Chaves amenazó sin respaldo legal con sacar a Costa Rica de la Corte IDH
Requeriría intervención del Congreso y la Sala Constitucional
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, reconoció en una entrevista con un medio de tendencia cristiana que no descarta sacar a Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) si este organismo ordena cambios en la legislación nacional en materia de aborto.
El mandatario fue entrevistado por un periodista que le plantea un escenario hipotético, relacionado con el llamado “caso Beatriz” contra El Salvador, que analiza actualmente la Corte IDH.
El entrevistador le dice a Chaves en primera instancia que la Sala Constitucional podría estar esperando la resolución del caso Beatriz para resolver varios recursos contra la norma técnica del aborto terapéutico y que existe “una corriente de grupos abortistas” que creen que la resolución de la Corte IDH podría legalizar el aborto.
“¿Qué va a hacer el presidente ante esto y cómo va a reaccionar ante una resolución de la Corte IDH?”, se le preguntó a Chaves.
Chaves esboza una sonrisa para luego indicar que ese escenario “lo pone a pensar”.
Agregó que si la Corte IDH manda, ordena algo, (en relación con el aborto) Costa Rica no tiene más opción que salirse del tratado, respondió Chaves.
De acuerdo con los abogados Hubert May Cantillano y Boris Molina Mathiew, especialistas en derechos humanos, ese “salirse del tratado” significa que Chaves buscaría sacar a Costa Rica de la Corte.
“Qué fregado”, agregó Chaves. “No nos salimos con matrimonio igualitario, usted conoce mi posición al respecto, pero también conoce mi posición con respecto al aborto”.
¿Puede Chaves sacar a Costa Rica de la Corte IDH?
Para el abogado May en la Convención Americana de Derechos Humanos existe un procedimiento previsto donde hay un artículo que prevé la posibilidad que un Estado “pueda denunciar un tratado”.
Recordó que solo dos Estados en América han ejercido esa posibilidad, que son Trinidad y Tobago y Venezuela.
“En el caso de Venezuela, un país dictatorial lo hace para querer zafarse de condenas en materia de derechos humanos”, comentó May.
Sin embargo, aclaró que si Chaves insistiera en esta decisión, implicaría una intervención del Congreso y también un control de la Sala Constitucional.
Para el abogado especialista, la afirmación de Chaves no tiene mucho sentido, porque no afectaría en nada las decisiones que ya la Corte ha adoptado, estando el país como miembro.
“Si Chaves lo que dice es que se va a salir porque la decisión de la Corte en x tema, no coincide con esa decisión, eso no tendría un efecto jurídico real, porque esa decisión es vinculante, desligarse de decisiones operarían a partir del momento en que uno se desliga y hacia futuro, no hacia el pasado, no sería una forma correcta de enfocar el tema”, agregó May.
Para el abogado Molina es inaudito que el mandatario piense en retroceder en materia de derechos humanos en lugar de avanzar.
Recordó que el caso Beatriz como otros que se han dado son vinculantes para el país y de acatamiento obligatorio.
“El decir que nos vamos a salir de la Corte como medida de represión en contra de un tema que es tabú y que es necesario analizarlo como se debe, es por supuesto un retroceso en la materia de derechos humanos y un claro vestigio de autoritarismo que no debe pasar desapercibido ni tolerado por el aparato legislativo ni judicial”, comentó el abogado especialista.
¿Qué es el caso Beatriz?
Según explica la Corte-IDH sobre el caso, se trata de una mujer de nombre Beatriz que vivía en situación de extrema pobreza en este país centroamericano y que tenía un diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistemático, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea.
Durante este primer embarazo, tuvo que ser hospitalizada en dos ocasiones debido a anemia y exacerbación de su cuadro lúpico.
El 2 de marzo de 2012 inició trabajo de parto, que se complicó debido a una preeclampsia. Tuvo una cesárea y su hijo sobrevivió luego 38 días internado.
Debido a la enfermedad y complicaciones del embarazo, el 2 de mayo de 2012 un médico del Hospital Nacional de Maternidad le informó que no podría embarazarse nuevamente, y la citó para el 27 de mayo a efectos de realizar una esterilización quirúrgica.
Beatriz decidió no asistir a dicha intervención, por temor a lo que pudiera pasar y que eventualmente podría pensar en tener hijos más adelante.
En febrero de 2013 se le diagnosticó un segundo embarazo de once semanas, el cual se informó que era de alto riesgo.
El 7 de marzo de 2013 le diagnosticaron que existía una malformación congénita del feto con anencefalia, condición incompatible con la vida extrauterina. Se le indicó que si el embarazo avanzaba existía la probabilidad de que ella muriera.
Ante la prohibición de aborto terapéutico en la legislación de El Salvador, la defensa legal de Beatriz presentó una demanda de amparo solicitando la interrupción del embarazo a efectos de salvar su vida.
La Sala Constitucional de ese país admitió la demanda de amparo y dictó una medida cautelar, pero el 28 de mayo de 2013 declaró “no ha lugar” la demanda, ya que consideró que no hubo una conducta omisa por parte de las autoridades demandadas que hubiera producido un grave peligro a los derechos, a la vida y a la salud de Beatriz.
El 3 de junio del 2013 Beatriz comenzó con trabajo de parto, por lo que debió ser sometida a una cesárea, y el feto anencefálico falleció cinco horas después.
Para el abogado May las situaciones de este caso son distintas a lo que ya tiene como legislación Costa Rica.
Donde ya el Código Penal y la norma técnica del aborto apara a la madre en estado de embarazo cuando corre riesgo su vida.
En el caso de El Salvador, es que existe una prohibición absoluta.
“Podría ser que la resolución de la Corte IDH en el caso Beatriz sea armónica con la norma técnica del aborto que ya tiene Costa Rica, por lo que no habría ninguna razón para decir que se estaría en contra de una decisión de la Corte”, agregó May.
Para el abogado es claro que el presidente en su respuesta le habla a un público conservador y donde además grupos religiosos quieren aprovecharse de un caso como estos para generar una discusión que a veces no se conoce a detalle por la población.