Caso Cochinilla: Fiscalía alega peligro de fuga para pedir prisión preventiva a 14 imputados
También señala posible obstaculización en pesquisas y continuidad delictiva
(CRHoy.com). La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) planteó el peligro de fuga como uno de los 3 motivos para solicitar 1 año de prisión preventiva contra 14 de los imputados en el caso Cochinilla.
Entre los investigados a los que se le solicitó esta medida cautelar figuran los empresarios de MECO S.A (apellido Cerdas), H. Solís (apellidos Solís Vargas), Constructora Herrera (Herrera Chacón),e ITP (Martínez). También, el gerente general de MECO S.A. (González), el abogado de MECO S.A. (Bolaños), el gerente de la empresa Diccoc (Cervantes) y 8 funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Según la fiscalía, existen otros 2 riesgos procesales por los cuales consideran oportuna la prisión preventiva: obstaculización de la investigación y continuidad delictiva (eventual riesgo de cometer delitos).
A otros 16 imputados se les solicitaron otro tipo de medidas alternas a la prisión: suspensión en el cargo, impedimento de salida del país o firmar periódicamente ante autoridades judiciales.
De momento, los 30 imputados han permanecido detenidos en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los presuntos delitos que se investigan son cohecho propio, tráfico de influencias, estafa, falsedad ideológica y uso de documento falso, "sin perjuicio de que, conforme avancen las pesquisas, se incluya otro tipo de delitos".
El OIJ sospecha que los funcionarios también desfinanciaron proyectos para trasladar irregularmente recursos hacia otras obras. Esta acción habría provocado un vacío financiero superior a los 78 mil millones de colones.
Los empleados de Conavi habrían realizado ajustes presupuestarios indebidos para favorecer los vínculos contractuales con las compañías investigadas. Según las pesquisas, los dineros habrían sido desviados de proyectos como la Ruta 32 (Río Frío-Limón) y del proyecto Sifón-La Abudancia (vía a San Carlos), Las Delicias y Tablillas.
Los montos sustraídos se habrían trasladado a otras obras como la construcción del puente sobre el río Sixaola, en la frontera con Panamá. Además ese proyectos, también en Circunvalación, como el paso a desnivel en de la antigua rotonda de las Garantías Sociales.
Entre las empresas que estarían bajo investigación destacan MECO y H.Solís. 2 de los principales contratistas en proyectos de infraestructura vial durante la actual administración (Alvarado Quesada, 2018-2022). Sin embargo, también figuran Cacisa, Constructora Herrera e ITP de Ingeniería.
Aparentemente, entre los sobornos que habrían pagado los empresarios a los funcionarios figuran: dinero en efectivo, propiedades, carros y favores sexuales.
La policía judicial apunta a que existirían otras 42 personas involucradas en la investigación. No se descartan nuevas imputaciones o detenciones. En total, se investigan 72 nombres.
