9 empleados del Conavi reciben ¢14 millones en salarios al mes mientras están suspendidos
4 investigados más dejaron la institución por pensión o renuncia previo a los allanamientos
Salarios de personal suspendido del Conavi por caso "La Cochinilla". Fuente: Dirección de Recurso Humano de Conavi.
(CRHoy.com) – Los nueve funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que fueron suspendidos de sus cargos tras ser detenidos e imputados por el escándalo del caso "La Cochinilla", continuarán percibiendo sus salarios completos cada mes mientras se realiza la investigación judicial en su contra.
A los nueve empleados, el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial les impuso medidas cautelares que incluyen no acercarse a un radio de un kilómetro del Conavi y tampoco a testigos; también el impedimento de salida del país y presentarse a firmar periódicamente.
Los nueve salarios suman un total de ¢14.07 millones al mes, a este gasto se debe sumar un 26,5% de las cargas sociales que cancela la institución a la Caja Costarricense de Seguro Social. Así lo confirmó la oficina de prensa del Conavi tras una consulta de CRHoy.com.
En total, la institución pagará casi ¢18 millones al mes en salarios y cargas sociales de los nueve empleados por el plazo que se extienda la investigación y las medidas cautelares impuestas por el Juzgado Penal.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga al menos 19 personas que ocuparon cargos en el Conavi; nueve se encuentran suspendidos del puesto, otros cinco siguen en sus labores o fueron trasladados dentro de la misma entidad, tres volvieron al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) a donde pertenecen sus plazas y otros dos ya se habían acogido a la pensión.
La suspensión de un funcionario con goce salarial es una medida que puede tomar la entidad, según lo explicó el experto en derecho laboral Ronald Gutiérrez, de BDS asesores. Si a alguno de los empleados le hubieran impuesto prisión preventiva, la institución podía suspender el contrato laboral y por ende el pago.
La suspensión con goce de salario como regla general, es una medida que adopta la institución durante la investigación que a lo interno pueda llevar a cabo, pero es independiente al desarrollo del proceso penal. Ronald Gutiérrez, experto en derecho laboral BDS asesores.
¿Quiénes son?
Carmen Madrigal Rímola, gerente de Proveeduría Institucional es la funcionara de más alto rango suspendida en el Conavi. Foto: Conavi
Los nueve funcionarios que actualmente se encuentran suspendidos son: Carmen Madrigal Rímola, gerente de Proveeduría Institucional que mantendrá su salario mensual de ¢2 219 369; funcionaria con casi 20 años en la planilla del Estado dentro del Conavi, Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
Dentro de los investigados detenidos que actualmente tienen suspensión con goce salarial, es la funcionaria de más alto rango.
Del área de finanzas hay cuatro funcionarios separados: José Rojas Monge, director financiero con salario mensual de ¢1 840 408; Sergio Lobo Bejarano, jefe de Tesorería del Consejo que percibe un ingreso mensual de ¢1 776 672 y Mauricio Ortiz Vega, del departamento de Ejecución Presupuestaria quien devenga ¢1 607 231 al mes.
También se encuentra suspendida la ex secretaria de la Gerencia de Adquisición y Finanzas, Marcela Monge Hernández, que devenga un salario mensual ¢444.051
Los otros cuatro suspendidos pertenecen a la parte técnica de proyectos: se trata de Hugo Zúñiga Fallas, de la Gerencia de Conservación Vías y Puentes con salario mensual ¢1 436 480; Harold Mora Obando, de la Dirección de Costos de Vías y Puentes que percibe un salario mensual ¢1 653 032; Laura Chaves Mora, abogada de la Unidad Ejecutora del Puente Binacional sobre el río Sixaola con un ingreso mensual de ¢1 477 855 y finalmente Abraham Sánchez Castro, un ingeniero de la zona de San Carlos que recibe un salario de ¢ 1 615 723 al mes.
Otros investigados
Otros cuatro investigados ya habían salido del Conavi previo a los allanamientos, dos de ellos se pensionaron mientras que en el caso de los otros, uno regresó a su puesto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) y el otro se dedica a la actividad privada
Los exfuncionarios jubilados son Carlos Solís Murillo, exgerente financiero del Conavi que percibe una pensión mensual de ¢2,7 millones y Jonny Barth Ramírez, exgerente de contratación quien recibe ¢2,6 millones al mes por su jubilación. Ambos exfuncionarios pertenecen a un régimen especial de pensiones que fue cerrado hace más de dos décadas, por lo que sus jubilaciones se pagan con recargo al Presupuesto Nacional.
En el caso de Edgar May Cantillano, exgerente de Conservación de Vías y Puentes, tiene una plaza en el MOPT, donde devenga un salario mensual de ¢2 275 000. También investigan al exfuncionario del departamento de Ejecución Presupuestaria Eliécer Rivera Campos, tenía un salario de ¢ 1 712 954, pero salió de la institución y actualmente trabaja para una firma de ingeniería privada.
Los otros investigados que no fueron detenidos durante los allanamientos, permanecen en sus puestos. Se trata de Mario Rodríguez, exdirector Ejecutivo; Gabriela Trejos, Gerente Jurídica y Ana Ruth Alfaro, Elsie Carmona y Edgar Meléndez de la gerencia de Conservación de Vías y Puentes.