Casas de dos exgerentes del BCR figuran entre las allanadas por investigación de compras irregulares de la SAFI
Juan Carlos Bolaños Azofeifa, exgerente de Banca Corporativa y Álvaro Camacho de la O, ex subgerente de la misma oficina
Las casas de dos exgerentes del Banco de Costa Rica (BCR) fueron allanadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) con apoyo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Estas acciones formaron parte de 16 diligencias realizadas la mañana de este jueves para secuestrar documentos y archivos vinculados con presuntas adquisiciones con sobreprecio efectuadas por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del banco (BCR-SAFI).
La investigación se centra en la compra de nueve propiedades a una sociedad anónima en la que aparece el exdiputado Humberto Vargas Corrales, quien habría recibido un pago con un supuesto sobreprecio de $92 millones sobre el valor real de los bienes.
Los agentes ingresaron a la vivienda de Juan Carlos Bolaños Azofeifa, exgerente de Banca Corporativa, y a la de Álvaro Camacho de la O, quien se desempeñó como subgerente de esa misma oficina.
Ambos exfuncionarios enfrentan cuestionamientos por, presuntamente, destruir equipos del BCR donde se almacenaba información relacionada con la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), una de las inversiones más cuestionadas por la SAFI.
A Bolaños y a Camacho se les vincula con "presuntamente estar relacionados con girar instrucción para destruir los discos duros, del computador asignado por el BCR para realizar sus funciones", según el informe FI-1074-2024, que CR Hoy publicó en exclusiva el año pasado.
Los dos jerarcas renunciaron al BCR el 19 de junio de 2023, el mismo día en que, según la declaración de una testigo ante la fiscalía, habrían solicitado la destrucción de los discos duros. Antes de ese hecho, también habrían pedido un respaldo de la información que contenían los equipos.
Por estos señalamientos, la Unidad de Investigaciones del BCR recomendó al Ministerio Público abrir una causa penal por presunto incumplimiento de deberes.
De acuerdo con el oficio remitido a la Fiscalía, la oficina responsable de investigar el caso conoció lo ocurrido cuatro días después de la desaparición de los archivos, por lo que inició la búsqueda del lugar donde podrían haberse guardado.
La junta directiva recibió el documento el 27 de febrero del 2024 y luego lo remitió al Ministerio Público para incorporarlo en la causa 23-017883-0042-PE, unificada con la 21-000209-1218-PE. En este expediente, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) indaga un presunto sobreprecio en la compra del PEP, situado en Caldera de Esparza, Puntarenas.
Caso PEP – BCR SAFI
La causa se encuentra contra ignorado, es decir, sin imputados individualizados, luego de que el Fondo Inmobiliario de Inversión No Diversificado (FIIND) supuestamente finiquitara una negociación irregular con la sociedad anónima vinculada con el exdiputado Humberto Vargas Corrales, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en el período 2018-2022.
El parque fue adquirido por más de $70 millones por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del banco (BCR-SAFI) y, el 16 de febrero del 2024, el último avalúo tasó el inmueble en $28 millones, prácticamente la tercera parte de lo pagado.
El informe de la unidad bancaria detalla que la información eliminada estaría relacionada con la adquisición del PEP en el 2020, así como con correos electrónicos que datan desde enero del 2022.
Como parte de esta investigación, la Fapta realizó 16 allanamientos este jueves. Entre los sitios intervenidos figuran el edificio CTIC del BCR, ubicado en Aranjuez, y las oficinas de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR-SAFI) en Torre Cordillera, Rohrmoser.
"El objetivo es ubicar evidencia, tanto documental como electrónica, que resulte relevante para la investigación, tal como documentos sobre inversiones realizadas por la Sociedad Administradora dentro y fuera del país, así como contratos y permisos de construcción.
En la causa se investigan los presuntos delitos de sobreprecio irregular e influencia en contra de la Hacienda Pública, relacionados con actuaciones de la Junta Directiva, el Comité de Inversión, la Junta de Adquisiciones y otros profesionales de la SAFI, respecto de al menos 9 proyectos adquiridos", informó la Fiscalía.
La Superintendencia General de Valores mantiene, además, procesos disciplinarios y regulatorios contra las partes implicadas.