CIDH insta a Gobierno a respetar “estándares interamericanos” en revisión de norma técnica

(CRHoy.com) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a respetar los "estándares" de la región en la revisión de la norma técnica de aborto terapéutico anunciada por el presidente Rodrigo Chaves Robles.

El llamado está contenido en el apartado de Costa Rica, en el capítulo de Desarrollo de los Derechos Humanos en la Región del Informe Anual 2022 del órgano consultivo de la Organización de Estados Americana (OEA), publicado el 20 de abril anterior.

"Se observa el anuncio del Poder Ejecutivo de someter a revisión la norma técnica para el aborto terapéutico, para lo cual se insta al Estado a garantizar que tanto el proceso como el resultado de la revisión sean acordes a los estándares interamericanos sobre derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestación", señala el documento en poder de CRHoy.com.

De igual forma se puntualiza una divulgación de material informativo en los servicios de salud sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, así como la capacitación del funcionariado del sector y profesionales en ginecoobstetricia para la implementación del protocolo de atención clínica para la interrupción terapéutica del embarazo.

El reporte no ahonda en los datos con la que cuenta; no obstante, en la metodología se detalla que la Comisión se valió de insumos provenientes de diferentes mecanismos con los que da seguimientos a situaciones en las naciones, tales como audiencias públicas, visitas temáticas, solicitudes de información (artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos), reportes de organizaciones de la sociedad civil, notas periodísticas, decisiones y recomendaciones y de organismos internacionales especializados, entre otros. Asimismo, se tiene que Costa Rica como miembro cumplió con un requerimiento efectuado por el órgano consultivo.

Con ese panorama, vale la pena recordar que fue el propio mandatario y la otrora ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, quienes se comprometieron el 19 de mayo de 2022 con la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor) a estudiar el decreto 42113-S, suscrito el 12 de diciembre de 2019 por el expresidente Carlos Alvarado Quesada y el exministro del ramo, Daniel Salas Peraza.

"Mi posición desde la campaña, y por los próximos cuatro años, va a ser que la norma técnica tiene un objetivo único, que es normar las condiciones bajo las cuales un embarazo no puede continuar bajo el estricto de que es necesario llevar ese procedimiento adelante para proteger y salvar la vida de la madre. Esa es mi posición", indicó el gobernante a la salida de aquel encuentro.

Por su parte, la exjerarca señaló que se abriría una mesa de diálogo (de la que no se precisó quiénes serían miembros) y que al mes siguiente se iniciarían los análisis. "No vamos a ser un gobierno en pro del aborto, pero siempre salvaguardando la vida de la madre", explicó la exministra.

El arranque de la revisión se dio el 13 de junio de 2022, confirmó al diario La Nación la representante de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en ese foro, Carla Gríos Dávila. La misma funcionaria dijo que tras una segunda sesión a la semana siguiente, los 11 miembros del grupo convocado rechazaron el análisis prometido.

Sin embargo, el 23 de febrero de 2023 trascendió un borrador de decreto ejecutivo (titulado como Reglamento técnico para la atención de la mujer y el niño por nacer durante el embarazo, parto, post-parto y en situación de peligro inminente de muerte) que fue presentado tan solo cinco días antes a la comisión técnica asesora que estudió el tema, con el señalamiento de que era urgente su aprobación, ya que el mismo sería publicado esa semana.

Una de las integrantes de ese foro, la abogada Larissa Arroyo Navarrete, mostró su preocupación con aquella versión, en el tanto que aseguró que se excluían criterios fundamentales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Comité de los Derechos de los Niños (CDN), la sentencia del caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, entre otros. Dicha resolución fue emitida el 28 de noviembre de 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La jurista fue quien acompañó a las ciudadanas "Ana" y "Aurora" en dos demandas presentadas contra el país, precisamente ante la Comisión Interamericana, luego de que se les negara la posibilidad de recibir un aborto terapéutico en los términos habilitados -desde 1970- por el numeral 121 del Código Penal. Ambas mujeres se vieron obligadas a llevar adelante embarazos incompatibles con la vida extrauterina, lo que les provocó afectaciones a su salud física y mental.

El borrador apuntaba la derogatoria de la norma técnica de Alvarado Quesada, al sustituirla con una que establecía "la consideración ética de salvar ambas vidas, tratando siempre llevar al feto a la viabilidad extrauterina, es una meta deseable en todos los casos cuyas condiciones clínicas así lo permitan".

Además, indicaba que "la terminación del embarazo deberá ser realizada con el consentimiento informado de la mujer o su cónyuge en caso de que ella no esté en condiciones volitivas o cognitivas de decidir".

Para Arroyo Navarrete, esas situaciones -entre otras- excedían los alcances del artículo 121 del Código Penal.

Ese 23 de febrero de 2023, el Ministerio de Salud confirmó mediante su oficina de prensa que se había remitido un borrador a los miembros de la mesa técnica desde un mes antes, al tiempo que justificó que el documento no era de conocimiento de Chaves Robles ni de su ministro interino de Salud, Alexei Carrillo Villegas.

La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, rechazó ese mismo que existiera alguna intención directa del mandatario; mientras que el propio gobernante, ante una consulta de AmeliaRueda.com, calificó de "chisme" y "rumor" los cambios estipulados en el texto filtrado.

El remplazo temporal de Chacón Madrigal descartó "revisar, retomar o impulsar" la versión gestionada por la exjerarca y, el 28 de marzo de 2023, negó que por ahora vaya a proponer una reforma a la norma técnica.