CCSS retrasa decisión sobre nulidad de contratos cuestionados en caso Barrenador

El cambio de criterio de la gerencia médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha retrasado la declaratoria de nulidad de los cuestionados contratos con las cooperativas del caso Barrenador. Esto podría provocar que se corra el riesgo de que dichos contratos entren en vigencia, pese a la existencia de un proceso penal abierto.

En noviembre del año pasado, dicha gerencia respaldó la posición de la Dirección Jurídica de la entidad, que establecía que lo correcto era anular los contratos y presentó un extenso informe a la Junta Directiva con el procedimiento para ejecutarlo. Sin embargo, el pasado 10 de febrero, dicha Gerencia y las autoridades de la CCSS sostuvieron una reunión con las cooperativas y la asociación de salud vinculadas en los contratos y, a partir de ahí, la posición tuvo un viraje.

El pasado 13 de marzo, se esperaba que dicha gerencia presentara a la Junta Directiva una propuesta para anular los contratos, pero solicitó más tiempo, alegando que requería información adicional de la Dirección Jurídica.

Dado que han transcurrido los meses sin que se tomen decisiones y el plazo se acerca a su vencimiento, nueve días después de la reunión la Comisión Plan de Contingencia para la Continuidad de los Servicios hizo un llamado a la Gerencia Médica sobre los riesgos e implicaciones del atraso en la toma de decisiones. "Nos encontramos a escasos tres meses de que caduque tal posibilidad (anular los contratos)", resaltaron.

Dos semanas después de la reunión, mediante el oficio GM-2925-2025, calificado como urgente, dicha gerencia pidió a la Dirección Jurídica ampliar el criterio en el que se recomendaba anular los contratos y planteó siete dudas con respecto al criterio original, entre las que destaca la siguiente:

Nos encontramos a escasos meses de cumplir un año desde la fecha en la que se realizó la adjudicación, lo cual, acorde con lo que establece la Ley General de Contratación Pública y su reglamento, es el plazo para concretar la nulidad. En caso de no lograrse concretar tal nulidad en dicha fecha, ¿corresponde entrar en ejecución contractual, tomando en consideración que los oferentes adjudicados ya hicieron el depósito de garantía, pero sin que se cuente con la firma de los contratos ni con el respectivo refrendo interno?

La duda que plantea la Gerencia Médica es si, en caso de no declararse la nulidad a tiempo, los contratos con presuntos sobreprecios de hasta ¢12.400 millones podrían entrar en vigencia, permitiendo que las cooperativas brinden el servicio bajo las mismas condiciones que derivaron en la investigación y las detenciones de las personas involucradas, entre ellos la expresidenta de la CCSS Marta Esquivel, hoy ministra de Planificación.

El pasado 13 de marzo, amparándose en que tenía dudas, la gerencia médica postergó la decisión. Martha Rodríguez, directiva de la CCSS, cuestionó que la Gerencia Médica haya solicitado en múltiples ocasiones ampliaciones al criterio de la Dirección Jurídica.

Rodríguez afirmó que se está "tratando de salvar una licitación con sobreprecios", pese a que no cuenta con la razonabilidad de costos.

"No puedo pensar que le estemos diciendo a la Dirección Jurídica que cambie su opinión. Yo eso no lo puedo aceptar por mantener la privatización de servicios a cualquier costo. Ya me extrañaba tantas consultas sobre este tema. Lo veo con claridad: lo que quieren es, de alguna manera, continuar. La Contraloría fue clarísima, la Fiscalía también, y no tengo la menor duda de que lo que se está tratando de hacer—no sé si desde la Gerencia Médica—parece un intento de no aceptar que hay una nulidad absoluta, que había sobreprecios establecidos por los criterios técnicos", manifestó Rodríguez.

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, intentó silenciar a Rodríguez al señalar que sus declaraciones eran "una simple opinión".

Caso Barrenador

La adjudicación del caso Barrenador abarca la administración de 138 Ebáis en 10 áreas de salud: Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII y San Sebastián-Paso Ancho.

Las cooperativas a las que se adjudicaron contratos con presuntos sobreprecios son Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco.

La Fiscalía sostiene que los imputados en el caso anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y, en su lugar, instruyeron uno nuevo sobre el cual habrían ejercido control. Además, se les señala por haber influido sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones en beneficio de las cooperativas.

Las autoridades judiciales también apuntan que miembros de la Junta Directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo que pudo haber generado una ventaja indebida para estos.

Asimismo, se investiga el plazo de contratación del servicio adjudicado, ya que la Ley de Contratación Pública establece un período ordinario que no puede superar los cuatro años; sin embargo, en este caso se otorgó por 10 años.

Entre los detenidos en los allanamientos del pasado 23 de septiembre figuran la expresidenta ejecutiva Marta Esquivel Rodríguez; María de los Ángeles Gutiérrez, gerente general interina; Johnny Gómez y Zeirith Rojas, representantes de los patronos en la Junta Directiva; Jorge Porras y María Isabel Camareno, representantes de los sindicatos; así como Roberto Quirós y Jorge Araya. Todos formaron parte de las juntas directivas que intervinieron en la adjudicación.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) para ser indagados y, tras quedar en libertad, se les impusieron medidas cautelares.