Caso Madre Patria confirmó ligamen de 19 investigaciones diferentes por millonarios fraudes registrales

La apertura del expediente 22-005018-0042-PE llamado policialmente Caso Madre Patria, permitió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público conectar 19 causas penales distintas que tienen relación con fraudes registrales bajo el mismo modo de operar y que habrían sido cometidas por una organización criminal que presuntamente era liderada por los españoles Fernando Gómez González y Unai León Muñoz.

Fue la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, la oficina encargada de revisar cada uno de los expedientes para determinar que todos tenían una conexión por los procesos de falsedad ideológica que prevalecía en las tramas que presuntamente armaron los sospechosos.

Este despacho llegó a la conclusión que la mayoría de víctimas eran personas extranjeras, adultas mayores que no se encontraban en el país al momento en que se ejecutaron los hechos delictivos, o bien conformaban parte de sociedades anónimas que estaban disueltas.

Dos de las piezas claves que en apariencia colaboraron a darle camino al plan de los españoles son una notaria de apellido Mora y un mensajero de apellido Garita y un frenteador de apellido Villalobos, quien estaba imputado en otra causa por hechos similares.

"Durante la investigación se logró determinar que el grupo criminal desarrolló dos métodos complejos para adueñarse de propiedades de alta plusvalía, donde involucran figuras del testaferrato, suplantadores, abogados notarios, inversores en bienes raíces, compradores de buena fe, presentadores de escrituras, entre otros,
de los "Modus Operandi" que se describen", detalla el informe fiscal incluido en el expediente al que este medio tuvo acceso.

Debido a que el país se ha convertido en un destino atractivo para personas extranjeras que invierten en propiedades, con fines comerciales o de manejo forestal, el supuesto grupo criminal empezó a dar seguimiento a varios casos puntuales en los que detectaron que muchos de estos foráneos se iban del país dejando sus terrenos a merced de terceras personas, quienes lograron hacerse de estas "mediante la utilización de instrumentos notariales para la inserción de información falsa en escrituras públicas".

Para ello tenían personas dedicadas a buscar esos bienes por medio de la figura de Bienes Raíces que hacían labores de inteligencias que les permitiera identificar fincas vulnerables, gracias a sus contactos con funcionarios de municipios, averiguando la situación tributaria, uso de suelo, entre otras.

Luego de ese aparecían los abogados notarios, quienes según el expediente, usando plataformas virtuales del Registro Nacional de la Propiedad, verificaban que efectivamente los dueños estuvieran lejos de Costa Rica y preferiblemente tuvieran una edad avanzada, así como un mínimo de 10 años sin movimientos registrales en sus terrenos.

"(…) insertaban información falsa en escrituras de su protocolo; celebrando el traspaso del inmueble a un primer testaferro, haciendo comparecer en la escritura pública al legítimo propietario de manera falsa; pues mantienen conocimiento que no se encuentra en el país, por lo que en las escrituras públicas insertan firmas falsas", determinaron los investigadores.

Para dar fe de que el movimiento era legal, utilizaban sujetos para presentar el testimonio de escritura ante el Registro de Bienes Inmuebles del Registro Nacional de la Propiedad, haciendo incurrir en error al registrador para inscribir un primer movimiento registral fraudulento.

Traspasado el inmueble, el líder de la agrupación buscaba inversionistas para negociar la propiedad u otorgar un préstamo con garantía hipotecaria que en la mayoría del
caso no son cancelados.

"Finalmente, se realiza una escritura de compra venta o de constitución de hipoteca en una firma de abogados prestigiosa a nivel nacional (…) donde generan confianza tanto en el comprador o en el inversor", mencionan.

Los casos

Todas las víctimas de los casos no se encontraban en el país cuando se cometieron los ilícitos que están bajo investigación. Estas son las causas penales que ayudaron a montar el Caso Madre Patria:

• Causa 21-000398-1220-PE: "Thomas Jay y Marck Robert"

Este fue el primer caso detectado por las autoridades que se tomó en cuenta como el punto de partida de la investigación. Thomas Jay y Marck Robert sufrieron la sustracción de una propiedad con un valor fiscal $27.380.250 en Avellanas, Guanacaste. Los dos son adultos mayores extranjeros que se encontraban fuera del país.

• Causa 21-000492-0553-PE: Galeano

La ofendida es una extranjera de apellido Galeano denunció la pérdida de su terreno de $33.766.700 en Hacienda Vieja, Cerro Chompipe, Orotina, Alajuela. De acuerdo al informe 05-RCI-OECDO-2024, se traspasó la finca a Andrea Jiménez Arias, esposa de León Muñoz. Con el acto de notariado de Mauricio Martínez Parada se otorgó la escritura pública y una hipoteca de $45 mil en beneficio de dos miembros de la organización de apellidos Trujillo y Gómez.

• Causa 21-000824-0283-PE: Olga y Alfonso

Dos adultos mayores identificados como Olga y Alfonso fueron víctimas de la misma modalidad de fraude, luego de ser despojados de su propiedad en Alajuela, para constituir una hipoteca a por $80.000.

En este caso figuraron los hermanos Jonathan y Abraham Chaves Arias, hijos del exconvicto Omar Chaves (Caso Parmenio Medina), como los sujetos que presuntamente manipularon a estas personas para obtener el beneficio de la hipoteca que supuestamente sería invertida en un proyecto inmobiliario, algo que nunca sucedió. El dinero
no fue reembolsado a las víctimas y no existe documentación que acredite su inversión en algún negocio.

• Causa 21-000357-1220-PE: Faik Obayda

Faik Obayda, un adulto mayor extranjero (ahora fallecido), según la documentación judicial fue víctima de manipulación por parte de los hermanos Chaves, provocando que este firmara una escritura, en la cual otro hombre de apellido Castro figura como acreedor de una hipoteca por $80.000 hecha sobre un terreno del señor.

Tenía una propiedad valorada en ¢110 millones ubicada en Ulloa, Heredia. En este caso hubo un fraude registral y una estafa.

• Causa 21-000260-1220-PE: Julio Arango

Una colombiana de apellidos Julio Arango, denunció que la despojaron de su propiedad en Cerro del Chompipe, Hacienda Vieja, Orotina, Alajuela, en un residencial de casas de lujo, la cual se encuentra a 300 metros de la otra ofendida de apellido Galeano.

En este caso Jonathan Herrera, empresario autobusero de Alajuela, obtuvo ganancias millonarias, al insertar información falsa en escrituras públicas presentadas antes el Registro Nacional con colaboración del español Gómez.

• Causa 21-000477-1220-PE: Marc y Charles

Dos adultos mayores de nacionalidad estadounidense, Charles y Marc, fueron despojados de su propiedad valorada en $14,1 millones en Avellanas, Guanacaste. En este caso obtuvieron ganancias Unai León y dos frenteadores con hipotecas, luego de que se hicieron la venta de la propiedad con información falsa en las escrituras presentadas ante el Registro Nacional.

Nuevas causas

Una vez avanzado el expediente, con el trabajo que realizaron las autoridades judiciales mediante escuchas telefónicas, registro de protocolos de traspasos, seguimientos y vigilancias, así como traslados de dinero entre los miembros del grupo se detectaron nuevas movidas que generaron otros expedientes, los cuales ahora forman parte del documento principal denominado Madre Patria, donde están acumuladas las 19.

Estas son las causas que surgieron en el proceso de avance de la investigación:

• Causa 23-000170-1220-PE: Caso Cabo Velas

El grupo usó el modus operandi  llamado "Nombramiento de Liquidador" para apropiarse de una finca en Cabo Velas de Santa Cruz, Guanacaste, que registra un valor fiscal de ¢300 mil, pero que cuenta con una extensión de 1.318 metros cuadrados. Fue adquirida mediante la figura del nombramiento de liquidador en la sociedad disuelta por ley: "Trópico Tordo S.A", cédula jurídica 3-101-277098.

• Causa 23-000179-1220-PE: Caso Espíritu Santo

En abril del 2023, Fernando Gómez González figuró como imputado en un proceso judicial en etapa de juicio por el caso 13-001641-0305-PE en condición de imputado,
donde se perseguía el delito de falsedad ideológica y estafa mayor. Se relaciona con la apropiación de dos terrenos ubicados en Guanacaste de personas a las que pusieron a comparecer, no obstante estaban fallecidas.

Gómez adquirió la propiedad bajo la figura de "comprador de buena fe", mediante la sociedad Prologic Investment Corporation S.R.L", seguidamente constituyó hipotecas y ventas ilegítimas a terceros que ignoraban del antecedente de la propiedad.

• Causa 23-000290-1220-PE: Caso Blue Coffee

El 1 de agosto del 2023, un hombre de apellido Pastrana denunció a cinco personas que supuestamente participaron en una operación registral en perjuicio de la sociedad Blue Coffe Farm Operating S.A.

Fernando Gómez González figuró como intermediario para la venta de una finca valorada en $1 millón ubicada en Escazú, que formaba parte del patrimonio de la sociedad. El español al notario público Sergio González realizar protocolización de actas de asamblea de socios para autorizar a Donald Fellner (máximo representante de Blue Coffee) disponer de la propiedad para la venta.

"La negociación pactaba, fue el traspaso de la finca al "Grupo Caribeños" a cambio de la entrega de diecisiete autobuses directamente a Fernando Gómez.
González". Según el expediente traspasaron una propiedad de $610,479,000, ubicada en Santa Ana, la cual se pagó con la entrega de 17 buses.

Otros expedientes incorporados en el principal:

• Caso Chatarra
• Caso Cañas Dulces
• Caso Fundación
• Caso Peter Simon
• Caso Liquidador Hugo
• Caso Connie
• Causas 19-002197-0305-PE, 20-000279-0283-PE, 20-002429-0175-PE: Caso Autos Prestige
• Causa 21-000431-1220-PE
• Causa 21-008448-0042-PE: Caso La Quincha
• Causa 22-000327-1220-PE: Caso Soren
• Causa 22-000358-1220-PE: Caso Metales Químicos