ligado a la trama del “cementazo”, tendría derecho a un monto superior a los ₡112 millones.

Esa es la estimación que realiza el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud). Sin embargo, la cifra final será fijada por el Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial.

El cálculo considera que el salario de Chinchilla ronda entre los ₡8.5 y los ₡9 millones. Además, toma en cuenta su período como funcionario judicial: superior a los 30 años y 6 meses.

La solicitud para la jubilación fue planteada por el exjerarca el 2 de febrero anterior. Según consta en el acta de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial de ese día, estuvo facultada por la Ley Orgánica del Poder Judicial 7333 y sus reformas, así como el Transitorio III de la Ley Marco de Pensiones.

“Es un derecho consagrado en el Código de Trabajo. En este caso, (a Chinchilla) se le deben dar los 12 años de cesantía, más la proporcionalidad de las vacaciones acumuladas que tenga y el proporcional al aguinaldo.

“Al final, se reduce a eso. Son personas trabajadoras que tienen un salario y no debían actuar en la forma en la que, algunas veces, lo hacen”, citó Hernán Campos, secretario general de Sitrajud.

El Consejo Superior tenía previsto conocer la gestión del exjerarca en la sesión del martes. Una vez que eso sucediera, el departamento de Gestión Humana se encargaría de realizar los cálculos pertinentes.

“Se revisa el salario promedio mensual multiplicado por 12 años para efectos de la cesantía. Luego, lo que son las vacaciones, se sacan en proporción: es un salario por año servido. Si tuviera un año de no salir a vacaciones, le tocaría un salario completo. Luego, está el aguinaldo, sería la mitad del sueldo de un año. Esos serían los 3 rubros”, apuntó Campos.

Magistrados en línea…

Jesús Ramírez y Doris Arias, magistrados de la Sala Tercera suspendidos 2 meses sin goce salarial, están en una situación similar si –finalmente- deciden acogerse a su jubilación.

Ambos tienen aprobado ese derecho desde varios años, sin embargo aún se mantienen en sus puestos.

En el caso de Ramírez, desde el 27 de octubre de 1997, la Corte Plena aprobó su jubilación. Para ese entonces, tenía 12 años de fungir como magistrado.

Hoy, con 75 años y 33 de formar parte de la Sala Tercera. Incluso, en marzo de 2017, fue reelecto por 8 años más. Es decir, si no se jubila antes, cumplirá el período cuando tenga casi 82 años.

Según consta en las actas del Consejo Superior de diciembre de 2012, el magistrado tendría un monto de jubilación de ₡7.7 millones mensuales.

Mientras, en junio de 2016, la magistrada Arias solicitó a la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial fijar el derecho respecto a la jubilación.

Según explicó, el 15 de octubre de ese año alcanzó la edad establecida (55 años). A su vez, indicó que cumplía con el derecho por los 30 años de servicio en la institución.

A finales de 2016, el Consejo Superior aprobó el derecho jubilatorio por cumplimiento de requisitos para la magistrada y dejó en suspenso la fecha de acogida según las disposiciones de la funcionaria.

Tomando en cuenta el tiempo laborado para el Poder Judicial, más sus remuneraciones como magistrados, ambos podrían conseguir un pago de prestaciones similar al de Chinchilla.

“Son montos muy parecidos lo que les correspondería, por el tiempo de servicio y por los salarios que reciben”, acotó Campos.

Sobre el monto de la pensión para Chinchilla, el miembro sindical explicó que pese a que sea fijada en ₡8 o ₡9 millones al final la cifra sería rebajada a casi la mitad por estos rubros: deducciones de ley (13.5% destinados al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial), luego el 5% dirigido al Régimen de Enfermedad y Maternidad; además de un 17% del impuesto de la renta y la contribución solidaria y redistributiva (cercana al 50% sobre el exceso del tope de ₡ 4.7 millones).