(CRHoy.com) -Una amplia mayoría conformada por 38 diputados votó a favor esta noche de que la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) vuelva a investigar al expresidente Luis Guillermo Solís por faltar al deber de probidad en el caso del cementazo.

Así lo decidieron a las 7:10 p.m. al aprobar un informe afirmativo de mayoría de la comisión especial del Congreso que hizo esa recomendación, tras considerar que en una primera investigación la PEP fue omisa por eximir al exmandatario de faltas éticas sin haber ampliado en las indagaciones e incluso sin entrevistarlo.

La petición a la Procuraduría para que reabra el expediente contra Solís fue apoyada por las bancadas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), bloque independiente Nueva República, Integración Nacional (PIN), Republicado Social Cristiano (PRSC), Frente Amplio (FA) y el independiente Erick Rodríguez.

Solo la fracción del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) se opuso a que la Procuraduría vuelva a abrir un proceso contra el exmandatario y votó a favor de un informe negativo de minoría suscrito por la legisladora Laura Guido en la comisión investigadora, según el cual no existen bases para sostener que Solís incurrió en faltas al deber de probidad, a pesar de suficientes evidencias y sólidos argumentos que demuestran lo contrario.

Pero en la votación no estuvieron los legisladores del PAC Welmer Ramos, Paola Vega, Enrique Sánchez, y Víctor Morales, quien ejerce como Ministro de la Presidencia.

En una intervención en el Plenario, Guido desacreditó el informe afirmativo de mayoría y dijo que no se puede llegar a conclusiones sobre personas a partir de simples sospechas.

Criticó, además, que la mayoría de legisladores hayan cuestionado la resolución de la PEP sin profundizar en un debate de fondo.

Con su decisión, el PAC también desconoció el informe de mayoría de la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigó el caso del cemento chino en 2017 y que fue suscrito por el exdiputado y fundador de esa agrupación política, Ottón Solís.

Según ese primer informe, Luis Guillermo Solís sí faltó al deber de probidad en el caso del cementazo, uno de los mayores escándalos de corrupción en el país.

Injerencia de Presidencia

Diputados como Roberto Thompson, del PLN, insistieron en que hubo una clara injerencia de la Casa Presidencial, en el gobierno de Solís, en gestiones para favorecer el negocio del importador del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

Incluso, su compañero de bancada y presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, denunció que desde un principio la administración de Luis Guillermo Solís hizo una movida para asegurarse 5 directivos en el Banco de Costa Rica (BCR) y tener control en esa entidad, que otorgó de manera irregular un crédito de $31 millones a Bolaños para la importación del cemento chino.

La jefa de fracción del PUSC, María Inés Solís, sostuvo que la injerencia de la Presidencia -con conocimiento del exgobernante- en las gestiones para favorecer a Bolaños fue clara.

También cuestionó a la bancada del PAC por quebrar su "ética" y oponerse a que se vuelva a investigar al expresidente simplemente por lealtad a él.

En la misma línea, el independiente Erick Rodríguez afirmó que el PAC ha sido uno de los partidos más corruptos del país y les manifestó a los congresistas del oficialismo que deberían sentir vergüenza.

"El Big Chief fue Luis Guillermo Solís y solo le faltaban las plumas en la cabeza (…) No podemos tener un partido tan desvergonzado que trata de defender lo indefendible", expresó Rodríguez en el Plenario.

El congresista Wálter Muñoz, jefe de bancada del PIN, cuestionó cuál es el problema de que se investigue de nuevo al expresidente.

"Este caso debe reabrirse, el expresidente Solís debe venir de Estados Unidos y dar la cara", añadió.

Por su parte, Jonathan Prendas, de Nueva República, se sumó a las críticas contra el PAC, agrupación de la que dijo "le da la espalda a la ética".

El legislador José María Villalta aseguró que desde la fracción del Frente Amplio concuerdan en que se debe reabrir la investigación y calificó como débil a la Procuraduría por haber eximido a Luis Guillermo Solís sin ampliar sus investigaciones.

"Funcionarios del más alto nivel trabajaban para Juan Carlos Bolaños (…) Lo recibieron en Casa Presidencial y movieron cielo y tierra para favorecerlo", declaró.

El diputado Otto Roberto Vargas, del PRSC -quien presidió la comisión que investigó la resolución de la Procuraduría- sostuvo que, de acuerdo con los documentos de la comisión del cementazo, se determina de manera contundente las presiones de la Casa Presidencial sobre el BCR y otras entidades del Estado para favorecer a Bolaños.

Lo que dice el informe

Según el informe afirmativo de mayoría aprobado esta noche, la Procuraduría de la Ética Pública -en su primera investigación- eximió al expresidente Solís sin hacer ninguna indagatoria adicional.

Esto, a pesar de los documentos que el Congreso le remitió sobre la investigación del cemento chino que hizo la comisión especial legislativa en 2017, y en los que se determinó que Solís sí faltó al deber de probidad en el caso del cementazo.

"Simplemente les pareció impertinente pedir información por considerar que ello sería una repetición. Nos parece que la respuesta es claramente evasiva. A la Procuraduría no se le cuestiona si pidió información que ya constaba en el expediente legislativo (lo cual hubiera sido ocioso), lo que se le cuestiona es no haber buscado mayor información para poder establecer si las faltas al deber de probidad acusadas por los legisladores existían. Ese era el trabajo diligente que se esperaba de la PEP en un asunto de importancia social que estaban indagando", indica el dictamen.

De acuerdo con el documento, la Procuraduría no investigó elementos adicionales para esclarecer el rol del exmandatario, quie inclusive fue referido como el "Big Chief" por parte de varios funcionarios de su administración, las visitas de Bolaños a la Casa Presidencial, los resultados a su favor en la modificación del Reglamento Técnico de Cementos Hidraúlicos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el otorgamiento irregular del crédito de $31 millones por parte del BCR al importador del cemento chino.

El informe señala que la Procuraduría dejó de lado importantes conclusiones a las que llegó la comisión especial del Congreso que investigó el cementazo en 2017, como las siguientes:

• La Casa Presidencial y el Consejo de Gobierno instruyeron a la Junta Directiva del BCR para que nombraran a Mario Barrenechea como Gerente General del banco. Barrenechea, la entonces presidenta de la entidad Paola Mora Tumminelli y directivos de ese momento jugaron un papel fundamental en el otorgamiento del crédito.
• El entonces jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Mariano Figueres, conoció de las numerosas reuniones de Bolaños en la Casa Presidencial y tuvo un informe del perfil de Bolaños, pero no hizo ninguna advertencia.
• La Casa Presidencial nunca encontró razones para llamar a cuentas y aplicar sanciones -aunque correspondía hacerlo- a los entonces directivos del BCR, a pesar de la abundante evidencia existente, como dos resoluciones de la Procuraduría de la Ética relacionadas con Mora y Barrenechea en las que recomendó sanciones. El Consejo de Gobierno decidió ignorarlas y archivarlas.
• Bolaños fue recibido 7 veces en la Presidencia de la República, en el marco de las gestiones relacionadas con sus negocios en varias instituciones del Estado.
• Las gestiones de Bolaños que motivaron sus visitas a la Casa Presidencial fueron exitosas.

El informe afirmativo de mayoría, además, señala que la expresidenta del BCR Mónica Segnini, en una comparecencia, dejó en evidencia los contactos y eventual participación de funcionarios de la Presidencia para beneficiar a Bolaños.

También indica que Luis Guillermo Solís mostró total displicencia cuando Segnini lo alertó sobre las irregularidades que estaban ocurriendo en torno al crédito otorgado al importador del cemento chino.

Según ese dictamen, hubo inconsistencias en la notificación que hizo la Procuraduría a la Asamblea Legislativa de la resolución -hecha en un tiempo récord- que eximió al expresidente Solís de faltar al deber de probidad por el caso del cementazo.

Una de las más importantes fue que la notificación se hizo el viernes 27 de abril de 2018, cuando los anteriores diputados prácticamente dejaban sus oficinas y los nuevos apenas se instalaban.

Aunque el Directorio Legislativo conoció la resolución el lunes 30 de abril, último día de funciones de los anteriores congresistas, no se pudo distribuir a tiempo a los nuevos diputados y venció el plazo sin que pudiera ser apelada.

La resolución, a la que le faltaban dos folios, fue entregada en un sobre sellado con la leyenda confidencial, pero no debió tener esa naturaleza por tratarse de una resolución y no de un informe. Esa leyenda no le permitió a la persona que recibió el documento saber su contenido ni el plazo de tres días para ser apelada por los diputados.

El informe de la comisión especial de la Asamblea Legislativa también recomienda al Ministerio Público investigar a Luis Guillermo Solís y al presidente Carlos Alvarado, así como al Consejo de Gobierno en ambas administraciones, por irregularidades en los actos de suspensión y destitución, respectivamente, de directivos del BCR que denunciaron el cementazo.