Celso Gamboa se negó a aceptar cargos en Costa Rica para acelerar extradición hacia EE. UU.

 

El exministro y exmagistrado Celso Manuel Gamboa Sánchez rechazó la posibilidad de aceptar los cargos que afronta en Costa Rica por dos causas penales, con tal de acelerar su extradición hacia los Estados Unidos, país que lo requiere para juzgarlo por narcotráfico internacional.

Hace algunas semanas, existió un acercamiento entre el extraditable y sus abogados defensores con el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, con el fin de buscar algún mecanismo para acelerar su entrega a la nación norteamericana. Esto ocurrió tras conversaciones del jerarca judicial con representantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Cualquier acuerdo requería la voluntad de Gamboa, quien en principio no estuvo cerrado a las negociaciones. No obstante, pese a buscar alternativas para agilizar los procesos judiciales que frenan la extradición, el Ministerio Público no está dispuesto a "perdonar" al exministro.

Es decir, la Fiscalía fue clara en que no renunciaría a la persecución penal contra Gamboa y que la única alternativa es que él se someta a procedimientos especiales abreviados. Esto le implicaría aceptar los hechos que se le imputan a cambio de que el fiscal solicite una pena reducida.

A cambio, negociaría con EE. UU. cuáles beneficios podría recibir en ese país por su colaboración en Costa Rica, pero la negociación de tres frentes se entrabó y no llegó a nada.

Natalia Gamboa, hermana y principal abogada del exmagistrado, confirmó a CR Hoy que aceptar cargos y culpabilidad para acortar los juicios pendientes es algo que está fuera de la mesa. Además, aseguró que "faltó seriedad" al intentar imponerles este tipo de procedimientos.

«Ese día cuando salimos del juicio las palabras de don Carlo fueron: "no vamos a negociar porque dicen los funcionarios que se va en este bus o se va en otro."

Después nos pasaron a una sala con seis oficiales de cada lado, don Carlo Díaz y otros dos oficiales diciendo que teníamos que renunciar al derecho de apelar (la extradición) porque si lo hacíamos se iba a ver como una mala fe y cuando preguntamos a don Carlo qué pretendía hacer él, decía que abreviara todos los procesos, que de por sí no era nada, eso no es tanto. 

Pero ese mismo día que estaban diciendo que iba a acelerar (la Fiscalía) estaba pidiendo un año de prisión por un delito que al final Celso fue absuelto. 

Ha sido muy incongruente la posición de la Fiscalía en aras de supuestamente colaborar con que la extradición se hiciera expedita», manifestó la jurista.

La vía rápida

El abreviado se trata de una alternativa al juicio oral mediante la cual el acusado renuncia al derecho a escuchar y discutir la prueba, admite su legitimidad y negocia una pena beneficiosa. No obstante, Gamboa quiere "defender su inocencia" en las dos causas penales que le quedan por afrontar.

Todo esto podría retrasar meses o incluso años la entrega, dado que la extradición aprobada por el Tribunal Penal de San José fue diferida. Es decir, primero debe afrontar las dos causas y, hasta que exista una sentencia en firme y los procesos concluyan en su totalidad, podrá ser enviado a EE. UU.

Al someterse a los procesos penales pendientes en condiciones normales, esto implicaría eventuales apelaciones o incluso recursos de casación en caso de ser condenado, los cuales pueden tardar mucho en resolverse. Pese a este panorama, la Fiscalía costarricense no valora renunciar a esas causas.

"Nosotros no vamos a prescindir de ninguna persecución penal de momento. En la audiencia preliminar como en cualquier otra audiencia y también viendo el tipo de delito, se pueden presentar salidas alternas.

Incluso, se pueden generar procedimientos abreviados: que él acepta los hechos, se le impone una pena que puede ser disminuida de la mínima y quedaría ya esa sentencia en firme. Situación similar podría valorarse en la que va para juicio. 

Es eso lo que se está buscando de alguna manera para agilizar, pero reitero que depende de la voluntad del extraditable, si don Celso no tiene esa voluntad, el procedimiento va a seguir hasta que se dé la extradición como se aprobó, diferida. Este es un proceso inicial de negociación", indicó Díaz en octubre.

Para conseguir este acuerdo, el extraditable tendría que aceptar recibir algún tipo de beneficio en Estados Unidos, no en Costa Rica. De momento, el Ministerio Público no desechará ninguna causa contra Gamboa.

El fiscal general ha sostenido conversaciones directas con la DEA para abrir negociaciones, y en ese contexto, el exmagistrado podría lograr alguna reducción de pena o beneficio carcelario que agilice su entrega.

"El beneficio lo tendría que negociar él directamente con la DEA, por eso es una cuestión que depende mucho de la voluntad de él y qué pueda obtener él con las autoridades jurisdiccionales de Estados Unidos. Esto es parte de estos procesos.

Ustedes ven que mucho proceso norteamericano se basa en este tipo de negociaciones y eso es de alguna manera lo que se pretende agilizar. Eso es lo que queremos transmitirle de parte tanto de la Fiscalía General como de la DEA. 

Eso implicaría tener otro acercamiento donde también esté la DEA y que ellos puedan exponerle algún tipo de situación a don Celso que le signifique algún beneficio", había explicado el jefe del Ministerio Público.

Díaz se reunió con Gamboa para buscar un acuerdo respecto a las causas penales que enfrenta en Costa Rica, con el objetivo de que acceda a agilizar su traslado a la Corte del Distrito Este de Texas donde se le acusa de distribución de cargamentos de cocaína y asociación ilícita.

Deudas pendientes

Dos de los casos en Costa Rica ya concluyeron con una absolutoria; otro está programado para 2026 y el segundo aún no ha tenido audiencia preliminar, la cual está programa para el 15 de diciembre a fin de definir si también se eleva a juicio.

Si los procesos concluyen rápidamente —independientemente de si es condenado o no— podría ser entregado a EE. UU. para ser juzgado allá o hasta cumplir condena, y luego regresar al país si fuera necesario.

Al Gamboa no acceder, su estancia en Costa Rica podría prolongarse, dado que el proceso penal solo finaliza con una absolución o sentencia en firme; habría que esperar el resultado de cada juicio y considerar posibles apelaciones, un trámite que podría tardar años.

Uno de los casos está relacionado con hechos ocurridos en 2018, cuando Gamboa intentó frenar su destitución como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Según la acusación, los exdiputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Marco Vinicio Redondo y Marcela Guerrero recibieron llamadas y mensajes de Gamboa para que no asistieran al plenario y así impedir el quórum necesario.

Minutos antes de su destitución, el exmagistrado ofreció "renunciar por las buenas", alegando que se marcharía a México a trabajar en Google como gerente de seguridad, versión que la empresa desmintió públicamente.

La audiencia preliminar, prevista para setiembre, se reprogramó para diciembre. El otro juicio, por cohecho propio, está programado para el 30 de enero de 2026 (expediente 17-000015-033-PE).

Ese expediente surgió de una denuncia sobre su actuación en 2017, cuando presidió la sesión de la Sala III que desestimó la causa contra los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, acusados de tráfico de influencias a favor de Juan Carlos Bolaños, principal encausado en el caso Cementazo.

Durante los últimos años, la agencia que investiga este caso determinó que Gamboa habría colaborado con otros cabecillas criminales y cárteles internacionales para trasladar cargamentos de cocaína desde Sudamérica, pasando por Centroamérica, con destino final a Estados Unidos.