Colegios profesionales chocan por abordaje de internamientos de Ley de Salud Mental

(CRHoy.com) El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, y el Colegio de Profesionales en Psicología, dividen opiniones con respecto al proyecto de Ley 22.430, denominado Ley Nacional de Salud Mental, que se discute en la Asamblea Legislativa.

El Colegio de médicos, en conjunto con la Asociación Costarricense de Psiquiatría (ASOCOPSI), mostraron su oposición al proyecto que ya fue aprobado en primer debate por la legislatura pasada.

Mientras tanto, los profesionales en psicología piden al nuevo gobierno y los diputados que recién asumieron, convocar cuanto antes el proyecto para la discusión del segundo debate y que quede en firme la ley.

Internamiento

El punto de conflicto entre ambos sectores es el internamiento y el egreso de los pacientes en los centros médicos.  Según Asocopsi, esta ley establecería la posibilidad de que el acto sea determinado por profesionales no médicos.

"La decisión de internar o no a una persona en un centro médico es siempre el último recurso y requiere de un acto médico, meticuloso, riguroso y concienzudo, con el fin de cumplir con los objetivos de establecer que el paciente no puede ser manejado en su casa y establecer el origen de sus síntomas para determinar qué enfermedad padece y qué especialista debe manejar a este paciente.

"No obstante, el texto actual del Proyecto de Ley va en contra de todas las recomendaciones y criterios científicos, ya que pretende dar potestad de tomar decisión de internar pacientes a profesionales no médicos", señala la asociación.

Para los médicos y cirujanos, esto podría acarrear un perjuicio a la salud de los pacientes y se encuentra alejado de la realidad de los procesos de internamiento, los cuales deben de ser estudiados a profundidad.

"La ley ignora por completo, la imposibilidad de operativizar dicha ley, ya que el personal de salud de cada centro varía acorde a sus posibilidades presupuestarias y al nivel de atención, por lo que no todos los centros de salud cuentan con la cantidad de profesionales cuyas firmas condicionan un internamiento", apuntan.

El colegio de psicólogos analizó los artículos 28 y 29 de este proyecto de ley, que habla sobre el abordaje y los requisitos que debe cumplir una disposición de internamiento.

Según Ingrid Naranjo, coordinadora de políticas públicas del colegio, estos requisitos son consistentes con las mejores prácticas de abordaje en salud mental, que -según explica-, deja claro que en todo internamiento debe promoverse el vínculo de los pacientes con sus familiares y allegados; salvo aquellas excepciones que por razones clínicas establezca el equipo de salud interviniente.

"Por ejemplo, identificación de la identidad de la persona con los datos disponibles, valoración diagnóstica, evaluación interdisciplinaria e integral con definición de los motivos que justifican el internamiento, con la firma de dos miembros del equipo que evalúa, consentimiento informado del paciente o del garante cuando corresponda", dijo.

Naranjo agregó que en el caso del tiempo de internamiento, este debe ser el menor plazo posible que disponga el equipo tratante con función en criterios terapéuticos interdisciplinarios.

"El criterio de finalización del internamiento supone una resolución de equipo, lo contrario sería volver al modelo reduccionista de la salud mental ya descrito anteriormente", añadió.

Consentimiento

La asociación de psiquiatría y los médicos cirujanos aseguran que el proyecto de ley establece como disposición de internamiento en centros de salud, que se debe de contar con consentimiento informado del paciente.

"No se regula lo relativo a internamientos involuntarios de pacientes que presenten una alteración en el juicio de realidad, que limite su capacidad de toma de decisiones, delegando la competencia a profesionales no médicos de determinar si los pacientes se encuentran capacitados para otorgar un consentimiento informado o no.

"Es claro que un paciente que presenta un compromiso en su juicio de pensamiento, podría manifestar su rechazo a un internamiento o a recibir el tratamiento idóneo, por lo que condicionar estos internamientos a profesionales no médicos representaría una violación al derecho de la salud que tienen todos los costarricenses", explicó el doctor Francisco Golcher Valverde, presidente de la ASOCOPSI. 

En el caso de los egresos, el colegio de psicólogos explicó que el alta del paciente es una facultad del equipo de salud, por la naturaleza biopsicosocial de los problemas asociados a la salud mental.

"Por supuesto que el equipo de salud está obligado a dar de alta a la persona que no desee someterse al internamiento, siempre que se encuentre en estado de juicio conservado y en tanto su salida no ponga en riesgo la salud e integridad de sí mismo o de terceros, frase que el CPPCR propone a los diputados adicionar a este artículo antes de la aprobación de esta ley, para mayor claridad.

"Aunque comprendemos que este tema está cubierto en el Capítulo IX de Modificaciones a la Normativa, en el texto del Artículo 31 de la Ley General de Salud, cito: ‘cuando la salida no represente peligro para su salud o la de terceros, de conformidad con la legislación vigente", explicó.

Desde el Colegio de Médicos y Cirujanos y la Asociación Costarricense de Psiquiatría mostraron su anuencia al diálogo y al trabajo en conjunto con la Asamblea Legislativa, con el propósito de incluir las modificaciones que han indicado.