Chorreras: el pueblo fronterizo que quedó en ruinas en medio de disputa de policía con coligalleros
Chorreras de Cutris, en San Carlos, era hasta hace seis meses una comunidad fronteriza como cualquier otra cercana a Crucitas. A pesar de su problemática social, sus habitantes lograban salir adelante frente a lo que ocurría a su alrededor.
Cerca de 80 familias vivieron durante años ahí, donde contaban con escuela, iglesia, bar, salón comunal y pulpería, lo típico de un asentamiento rural en el que la vida gira en torno a estas edificaciones.
Sin embargo, la fiebre del oro transformó Chorreras en un pueblo fantasma durante los últimos tres meses de 2025.
El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Alajuela ordenó el desalojo por ubicarse en un área protegida: el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte.
La situación se agravó en medio del tránsito de coligalleros, quienes vieron en Chorreras una de las rutas más viables para sacar oro hacia el río San Juan y cruzarlo hacia Nicaragua.
Durante años, Chorreras pasó desapercibida y fuera del foco de las autoridades. No obstante, el saqueo en Crucitas la colocó en el centro del conflicto.
La historia del desalojo comenzó en setiembre de 2025, cuando cerraron la escuela el mismo día en que los estudiantes pretendían ingresar con faroles para la tradicional celebración de la Independencia.
Desde entonces, la tensión aumentó. Los vecinos sabían que debían abandonar Chorreras, situación que aprovecharon quienes extraen oro de forma ilegal.
Conforme la comunidad se despobló y el desalojo se concretó en noviembre de 2025, los coligalleros ocuparon el asentamiento. Incluso tomaron la escuela como campamento.
Los habitantes salieron forzados por el deterioro social derivado de la extracción ilegal, mientras delincuentes se apoderaban del lugar.
De escuela a búnker
El centro educativo, levantado con esfuerzo comunal para garantizar educación formal, terminó convertido en un búnker de coligalleros.
Tras el desalojo, estos grupos ocuparon propiedades que aún conservaban condiciones básicas. La infraestructura de la escuela facilitó que se quedaran a vivir ahí y desarrollaran actividades ilícitas.
Por esa razón, la policía ingresó a finales del año pasado. En ese momento se registraron enfrentamientos con quienes usurparon inmuebles en Chorreras.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, afirmó que el sitio se convirtió en una "guarida de delincuentes".
En medio de esos disturbios, los coligalleros incendiaron la escuela. Según determinó la Unidad Canina del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), utilizaron acelerantes para provocar el fuego.
Cuando las autoridades ingresaron, hallaron pertenencias abandonadas y rastros de químicos.
Los responsables escaparon, pero dejaron destrucción y contaminación. Decenas de libros quedaron esparcidos y los expedientes estudiantiles terminaron expuestos en los patios.
Investigaciones del OIJ en Chorreras
El director interino del OIJ, Michael Soto Rojas, confirmó que mantienen varias investigaciones abiertas por delitos asociados a la extracción ilegal por Chorreras.
El jerarca detalló que detectan actividades conexas como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y explotación sexual comercial.
"Es un tema de muchos años, pero efectivamente conforme los grupos se movilizan por acciones de la Fuerza Pública, buscan nuevos lugares y con ellos se mueven los delitos a esos lugares.
Es una zona un poco complicada porque recibimos pocas denuncias de eventos que ocurren en ese lugar. Sin embargo, se reciben informaciones, las valoramos, las procesamos para tratar de ligarlas indudablemente al tema de explotación de oro en este lugar", explicó.
Los operativos obligan a estos grupos a desplazarse constantemente. El desalojo en Chorreras les facilitó instalarse durante varios meses.
"Cuando estaba el tema de la finca Vivoyet, por ejemplo, el movimiento se generaba como a 1 kilómetro de la entrada de la finca, en la vereda de la carretera. Allí instalaban lo que llaman champas, que son estas construcciones de plástico donde dormían, había cientos de personas apostadas en estos lugares viviendo, pero ahora aprovechan estas comunidades abandonadas para instalarse con mayor comodidad", señaló.
Soto agregó que los coligalleros modifican horarios de ingreso para evitar a la Policía. Chorreras representó un punto estratégico para ocultarse y facilitar la salida del país.
"Es muy probable que, si se el Ministerio de Seguridad Pública hace algún abordaje a Chorreras, probablemente van a ubicar otro lugar. Ellos mismos construyen caseríos y después los desarman y se van para otro sector, otra finca u otro lugar. Efectivamente tratan de tomar algunas comunidades a su paso conforme se van movilizando".
Acceso casi imposible
Hoy ingresar a Chorreras resulta casi imposible. Las calles están bloqueadas por derrumbes o cerradas por la Policía tras el desalojo. En una de las rutas falta un puente, lo que impide el paso.
Una vía por El Carmen de Cutris permanece inhabilitada desde que las lluvias de fin de año provocaron varios deslizamientos.
Esta situación también limita el acceso hacia Conchuditas, cerro donde actualmente se concentra la mayor actividad ilegal. La restricción afecta tanto a coligalleros como a la Fuerza Pública.
Los oficiales deben caminar hasta cinco horas por la montaña para llegar al epicentro de la extracción ilegal en Costa Rica, lo que reduce su capacidad de respuesta.
La ruta principal hacia Chorreras permanece bajo control policial. Las autoridades impiden el ingreso para evitar el retorno de antiguos pobladores y frenar el paso de oreros. Sin embargo, estos últimos utilizan fincas privadas, pese a rótulos que prohíben el acceso.
Otra opción es la trocha fronteriza desde Las Tiricias. El camino es transitable hasta el río Infiernito, donde la falta de puente obliga a cruzar en lancha.
El líder comunal Mario Cambronero, quien intentó frenar el desalojo, aseguró que Chorreras quedó completamente bloqueada.
"Quedó completamente destrozado todo el pueblo. El camino lo tienen cerrado, el Sinac y la Fuerza Pública, no se puede llegar por ningún lado desde que se hizo el desalojo", relató.
Actualmente solo se puede ingresar a caballo o mediante caminatas de tres kilómetros o más, que por la topografía requieren al menos una hora.
Sin solución del Gobierno
Cambronero afirmó que las familias desalojadas siguen molestas por la falta de soluciones estatales para quienes vivieron durante años en Chorreras.
"El mismo mes que desalojaron, el 11 de noviembre, el IMAS citó a los vecinos en la escuela de Moravia y solo 23 familias recibieron un beneficio de dos meses para que alquilaran casa, les dieron 150 mil colones por mes. Después de eso se estuvo intentando, pero no se llegó a nada y el tema lo dejaron ahí sin atender, esas familias que tienen documentos y quedaron a la intemperie están sin soluciones", reprochó.
El acceso principal, ahora controlado por la Fuerza Pública y el Sinac, recibió una inversión cercana a ₡300 millones en años recientes. Según el dirigente, ese recurso se desaprovechó.
"El decreto de emergencia por la contaminación de agua facilitó a las autoridades anteriores a destinar esa plata para arreglar el camino y eso nos ayudó mucho, pero de nada sirvió porque en poco tiempo pasó esto", indicó.
Algunos finqueros colocaron portones para frenar el paso de vehículos. Uno se ubica en la vía que conecta Crucitas con el monumento de los policías caídos, en la salida hacia el río San Juan.
"Ahorita esta es una de las rutas más fáciles para que los coligalleros salgan caminando con los sacos, los dueños cerraron pero caminando pasa cualquiera, ahora es una de las principales rutas de salida del oro", añadió.