Causa contra Chaves por caso BCIE ya está en manos de los magistrados de la Sala III
El expediente contra el presidente Rodrigo Chaves, por el delito de concusión, ya está en manos de los magistrados de la Sala de Casación Penal, encargados de continuar con la investigación y hacer la solicitud del levantamiento de la inmunidad.
La Secretaría de la Corte recibió el lunes, de parte del fiscal general, Carlo Díaz, la acusación relacionada con el caso BCIE, y este martes el Poder Judicial confirmó que el expediente ingresó oficialmente a la conocida Sala III en horas de la tarde de este martes.
El caso investiga el presunto pago indebido que recibió el amigo de Chaves, Federico Cruz "Choreco", de parte del empresario Christian Bulgarelli, con fondos de una donación otorgada al país por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Según la acusación presentada por la Fiscalía, Chaves, en conjunto con el ministro de Cultura (en ese momento jefe de despacho del Presidente) Jorge Rodríguez, idearon un plan para obligar a Bulgarelli a girarle $32 mil a Choreco, a cambio de recibir una contratación pagada con una donación del BCIE, para un proyecto de comunicación de Casa Presidencial.
El pago a Choreco no respondía a trabajos realizados sino, según la Fiscalía, al apoyo que dio en la campaña electoral, los consejos al presidente y la amistad que los unían.
La Fiscalía culminó la primera etapa del trabajo tras hacer la investigación, recabar las pruebas y completar la acusación para pasar a la siguiente instancia.
“La pieza acusatoria fue entregada a la Secretaría General de la Corte Plena, para su debido trámite, de acuerdo con el procedimiento especial de juzgamiento a miembros de Supremos Poderes. También fue comunicada a la Procuraduría General de la República, como representante del Estado, a efectos de que manifieste si desea constituirse en querellante o actor civil”, indicaron desde el ente acusador.
En la acusación se solicita levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves Robles y del ministro Rodríguez Vives, a quienes se les señala como presuntos responsables del delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal.
Este delito contempla penas de dos a ocho años de prisión y sanciona “al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”.
En este caso, el productor Christian Bulgarelli Rojas figura como testigo de la corona, tras haber firmado un compromiso para relatar cómo se gestó el contrato que derivó en el pago de dádivas. Esto motivó que el Ministerio Público le concediera el beneficio del criterio de oportunidad, conforme lo establece el artículo 22, inciso b), del Código Procesal Penal.
Sin embargo, tanto Chaves como Rodríguez son miembros de los Supremos Poderes de la República. Por lo tanto, la Constitución Política les otorga inmunidad o fuero de improcedibilidad penal, lo que los excluye del procedimiento judicial común o del proceso ordinario que se aplica a cualquier otro ciudadano sin dicho privilegio.
Esto obliga a designar a un magistrado instructor (de la Sala Tercera), quien deberá analizar lo expuesto por la Fiscalía General y determinar si existen elementos suficientes para presumir la comisión de un delito. Posteriormente, se elabora un informe que, de ser aprobado, obliga a los magistrados a solicitar el levantamiento de la inmunidad ante la Asamblea Legislativa.
En el Congreso se debe conformar una comisión que analice el caso y estructure un informe. Una vez cumplida esta etapa, el informe se somete a votación en el Plenario Legislativo. Para que la decisión quede en firme, se requiere el voto favorable de dos tercios de los diputados.
Autorizado el levantamiento del fuero especial, el magistrado instructor tiene la obligación de citar a Chaves para indagarlo e iniciar el proceso hacia un eventual juicio, el cual sería asumido por la Sala Tercera.
El caso BCIE
Según la Fiscalía, la Presidencia de la República en apariencia hizo un contrato a la medida para que lo ganara la empresa RMC La Productora S. A. (de Christian Bulgarelli) para la prestación de servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencias de opinión del gobierno actual.
Previo a la contratación, Bulgarelli se reunió en varias ocasiones con los funcionarios de gobierno para definir y elaborar los términos del contrato.
Además se negoció con el productor pagar a Federico Cruz Saravanja, asesor de Chaves, un "cariñito" usando el dinero del BCIE tomando a Bulgarelli como intermediario.
“De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, se obligó e indujo al señor Christian Bulgarelli para que otorgara un beneficio patrimonial indebido, producto de la contratación con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al coimputado Cruz Saravanja —asesor de campaña electoral, asesor personal y amigo íntimo del presidente—, quien habría sido beneficiado con $32.000, monto derivado del Contrato marco de prestación de servicios de consultoría, para la compra de una casa. A Cruz se le sigue la causa penal 25-000044-0033-PE”, detalló la Fiscalía.
