CIDH: Costa Rica enfrenta desafíos de inseguridad, independencia judicial y derechos de minorías
También señalan preocupación sobre algunos proyectos de ley
En su informe anual sobre 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que Costa Rica enfrenta desafíos sobre la seguridad ciudadana, debido al aumento de asesinatos a lo largo del año.
En el año 2022 se registró una tasa de homicidios de 12.5 por cada cien mil habitantes con alrededor de 650 homicidios, lo que representó la tasa más alta desde que se tiene registros en el país.
Para el año 2023 esta tendencia se mantendría para alcanzar un nuevo récord histórico. La CIDH nota que, de enero a junio del 2023 se contabilizaron 442 homicidios dolosos, 133 más en comparación al mismo periodo en 2022.
Según la Comisión, el Estado costarricense explicó este aumento en la violencia sobre varias razones, entre ellas "la penetración de la criminalidad organizada en el país". Pese a reconocer acciones en esta área, también hicieron un recordatorio que el Gobierno y demás autoridades no solo deben reprimir los delitos.
"La CIDH recuerda la necesidad de aplicar modelos de políticas de seguridad con enfoque de derechos humanos, que preserven la democracia y el Estado de derecho y combatan el crimen organizado con solidez ética y jurídica.
Estos modelos deben atender el enfoque preventivo y abordar factores determinantes con alternativas/oportunidades para aquellas poblaciones históricamente excluidas o discriminadas e impactadas de forma especial por el crimen organizado como niñas, niños, adolescentes y jóvenes; pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, mujeres y personas mayores, entre otras".
La Comisión también advirtió que la violencia de género contra las mujeres persiste: particularmente los femicidios, las desapariciones y la violencia sexual, más aún contra mujeres que viven en las zonas rurales remotas, que pertenecen a grupos indígenas o las que están en un proceso migratorio.
Dado el nivel de migración que vive el país, existe un riesgo latente de trata de personas que afecta principalmente a mujeres y niñas. La CIDH se expresó preocupada por los desafíos que genera el crecimiento considerable de los grupos migratorios que transitan por el país desde el sur hacia el norte.
Para este organismo, es preocupante que en el país persiste la penalización del aborto o interrupción voluntaria del embarazo, excepto en casos de peligro a la vida de la gestante.
Otro aspecto señalado por el informe, es que alrededor del 30% de los niños, niñas y adolescentes en Costa Rica se encuentran en situación de pobreza y sin suficientes recursos para satisfacer sus necesidades básicas, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Debilitamiento de Poder Judicial
De acuerdo la Comisión, recibieron información sobre el debilitamiento de la independencia judicial en Costa Rica como consecuencia de la aprobación de diferentes leyes en los últimos años. Se refieren entre otras, a la reforma al Régimen de Pensiones del Poder Judicial (2017), la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (2018) y la Ley Marco de Empleo Público (2022), que le otorga al Poder Ejecutivo facultades para tener injerencia directa en aspectos de la administración del Poder Judicial. También se señala la reducción del presupuesto.
En 2023, organizaciones de la sociedad civil denunciaron la presentación de un proyecto de reforma al artículo 158 de la Constitución que buscaría limitar la reelección de las magistraturas por una única vez y reducir el periodo de duración en el cargo a cinco años, lo que atentaría contra la necesidad de garantizar la estabilidad e inamovilidad de las personas operadoras de justicia.
Además, el informe también llama la atención de que persisten las denuncias sobre prácticas e
iniciativas de ley que afectarían la independencia del Poder Judicial. Específicamente, señala la ausencia de criterios claros y objetivos en los procesos para nombrar los operadores de justicia, así como la falta de medidas para promover la participación de mujeres.
En materia penal, la Corte se mostró preocupada por el proyecto de ley N.º. 23.691 que se tramita en la Asamblea Legislativa, que busca duplicar los plazos de aplicación de prisión preventiva sobre los menores de edad en casos vinculados con el crimen organizado. Esto implicaría un retroceso en materia penal juvenil, según el documento.
En relación con los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica, la Comisión tomó nota sobre la situación de racismo y la xenofobia identificada por la Relatora Especial sobre el derecho a la salud física y mental, Tlaleng Mofokeng, contra los pueblos indígenas que viven en el país, lo cual limita su derecho a la salud y también impacta en la cohesión social y permite violencia sistémica.
La Comisión recibió información preocupante relacionada con amenazas de desalojos y demoliciones de viviendas de comunidades afrodescendientes tribales en el distrito de Cahuita, en Talamanca, Limón. Señala el informe que las comunidades han ocupado ancestralmente esos territorios, situación que cambiaría con el Plan Regulador Costero (PCR).
En materia de discriminación contra la población LGTBI elevó advertencias sobre el proyecto de ley 23.857 de la fracción legislativa de Nueva República, que propone "eliminar la ideología de género" así como prohibir los tratamientos de afirmación de género para juventudes trans y prohibirles el uso de los baños conforme a su identidad de género, y la participación en competencias deportivas.
Dicha ley limitaría la enseñanza de la perspectiva de igualdad de género y los derechos de las personas trans y de género diverso, según la CIDH.
