Chaves enmudece sobre “póliza de la vergüenza” y Acosta demora consulta a la Procuraduría
El presidente, Rodrigo Chaves Robles y la Presidencia de la República prefirieron guardar silencio con relación a la cuestionada póliza de responsabilidad civil que el Gobierno quiere pagar, con fondos públicos, para cubrir al Mandatario y a su gabinete de eventuales demandas y procesos judiciales.
Hasta este lunes el presidente Chaves no se ha referido a los cuestionamientos alrededor de esta contratación, como tampoco a la investigación que abrió la Fiscalía General la semana pasada por el aparente delito de abuso de autoridad.
Desde la semana pasada cuando la póliza fue revelada por crhoy, este medio solicitó a la Presidencia de la República la reacción por los cuestionamientos alrededor de la contratación por ¢248,3 millones con el Instituto Nacional de Seguros (INS), la cual a nivel legislativo ya llaman "póliza de la vergüenza".
Hasta la mañana de este lunes, más de una semana después, la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial respondió el correo de la solicitud; sin embargo, no se envió la posición de Chaves ni de la Presidencia. En su lugar, se mandó solo un enlace de la transmisión en la que la semana pasada el ministro Acosta se refirió al caso.
"En respuesta a su consulta les indicamos que sobre ese tema se realizó una conferencia de prensa donde se atendieron las principales dudas", se limitó a responder Casa Presidencial sin dar respuesta a las interrogantes enviadas.
Entre tanto, desde hace una semana, el ministro Acosta Jaén demora el envío de la consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) con la que el Gobierno se comprometió para determinar la legalidad de dicha póliza.
Este lunes se volvió a consultar a Hacienda sobre el avance en la solicitud del pronunciamiento del ente procurador, pero no se obtuvo respuesta.
La millonaria póliza que el Gobierno quiere contratar con recursos públicos fue cuestionada de manera generalizada por la oposición en el Congreso. Los diputados coincidieron con el pronunciamiento de la Contraloría General acerca de que este seguro debe ser pagado por el presidente Chaves y los miembros de su Gabinete de su propio bolsillo, tal y como lo señala la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.