Caso Madre Patria: cae un sospechoso más, pero Fiscalía lo indagó y dejó en libertad

José Martín Zúñiga Brenes de 61 años, uno de los 41 sospechosos del megacaso de fraudes "Madre Patria" y que estuvo con orden de captura desde el 25 de junio, fue ubicado por las autoridades judiciales e indagado por el Ministerio Público ayer miércoles.

No obstante, la Fiscalía lo dejó en libertad y no pidió medidas cautelares, tras valorar sus arraigos procesales y considerar que puede continuar apegado al proceso sin la necesidad de cumplir con prisión preventiva o alguna restricción similar.

Esta es la persona número 39 que es procesada en instancias judiciales por esta causa penal y que aparentemente, era parte de una organización criminal que se dedicaba a fraudes registrales contra extranjeros y adultos mayores, para apropiarse de terrenos y posteriormente, legitimar el dinero mediante varios negocios como el transporte público de autobuses.

Es el cuarto sospechoso localizado en la última semana. Dos sujetos de apellidos Pérez Barboza y Gómez Vindas fueron tramitados hace una semana y más recientemente, se capturó a Mauricio Martínez Parada, un abogado de 56 años que trabaja para un reconocido bufete legal implicado.

Fue abordado cuando estaba ingresando al país a través del aeropuerto Juan Santamaría en Alajuela. El sospechoso salió de Costa Rica tan solo 7 días antes de los allanamientos, según datos de Migración y Extranjería. Él ahora descuenta un año de prisión preventiva.

¿Quién es?

Vecino de Cinco Esquinas de Tibás, Zúñiga es descrito en el informe del Ministerio Público como una de las personas que eran parte esencial de la organización criminal. Es abogado y su oficina fue uno de los puntos de interés para los allanamientos.

Al parecer, junto a otro imputado de apellido Vargas Rojo, realizaron escrituras con comparecencias falsas, protocolizaron actas de asambleas en vista a libros mercantiles falsos, pusieron a disposición el tomo del protocolo para beneficio de la organización y trabajaron bajo subordinación de un abogado Loaiza Bolandi.

El expediente judicial da cuenta que el abogado y notario inhabilitado, protocolizó actas de asamblea de sociedades disueltas por ley, para establecer nombramientos de liquidador y poder disponer del patrimonio de las compañías. A cambio recibiría el 10% por ciento de las ganancias obtenidas, presuntivamente.

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