CFIA promueve ley para hacer obras con alianzas público- privadas

Seguridad jurídica y la necesidad de satisfacer los requerimientos de movilidad de la ciudadanía y las empresas, son dos de los aspectos más relevantes en una iniciativa que pretende afianzar las Alianzas Público- Privadas (APP) para la construcción de infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria en nuestro país.

El director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), Olman Vargas, dijo en Enfoques, que ya tienen listo un proyecto de ley para promover estas alianzas, pues a su criterio, "las APP son la única posibilidad  real para hacer obra en Costa Rica".

Las APP, son alianzas entre empresas privadas e instituciones del Estado en donde cada una de las partes hace un aporte, ya sea económico, material o de personal, para poner en marcha las obras. Una de las modalidades más conocidas es la concesión, pero también existen la Construcción-Operación-Traspaso (BOT) y los proyectos Diseño-Construcción-Operación (DBO).

Vargas, confirmó que el CFIA ya le envió a algunos diputados la iniciativa y esperan que en uno seis meses pueda ser discutido en La Asamblea Legislativa.

El proyecto contempla garantías de seguridad jurídica; entiéndase que una vez que los contratos son firmados por las partes, no se encuentren con inconvenientes como atraso en expropiaciones y aumento de costos.

Se trata de un negocio

Las Alianzas Público-Privadas, son un negocio, es decir, las empresas buscan ganancias económicas. Carlos Arguedas, experto en contratación administrativa, indicó que  "no es un asunto de caridad". Uno de los principios de la APP es que si un proyecto no es "potable desde el punto de vista comercial, no van a desarrollarlo". El experto aclaró que se deben hacer acuerdos con empresas serias y que también se establecen niveles de "lucro razonables" para que se pueda satisfacer el interés público y el empresarial.

Otro de las situaciones que podrían estar alejando a los "buenos inversionistas" y atrayendo a los "equivocados", es la "alta ligitiocidad" que se da en el país, "casi todos los contratos de concesión de este país están siendo enjuiciados en la cortes del poder judicial, pidiéndose la nulidad del contrato, por ejemplo, la Terminal de Contenedores de Moín y Ruta 27. Eso en términos de seguridad jurídica no crea un caldo de cultivo adecuado para que los inversionistas vengan al país", aseguró Arguedas.

Esa situación puede terminar en la nulidad de contratos y hasta en disputas económicas y legales, tal y como ocurrió con el proyecto de ampliación de la ruta a San Ramón, por parte de la empresa OAS.

Los expertos comentaron que la figura de concesión se ha satanizado en nuestros país, especialmente en materia de carreteras, tras lo ocurrido con la ruta a Caldera, sin embargo, hay otros proyectos –bajo la misma modalidad – que son tan exitosos que nadie recuerda que son una concesión. Entre ellos: El Aeropuerto Juan Santamaría,  la terminal de pasajeros del Aeropuerto Daniel Oduber y Puerto Caldera.