CGR: Traslado de dinero de vía a San Carlos a Ciudad Gobierno contraviene principios de legalidad
Contraviene los principios de legalidad presupuestaria, según Contraloría
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tomó ₡3.000 millones destinados para la construcción de la carretera a San Carlos y los pasó al uso de las expropiaciones en el proyecto Ciudad Gobierno.
Así se desprende del Informe de Auditoría Financiera sobre la Liquidación Presupuestaria Realizada por el título 209 Ministerio de Obras Públicas y Transportes correspondiente al Ejercicio Económico 2023 elaborado por la Contraloría General de la República (CGR).
De acuerdo con el informe del órgano contralor, en la ley de presupuesto de la República se destinaron ₡8.232 millones con el fin de adquirir terrenos para la nueva carretera que conecta con el cantón de San Carlos sobre la ruta nacional 35.
A través del Decreto Ejecutivo 44138-H del 28 de julio de 2023, el Poder Ejecutivo efectuó una modificación presupuestaria en la cual redujo los recursos de la subpartida del programa al pasarlos de ₡8.232 millones a ₡5.232 millones.
La diferencia significó la asignación de ₡3.000 millones que se hizo precisamente para las expropiaciones del proyecto Ciudad Gobierno, mediante el cual se tiene como finalidad entregar al Gobierno la posibilidad de albergar sus dependencias.
"Este último proyecto (Ciudad Gobierno), para el cual se devengaron ¢935 millones en el periodo 2023, no tiene relación con la misión, productos, ni la denominación del programa presupuestario 32700 referente a la "Atención de Infraestructura Vial". Tampoco se relaciona con alguna de las nueve actividades en las que se distribuyen los gastos de ese programa, según la Ley N.° 10331.
Esta situación difiere de los ¢5.232 millones asignados a la nueva carretera hacia San Carlos (Ruta Nacional 35), cuyo objetivo está alineado con el quehacer del programa presupuestario y se asocia directamente con su misión. Lo anterior, contraviene los principios de legalidad presupuestaria, así como de especialidad cuantitativa y cualitativa descritos en los artículos 107 y el inciso f) del artículo 5 de la citada Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N°. 8131", indicó la Contraloría a través de su informe.
Trámites lentos
La carretera a San Carlos va con trámite lento en este momento. El 30 de abril, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a través de la Unidad Ejecutora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó el cartel de licitación pública internacional.
Sin embargo, 5 de las empresas presentaron objeciones ante la Contraloría General de la República (CGR), las cuales están en fase de admisibilidad y a la espera de resoluciones.
Las compañías que objetaron, según consta en la dirección electrónica del órgano contralor, son: Constructora MECO S.A, Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U, Quebradores Pedregal S.A, Constructora Hernán Solís S.R.L, y Constructora San José S.A.
La División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República otorgó audiencia a las compañías con el fin de que explicaran las razones por las cuales rechazaron el cartel SDO NO. CR-L1151-P00003, promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), específicamente por la unidad ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Las autoridades del MOPT impulsaron la contratación para el diseño, la construcción y el mantenimiento por niveles de servicio de las obras de la ruta nacional 35, carretera a San Carlos, sección Bernardo Soto-Florencia, en el tramo de la punta sur en las líneas 1 y 2.
En el caso de Ciudad Gobierno, la administración del presidente Rodrigo Chaves dio a conocer que el proyecto se financiaría con un crédito de $450 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El espíritu del proyecto se hizo para arrendar los edificios de forma operativa de inmuebles por construir, con base en la Ley de Contratación Pública, para que posteriormente se transfieran al Estado después de 25 años.
La Contraloría General de la República detalló en setiembre de 2023 al Gobierno que no se podía usar el procedimiento especial de la figura de compra y arrendamiento de bienes inmuebles debido a que resulta imposible aplicarlo en terrenos pertenecientes al Estado.
CRHoy.com trató de obtener una respuesta del tema con el MOPT. La consulta está en trámite y se espera respuesta en el transcurso de este martes.