Colegio Sagrado Corazón: “Nos encontramos a las órdenes de los Tribunales”

(CRHoy.com) El Colegio Sagrado Corazón confirmó mediante un escrito enviado a CRHoy.com, el cual está firmado por la directora Sor Ana Elena Ramírez, que son respetuosos del sistema judicial y se encuentran a las órdenes de los Tribunales de Justicia, luego de publicaciones de este medio en las que se da a conocer que el Ministerio Pública investiga a varios de sus funcionarios.

En el escrito, asegura que la denuncia con relación al personal docente, "según la misma información que se publica, en torno a un supuesto ejercicio ilegal de la profesión, no proviene del respectivo Colegio Profesional, y no son "13" los educadores involucrados, ni son "muchos de los educadores".

Pero desde la semana pasada, la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José, confirmó a CRHoy.com, en una comunicación oficial emitida por la oficina de prensa del ente acusador, que 19 personas de esa institución figuran como sospechosas en la causa 22-000299-0619-PE, por la presunta comisión del delito de ejercicio ilegal de la profesión.

"A esta fecha ningún miembro del personal docente o administrativo ha sido notificado o citado por la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José", redactó Ramírez.

"Somos respetuosos del sistema judicial costarricense y nos encontramos a las órdenes de los Tribunales de Justicia para responder cualquier solicitud que, en marco de la legalidad, consideren necesaria", subrayó la directora.

En su defensa, el Colegio asegura que la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, no exige que docentes de centros educativos privados se encuentren colegiados, como sí lo hace, en su artículo 5, para los docentes de centros públicos.

"Por otro lado, el Colegio Profesional en una actuación previa, previno a los trabajadores, se les requirió ponerse al día con sus obligaciones gremiales. De nuestra parte, al igual que en el punto anterior, somos respetuosas de la institucionalidad de Costa Rica, por lo tanto, estamos en la mejor disposición de proceder como así lo establezcan las autoridades respectivas y si es del caso, se procederá con su separación del cargo si así lo solicitan", señaló la directora.

Sobre este particular, añadieron que la dirección no contrata el personal, sino que esta es una atribución exclusiva del Consejo Directivo de la Institución, conformado por un grupo de religiosas, el que no toma en cuenta, para nombrar a los docentes, sus relaciones familiares o afectivas.

Sobre las denuncias de agresiones que expusieron algunos estudiantes ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el centro educativo explicó que ellos solo han recibido notificación de informe sobre "un único caso".

Por otra parte, confirmaron que varias instituciones han hecho visitas de inspección al centro educativo como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) "sin que se haya formulado prevención alguna".

Finalmente, sobre la personería jurídica vencida durante más de un año, justificaron que en las certificaciones que extiende el Registro Nacional se indica que se prorrogó de forma automática "hasta por dos años los nombramientos de junta directiva y órgano de fiscalía, que hayan vencido a partir del 1 de marzo del 2020 y hasta el 31 de diciembre del 2020, inclusive".

Además, alegan que ante la declaratoria de emergencia nacional por COVID-19 se autorizó la extensión del plazo de los nombramientos que se hicieron antes del 1 de marzo del 2020 "de conformidad con la Ley N. 9956, Reforma de los artículos 1 y 2 de la Ley N. 9866, Autorización de prórroga en los nombramientos de juntas directivas y otros órganos en las organizaciones civiles".

"Nos ajustamos a una prórroga como lo hicieron muchas sociedades mercantiles, asociaciones y demás en el país", aseguraron.