(CRHoy.com) -Diputados de oposición afinan su puntería sobre el expresidente Luis Guillermo Solís por faltar al deber de probidad en el caso del cementazo.

Seis de los 7 legisladores de la comisión especial del Congreso investigadora de la resolución de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) que eximió a Solís de faltar al deber de probidad sentarán responsabilidades sobre él. Esa resolución no pudo ser apelada por los congresistas.

Así lo indicarán en el dictamen afirmativo de mayoría que el órgano legislativo someterá a votación el próximo lunes, tras una nueva ampliación del plazo a la comisión autorizada por el Plenario Legislativo.

Ese informe será suscrito por los diputados Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y presidente del grupo, Carlos Ricardo Benavides y Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN), Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Mileidy Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN), y Harllan Hoepelman, del bloque independiente Nueva República.

La única que se separará del criterio de la mayoría será la congresista Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien suscribirá un dictamen negativo de minoría para defender al exmandatario.

Vargas prefirió no adelantar criterios sobre los contenidos puntuales de las conclusiones y recomendaciones del informe, que se maneja con confidencialidad.

Pero, a título personal, sí respondió preguntas que le formuló CRHoy relacionadas con la investigación y el expediente, que también señalaría al exprocurador de la Ética Pública, Rónald Víquez, por absolver a Solís de faltar al deber de probidad en el caso del cementazo sin haber hecho antes un análisis riguroso.

"No puedo decir las recomendaciones porque el documento no ha sido votado", dijo Vargas.

Presión de Casa Presidencial

Uno de las conclusiones medulares que incluiría el informe de la comisión es que la Casa Presidencial -con conocimiento de Solís- tuvo injerencia directa en el Banco de Costa Rica (BCR) para el otorgamiento irregular del crédito de $31 millones al importador del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

"Nosotros no somos jueces ni nuestras oficinas son salas de juicio. Lo que hacemos es recomendar. Pero, sin duda, yo pienso que sería lo más viable que la investigación no solamente sea contra el expresidente Solís, sino también contra todo el Consejo de Gobierno, y que esa investigación comience de nuevo. Hay gente que fungió en el Consejo de Gobierno y que está involucrada en el caso", declaró Vargas.

El diputado recordó que la exdirectiva del BCR Mónica Segnini reveló, en la comisión investigadora, que en algún momento intentó hablar con Solís, en la Casa Presidencial, sobre las irregularidades en el trámite del crédito para Bolaños que sucedían en el BCR.

"El expresidente Solís hizo caso omiso, y no quiso referirse al tema", puntualizó Vargas.

Según deliberaciones que han hecho los legisladores, hubo intervención de la Presidencia de la República sobre el tema, mediante llamadas y presiones a exdirectivos del banco, y así quedó demostrado en las declaraciones que ofrecieron varios de los comparecientes.

La comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigó el cementazo en el cuatrienio anterior concluyó que Solís faltó al deber de probidad y sostuvo que hubo gestiones desde la Casa Presidencial, entidades del Estado, Congreso y el BCR para favorecer a Bolaños, quien incluso visitó la Presidencia en al menos 7 ocasiones.

El BCR -con el concurso de su expresidenta Paola Mora, el exgerente general Mario Barrenechea y algunos exdirectivos- otorgó las líneas de crédito al importador del cemento chino. Para ello, ajustaron reglamentos y prácticas internas del banco con ese préstamo en particular.

Solís mintió

El informe de la comisión investigadora de la resolución de la Procuraduría también haría énfasis en otra razón más para señalar que el exgobernante faltó al deber de probidad.

Y es que cuando Solís removió a la Junta Directiva del BCR, en pleno escándalo del cementazo en octubre de 2017, alegó que lo hacía con base en una recomendación de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Sin embargo, el exsuperintendente de la Sugef, Javier Cascante, lo desmintió claramente en una audiencia en la comisión investigadora de la resolución de la PEP.

"Él hizo revelaciones muy importantes. Él nos dijo que en ningún momento, ni verbal ni por escrito, hizo esa recomendación. Ahí se están violentando todos los derechos de los que en aquel momento ocupaban el cargo de directivos. Además, es mentira y el expresidente faltó al deber de probidad porque mintió", sostuvo el diputado Otto Roberto Vargas.

Reabrir investigación

Otra de las recomendaciones que haría la mayoría de la comisión investigadora es solicitarle a la Procuraduría de la Ética que reabra la investigación contra Solís por el caso del cementazo.

En ese sentido, se le solicitaría que rinda una nueva resolución a la Asamblea Legislativa en un plazo no mayor a tres meses.

Esto porque la resolución anterior -mediante la cual la entidad eximió al expresidente de faltar al deber de probidad- es considerada omisa porque durante el proceso el exprocurador Rónald Víquez ni siquiera entrevistó a los involucrados y se hizo en un tiempo récord.

"Sin duda alguna, es omisa. No cumplió con los protocolos, las entrevistas, la investigación que se debía hacer. Esta investigación que hizo don Rónald Víquez fue totalmente irresponsable", manifestó Vargas.

La comisión aseguraría, en su informe al Plenario Legislativo, que la forma en la que la Procuraduría notificó esa resolución al Congreso fue irregular.

En primer lugar, por haberlo hecho a escasos días del relevo en la Asamblea Legislativa, el viernes 27 de abril de 2018, cuando los anteriores diputados prácticamente dejaban sus oficinas y los nuevos no se habían instalado.

Pero, además, la resolución fue notificada a la Dirección Ejecutiva del Congreso y no a la Secretaría del Directorio Legislativo, como debió haber sido, y llegó en un sobre sellado con la advertencia de que era confidencial, a pesar de que las resoluciones no se pueden enviar en ese formato.

Mientras se hacían los preparativos para la sesión solemne del 1 de mayo, el documento -al cual también le faltaban dos folios- quedó "engavetado" en alguna oficina, aún no determinada por los diputados, y venció el plazo para que los legisladores pudieran apelar la polémica resolución de la Procuraduría.

Vargas es del criterio que Víquez debe ser investigado y que todos los casos deben ser enviados al Ministerio Público.