Caso UPAD sigue salpicando a personal de confianza del presidente Alvarado
Otras tres funcionarias cercanas al despacho presidencial tienen acceso a información de los costarricenses
Comisión UPAD
(CRHoy.com) Conforme los diputados avanzan en su investigación en el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) se sigue revelando el papel de los más cercanos colaboradores del presidente, Carlos Alvarado, quienes buscaron mecanismos para obtener datos sensibles y personales de los costarricenses sin que existiera un marco legal válido que lo permitiera.
Los cuestionamientos se enfilan ahora hacia uno de sus asesores, Santiago Álvarez Ovares, quien tuvo acceso a la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) sin una autorización legal para ello y además sin la existencia de por medio de un convenio de confidencialidad.
Además, también trascendió que tres funcionarias del Departamento de Gestión Documental de la Casa Presidencial siguen teniendo acceso a información del Sinirube. Se trata de Lizeth Leitón Quirós, Alexa Benavides Ayala y Sandra Loría Chávez.
El Departamento de Gestión Documental de la Casa Presidencial es una oficina muy cercana al despacho del presidente Alvarado. Entre otras cosas, realiza trámites a correos electrónicos, cartas y gestiones que llegan a la Presidencia.
Estos nuevos vínculos de colaboradores del presidente con la UPAD trascendieron en la audiencia de este miércoles del director de Sinirube, Erikson Álvarez, ante la comisión investigadora de la UPAD en el Congreso.
En esa audiencia además trascendió que Sinirube no dio seguimiento ni se cercioró del uso que la Presidencia le dio a los datos de la UPAD, tampoco de su resguardo.
Otro caso a la Fiscalía
La diputada Silvia Hernández, presidenta de la comisión que investiga el caso de la UPAD denunciará ante la Fiscalía a Santiago Álvarez y Erikson Álvarez, asesor del presidente Carlos Alvarado y director del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), respectivamente.
Así lo anunció la congresista luego de que el director de Sinirube admitiera que le trasladó información al asesor presidencial sin autorización legal.
"Erikson Álvarez le trasladó datos sensibles personales de los costarricenses al asesor presidencial Santiago Álvarez Ovares sin autorización legal. Eso para mí es una posible violación del artículo 196 bis del Código Penal. Por esa razón hoy mismo estaré haciendo la denuncia respectiva ante la fiscala general, Emilia Navas contra Santiago Álvarez Ovares y Erikson Álvarez por trasladado de información y violación de datos sensibles personales sin autorización para ello", dijo la legisladora.
La diputada instó al resto de diputados firmar la denuncia que presentará ante la fiscala , Emilia Navas.
Presidencia vuelve a escudarse en el silencio
Desde tempranas horas de este miércoles CRHoy tramitó con la Presidencia la designación de un vocero para que se refiriera a estos hechos, sin embargo, como suele suceder, el silencio imperó.
La Presidencia no se quiso referir al acceso sin autorización legal del asesor Álvarez a los datos de Sinirube, ni cuál es la razón por la cual otras tres funcionarias siguen teniendo acceso a la información de ese sistema.
No son los primeros
La existencia de la UPAD fue dada a conocer por CRHoy.com el viernes 21 de febrero de este año. Mediante un decreto, la unidad tenía acceso a datos confidenciales de los costarricenses. Tras dar a conocer la información, el decreto fue derogado y posteriormente se dio la investigación de la Defensoría e incluso una serie allanamientos del Ministerio Público.
Sin embargo, más allá del costo político, el caso le significó al presidente Alvarado piezas claves en su administración y en su despacho.
A raíz del caso, renunció el entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora y los viceministros de Hacienda y Planificación; Juan Alfaro y Luis Daniel Soto, respectivamente.
También tuvieron que dejar el puesto en medio de esta crisis política de su gobierno su exjefa de despacho, Felly Salas.
La UPAD también cobró los puestos de los asesores presidenciales Diego Fernández y Luis Salazar, así como los analistas de datos Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos.
Tras ese remezón de funcionarios, los únicos que la Presidencia mantiene en planilla son los cinco operadores de un "call center" que operaba para la UPAD así como a Álvarez Ovares.
Se trata de David Montero Quirós, Cristian Navarro González, Lucrecia Ceciliano Méndez, Jorge Madrigal Gómez y Prisilla Quirós Salazar quienes ahora realizan labores administrativas que les dieron en la Casa Presidencial.