Caso Topo quedó enterrado: Fiscalía ordenó devolver evidencia a jueces y fiscales ligados a filtración
Jueza anuló todo el caso sobre supuestas filtraciones a abogado de narcos
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ya ordenó la devolución de los celulares, computadoras y todos los artículos decomisados a tres jueces y tres fiscales quienes figuraron como sospechosos de filtrar información al exjuez Luis Diego Ulloa Rodríguez, que fue asesinado en 2024 y quien se dedicaba a defender legalmente a grupos criminales de Cartago.
Tal como dio a conocer CR Hoy la tarde de hoy jueves, una jueza del Tribunal Penal de Goicoechea ordenó anular toda la investigación, operativos, detenciones y decomisos del caso Topo, declarando ineficaz la primera resolución y prácticamente enterrando el caso.
Una resolución emitida este jueves por la Fiscalía a la cual este medio tuvo acceso, ratifica la decisión que impide conducir más indagaciones por estos hechos y por ende la evidencia será devuelta.
"Vista la resolución (…) donde declaró la ineficacia de la resolución (…) que autorizó los allanamientos practicados dentro de esta causa y con ello, la ineficacia de todo lo derivado de la misma diligencia, se dispone: la devolución de todos los elementos de prueba que le fueron decomisados a las y los imputados a raíz de los allanamientos ejecutados", dicta el documento.
El Ministerio Público les brindó un plazo de tres días para retirar los objetos. De esta forma, se caen todas las indagaciones y el expediente penal que se tramitaba desde mediados del año anterior.
Las pesquisas del caso Topo iniciaron con la muerte del exjuez Luis Diego Ulloa Rodríguez, asesinado el 27 de febrero de 2024 en La Unión. Ulloa trabajó años atrás en el juzgado de esa localidad y, posteriormente, se habría dedicado a ejercer la defensa de estructuras criminales conocidas y de alto perfil en Cartago.
Se sospecha que, antes de su muerte, aprovechaba su amistad —incluso vínculos familiares— con varios funcionarios judiciales activos para recibir información sobre casos penales que él llevaba como abogado defensor privado.
La incautación del teléfono de Ulloa fue clave para descubrir que al menos seis funcionarios judiciales presuntamente le facilitaban datos sobre las causas de sus clientes.
Al decomisar el celular, se encontraron más de 300.000 archivos. La revisión e interpretación de esos miles de documentos, realizada por los agentes judiciales, permitió identificar a los funcionarios del Poder Judicial que, de alguna manera, participaron en favores indebidos al exjuez.
El 21 de junio de 2024, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) detuvieron al juez apellidado Sánchez Vargas; a las juezas Padilla Quesada y Cabezas Arce; al fiscal Darcia Delgado, y a las fiscales Kikut Cortés y Ulloa Rodríguez, esta última hermana del abogado y exjuez asesinado.
El argumento aceptado por la jueza fue que la orden de allanamiento inicial carecía de fundamentación legal adecuada para autorizar la captura y los despliegues contra los jueces y fiscales, lo cual, según se expone, "violentó el debido proceso" y generó "un gravamen irreparable" para los imputados.
