Diligencias de apertura se realizarían entre el 6 al 17 de julio

Caso UPAD: Ministerio Público solicitó a la Sala III apertura de la evidencia digital

Erick Carvajal [email protected] Mayo 21, 2020  12:03 am

05212020

  • Fiscalía General decomisó computadoras y teléfonos celulares del Presidente, Exministro de la Presidencia y asesores de la UPAD
  • Abogados del mandatario cuestionaron decomiso de dispositivos electrónicos de Alvarado

(CRHoy.com).- El Ministerio Público solicitó a la Sala Tercera la apertura de la evidencia digital en el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), donde se investiga al Presidente Carlos Alvarado por los presuntos delitos de prevaricato y violación de datos.

La solicitud fue presentada ante la Sala de Casación Penal por la Fiscala General, Emilia Navas y las fechas solicitadas para dicha diligencia serían entre el 6 al 17 de julio, ya que así tiene reservados los días la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial.

En la causa también figura el exministro de la Presidencia, Víctor Morales; el exviceministro de Mideplan Luis Daniel Soto y los asesores Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos, Felly Salas, Luis Salazar, y Diego Fernández, quienes hacían las labores de la UPAD. A estas personas también se les investiga por los mismos delitos que al presidente Alvarado.

El 21 de febrero pasado, CRHoy.com denunció la publicación del decreto Nº41.996-MP-Mideplan, que establecía la creación de la UPAD, y que le daba a dicha organización la potestad para el manejo de datos personales e incluso confidenciales de cada costarricense. A partir de ese momento, la creación de dicha oficina se convirtió en la pieza del dominó que doblegó a Casa Presidencial.

El 28 de febrero pasado, la Fiscalía General de la República hizo un allanamiento -sin precedentes- en las oficinas de Casa Presidencial. En estas diligencias decomisó las computadoras y teléfonos celulares del Presidente Alvarado, del exministro Morales y de los tres asesores que conformaban la UPAD.

Además, el día del allanamiento, Navas Aparicio tuvo que ordenarle a Alvarado y a Morales que se presentaran a Casa Presidencial.

Las diligencias judiciales arrancaron a las 8 a.m. y ni Alvarado ni Morales se encontraban en sus respectivas oficinas. Esto hizo que la Fiscala tuviera que requerir su presencia. Ambos se presentaron al sitio poco después.

Durante los allanamientos, el Ministerio Público le decomisó al mandatario su teléfono oficial y un segundo celular personal. Por su parte, al Ministro de la Presidencia solo se le quitó un teléfono móvil que usaba tanto para fines oficiales y personales.

A ambos funcionarios también se les decomisaron las computadoras. Estos dispositivos serán analizados una vez que se cuente con la autorización de un juez de la República.

Además, como parte del allanamiento efectuado, se inspeccionó el vehículo del presidente Carlos Alvarado para buscar más dispositivos electrónicos.

Días después se realizó otro allanamiento Centro de Datos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ubicado en Guatuso del Guarco de Cartago, para recabar información relacionada con el caso.

El Centro de Datos de Internet tendría respaldo de la información de la UPAD y por esa razón es de interés para la investigación que realiza la Fiscalía General.

Rodolfo Brenes Vargas y Róger Guevara Vega, abogados del Presidente Carlos Alvarado interpusieron dos gestiones por lo que llamaron actividades procesales defectuosas, e indicaban que el Ministerio Público había extraído información que “no está relacionada con la investigación de la UPAD “y que, según ellos, es relevante para la seguridad nacional, las relaciones internacionales y la salud pública.

En un comunicado indicaron que “la decisión que autorizó el secuestro de los dos teléfonos celulares y la computadora del mandatario no se fundamentó adecuadamente, ni era estrictamente necesaria y proporcional”.

El Ministerio Público ya contestó ante la Sala Tercera las dos gestiones presentadas por estos abogados.

El 24 de febrero pasado, en una cadena de televisión, sin responder a los cuestionamientos de la prensa ni los ciudadanos, el presidente Carlos Alvarado, reconoció “errores” en la creación de la cuestionada unidad.

“Quiero señalar con toda claridad que se cometieron errores con este tema, por lo tanto ordené de inmediato derogar el decreto… la formulación de algunos conceptos estaba errada, especialmente en su artículo 7″, dijo el mandatario. Sin embargo el pasado 4 de mayo, en su discurso ante la Asamblea, defendió la creación de la UPAD.