Caso trocha: Fiscalía acusa por más de 122 delitos a exfuncionarios de Conavi

(CRHoy.com) La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) espera que se fije fecha en los próximos meses para el inicio del juicio por el caso popularmente conocido como la "trocha fronteriza".

Tras una audiencia "maratónica" realizada entre setiembre de 2019 y enero de 2020, a finales de febrero el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José acogió la petición del Ministerio Público para elevar la causa penal a debate.

Pese a que en principio la investigación apuntó contra 26 imputados solo la mitad (13) irá a juicio.  Las otras 13 personas involucradas acordaron una salida a través de medidas alternas para evitar sentarse en el banquillo de los acusados. Los detalles de los acuerdos no fueron revelados por la FAPTA al asegurar confidencialidad entre las partes.

Lo que sí confirmó la fiscalía es que contra el exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), de apellidos Acosta Monge, solicitaron apertura a juicio por 122 delitos de peculado y uno más por influencia en contra de la Hacienda Pública.

A otro exfuncionario de esa entidad, de apellidos Serrano Alvarado, se le acusa por 122 delitos de peculado, uno de influencia contra la Hacienda Pública y 9 de cohecho propio. Mientras a otro exempleado de la institución, de apellidos Ramírez Marín, fue acusado por 122 delitos de peculado, uno de influencia contra la Hacienda Pública, 15 de cohecho propio y 3 de enriquecimiento ilícito.

Ambos exfuncionarios (Serrano y Ramírez) eran encargados de la gestión del proyecto por parte del Conavi.

"Es importante recalcar que, en algunos casos, estos delitos fueron acusado en concurso material, esto quiere decir que es cuando una persona comete más de un ilícito en diferentes momentos", citó la Fapta, a través de un correo electrónico remitido a este diario.

Los 10 imputados restantes son empresarios que fueron contratados por el Conavi y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para el desarrollo de las obras. Estos son esos imputados y los delitos por los cuales fueron acusados:

• Mesén Vargas: 12 delitos de peculado y uno de receptación, legalización y encubrimiento.
• Agüero Gamboa: 26 delitos de peculado.
• Mora Barrantes: 16 delitos de peculado.
• Alvarado Víquez: 3 delitos de receptación, legalización o encubrimiento.
• Morera Fernández: 5 delitos de receptación, legalización o encubrimiento.
• Castillo Villalobos: 3 delitos de peculado y tres de penalidad del corruptor.
• Soto Campos: 2 delitos de peculado y uno de penalidad del corruptor.
• Herra Alfaro: 7 delitos de peculado y dos de penalidad del corruptor.
• Baralis Crosetti: 5 delitos de peculado y dos de penalidad del corruptor.
• Méndez Méndez: nueve delitos de peculado.

El caso

La audiencia preliminar por el caso inició en setiembre del año pasado, luego de más de 7 años desde que se abrió el expediente 12-00053-621-PE para esclarecer presuntas irregularidades en la construcción –por ₡20 mil millones– de la Ruta Nacional 1856 en la frontera norte con Nicaragua.

El proyecto vial surgió al amparo de un decreto de emergencia nacional en respuesta al conflicto limítrofe que estalló en 2010 con el país vecino. No obstante, se convirtió en un torbellino político y judicial para la administración Chinchilla Miranda (2010-2014).

La acusación fue presentada el 17 de enero de 2017 por la Fiscalía General liderada entonces por Jorge Chavarría, quien dejó su cargo a finales de ese mismo año en medio del escándalo del "cementazo". Precisamente, en los últimos años de su labor, el funcionario fue cuestionado por la lentitud en la tramitación de los grandes casos de presunta corrupción. La trocha fue uno de ellos.

La FAPTA  investigó posibles delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia contra la hacienda pública y legitimación de capitales. En la lista de imputados hubo funcionarios públicos, inspectores aparentemente falsos, así como empresarios y familiares.

Previo al comienzo del proceso, la Procuraduría General de la República (PGR) adelantó que se presentaría como actora civil en condición de damnificado directo y representante de la colectividad. En ese sentido, se planteó una acción civil resarcitoria (solicitud de indemnización) contra 51 demandados civiles que involucran a los imputados y a algunas empresas que se beneficiaron con los contratos.

"Según la pieza acusatoria las facturas con irregularidades que fueron presentadas a cobro ante el Conavi, suman un total de ₡1.234.435.437.11. Sin embargo, en razón que de esa suma solo fueron cancelados por el consejo la suma de ₡639.378.285.50, es este monto el que se pretende sea resarcido por concepto de  daño material.

"También, esta representación reclama  la indemnización por el daño que sufrió la sociedad costarricense a raíz de estos actos de corrupción y que según peritaje de actuario matemático se estimó en poco más de ₡965 millones", detalló la PGR, en setiembre del año pasado.

¿Para cuándo podría haber juicio? Según informó la FAPTA, el juzgado penal se encuentra haciendo gestiones del expediente. Posteriormente, lo remitirá al Tribunal Penal, órgano que deberá señalar una fecha para el debate, según su agenda.