Fondo de Avales se convierte en la prioridad económica del Congreso
(CRHoy.com)- El proyecto de creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías que impulsa el Ejecutivo será el proyecto que tendrá prioridad en la comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.
Este fondo se crearía para ayudar a las empresas mediante el acceso a créditos bancarios. En el esquema propuesto, el Estado respondería por los créditos otorgados, siempre y cuando las empresas se comprometan a mantener los niveles actuales de empleo.
La diputada de Liberación Nacional y aspirante a la Presidencia de esa comisión, Ana Lucía Delgado, lamentó que el texto 21.144 se haya dilatado tanto en las últimas semanas en el Congreso, pero responsabilizó de ello al Poder Ejecutivo, por no tomar en cuenta las observaciones de los diputados y de instituciones consultadas para redactar los últimos textos sustitutivos al plan.
Delgado Orozco dijo que la intención de los diputados que integrarán la comisión de Hacendarios -que se instalará este martes- es dictaminar ese proyecto cuanto antes, con la intención que pase al Plenario para que se discuta de manera paralela al proyecto de crédito con el Banco Centroamericano de Desarrollo (BCIE), que contiene los recursos para fondear el proyecto.
El Fondo, según la última propuesta del Gobierno se financiaría con ¢180 mil millones de ese crédito con el BCIE, que se aportarían en un solo tracto, y sería administrado por un Consejo Rector conformado por representantes de 3 ministerios y 2 expertos.
Semanas atrás el ministro de Hacienda, Elian Villegas dijo que el gobierno está finiquitando las observaciones que hicieron al texto los diputados, el Banco Central de Costa Rica, de la Superintendencia General de Entidades Financieras y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiera.
Sin embargo, la diputada Delgado expresó su preocupación, pues a pesar que los legisladores de la comisión aún no conocen el nuevo texto, en las versiones anteriores el gobierno no ha dejado claro como va garantizar que este fondo vaya dirigido a los sectores más afectados por la emergencia de la COVID-19.
Además dijo que la nueva versión debe de garantizar que la totalidad de las personas físicas y jurídicas que tengan afectación puedan tener acceso al sistema bancario para hacer uso de los recursos.
A su vez, insistió en que hay dudas sobre la conformación del fideicomiso que administrará el fondo.
Semanas atrás el BCCR alertó a los legisladores que la nueva versión incrementaría el gasto del Gobierno Central en aproximadamente 0,50% del Producto Interno Bruto (PIB), comprometería sustancial e innecesariamente el ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pondría en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
También señaló la inconveniencia de politizar el esquema de administración de los recursos que provendrían de un crédito de ¢180 mil millones suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y cuestionó establecer la cobertura del Fondo en un 70% de la pérdida máxima esperada de la cartera por grupo homogéneo de riesgo y de un 70% de cada operación avalada.