Cibercrimen del OIJ extrajo audios de Presidencia para incluirlos en informe policial
La Sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) extrajo los audios que grabó la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, para realizar un informe policial que se incluirá en el expediente bajo investigación, 23-000759-0619-PE.
Estas conversaciones publicadas por La Nación ventilaron presuntas irregularidades durante reuniones del presidente Rodrigo Chaves con exjerarcas y su actual ministro de Comunicación Jorge Rodríguez.
La información fue confirmada por el Ministerio Público ante consulta de CRHoy.com, para indicar que es parte del proceso que se abrió en la Fiscalía Adjunta de San José el pasado 5 de diciembre.
"El fiscal a cargo del caso requirió a la Sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial que extrajera los audios en mención y que realizara un informe policial", indicó el órgano acusador del Poder Judicial.
La Fiscalía no especificó bajo qué tipo de diligencia se obtuvieron los audios y si fue por medio del celular de Navarro que obtuvieron los archivos, únicamente indicaron que fue el OIJ el ente encargado de hacerlo.
Esta semana el medio publicó varios reportajes sobre el contenido de los audios, en los que se revela que el Gobierno pactó entregar a Cristian Bulgarelli el contrato por $300 mil para comunicación, financiado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y que los parámetros de dicho contrato habían sido redactados por el mismo Bulgarelli.
También revelaron que Chaves se interesó por beneficiar a su amigo Federico Cruz "Choreco" en dicho contrato, pidiéndole a Bulgarelli que lo incluyera en su empresa.
También se descubrieron amenazas del mandatario contra los ministros que no se alinearan a sus disposiciones sobre el manejo de la pauta publicitaria en instituciones de gobierno.
Solicitud denegada
El Ministerio Público dio a conocer que como parte de la denuncia el presidente Chaves y el ministro Rodríguez solicitaron al Juzgado Penal que el medio de prensa se abstuviera de hacer publicaciones adicionales.
"El miércoles el MP notificó a los denunciantes el rechazo de esta última gestión. Entre otras razones fundamentadas en la resolución, las cuales no se informarán por ser parte del expediente, se invocó el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece los derechos universales a la libertad de prensa y de expresión, que no pueden ser sujetos a censura previa", confirmaron.
Al consultar otros detalles del caso, explicaron que como está bajo investigación, a la espera del citado informe policial; "de momento, esta es la información que puede ser brindada, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, donde se establece la privacidad de las actuaciones en la fase preparatoria".