CCSS: Suspender obligatoriedad de vacuna COVID-19 en menores lesiona interés público

(CRHoy.com) La suspensión de la obligatoriedad de la vacunación en menores de 12 a 17 años, lesionará el interés público de proteger y velar por los derechos de esta población, advirtió la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La institución hizo ver su criterio en los argumentos de la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, órgano que finalmente acogió la medida cautelar que suspendió la imposición.

"… otorgar la medida peticionada por los recurrentes sería lesivo para el interés público dado la relevancia en salud pública y el grado de compromiso que el Estado costarricense ha tutelado la vacunación obligatoria en dicha población pediátrica (12 a 17 años)

La obligación de las instituciones públicas de garantizar, respetar y proteger derechos humanos como lo es la dignidad humana, se circunscribe al fin público por el cual existen, en este caso, la Caja Costarricense de Seguro Social garantiza, protege y respeta una globalidad de derechos de los menores de edad a partir de la vacunación contra el COVID-19", señalaron en la defensa.

De acuerdo con la institución, la medida se basó en la protección del derecho a la vida, a la salud, al acceso a los medicamentos, y por consiguiente a la dignidad de estas personas, derecho que, según dijeron, es consustancial a la existencia humana misma.

En la audiencia, también se presentó el criterio de defensa de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) y el Estado.

"La vacuna contra el COVID-19, la cual se está aplicando en nuestro país, es segura y eficaz para la inmunización activa, para prevenir el contagio por dicho virus y que la misma ha recibido la aprobación de las principales autoridades reguladoras a nivel mundial", dijo el órgano colegiado descentralizado de Salud.

"Por lo que queda claro que la misma no constituye un tratamiento experimental como de manera infundada y temeraria hacen entender las partes actoras", agregaron.

Sobre el debate por el registro sanitario del biológico que se coloca en el país, la representación del Estado afirmó lo siguiente:

"La presentación pediátrica de la vacuna contra el COVID-19 cuenta con autorización de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud (DRPIS) es decir, la autoridad reguladora costarricense, e incluso, posee registro sanitario", afirmaron.

Así las cosas concluyeron que no existe una amenaza efectiva, grave, ni mucho menos inminente que debe ser impedido. Además, fustigaron que la parte accionante no aportó un solo elemento probatorio sobre el aparente daño ocasionado por las dosis en los menores. 

"La vacunación se establece como un derecho fundamental de los menores de edad, y la vacuna pediátrica contra el Covid-19 no es la excepción, razón por la cual los padres de familia, se encuentran en la obligación de procurar esta, con el fin de salvaguardar la salud, integridad física y vida de los menores", apuntaron.

Suspensión temporal

Aun así, pese a los justificantes presentados por las autoridades sobre el deber del Estado de velar por la salud de la población en medio de la emergencia por la pandemia, el Tribunal, representado por la jueza Yendri González, acogió la medida cautelar y con esto, suspendió temporalmente el decreto que impuso la vacunación en la población entre 12 y 17 años, a la espera de una sentencia en firme. 

La medida fue interpuesta por el abogado Arcelio Hernández, basado en que las dosis que se aplican en el país solo tienen autorización de uso de emergencia y no cuentan con el debido registro sanitario en Costa Rica, por lo que -según dijo- se pone en riesgo la salud y la vida de los menores de edad. 

Este medio solicitó la posición del Ministerio de Salud tras la medida del Tribunal; no obstante, la respuesta todavía no ha sido emitida por las autoridades.