Comisión Plena aprueba iniciativa de ley que obliga a bancos a indemnizar a víctimas de estafas electrónicas
La Comisión con Potestad Legislativa Plena III aprobó en segundo y último debate, con 14 votos a favor, la iniciativa de ley que establece que los bancos, públicos y privados, deberán indemnizar a las víctimas de estafas electrónicas que presenten un reclamo y se logre comprobar dicho ilícito.
Se avaló con el respaldo de diputaciones del PLN, PUSC, Frente Amplio, PLP, Nueva República, oficialismo e independientes.
Corresponde al expediente titulado "Ley de protección a los consumidores en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica", presentado por el diputado Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional (PLN).
La iniciativa busca proteger a los consumidores frente a estafas electrónicas, obligando a las entidades financieras —públicas y privadas— a responder por el dinero sustraído mediante fraude, invertir la carga de la prueba a favor de la víctima y establecer mecanismos ágiles para investigar y devolver los montos afectados, como acudir a la vía judicial, tras sufrir la sustracción de los recursos de sus cuentas bancarias.
Críticas a proyecto de estafas
En medio de la discusión varios legisladores señalaron que el texto debería reformarse.
Alejandro Pacheco, jefe de fracción del PUSC, expuso una serie de dudas ante el Departamento de Servicios Técnicos, cuyo representante afirmó que dichas interrogantes podrían evacuarse a través de una consulta facultativa de constitucionalidad a la Sal IV.
"No propongo archivar este proyecto, sino retirarlo para fortalecerlo", enfatizó Pacheco.
Por su parte, la diputada del PUSC, Daniela Rojas, señaló que buscó formas para que el expediente "no se viera hoy", debido a que, a su juicio, el texto presenta falencias y no debería aprobarse, pues abriría un portillo para personas que estafen a clientes bancarios. Cabe destacar que Rojas votó a favor del expediente en primer debate la semana anterior.
"Los bancos son los responsables, porque nunca se hicieron cargo de lo que está pasando y lo que está pasando es que tienen adentro gente que pasa información de los clientes y no la atienden", afirmó Rojas.
La legisladora agregó que, aunque se pudo detener el expediente, no sería de manera indefinida, y consideró importante escuchar primero a los técnicos antes de aprobarlo.
También confirmó que varios legisladores piensan en que el texto debía frenarse pero que igual lo votarán en contra: "Esta no es la solución que el país necesita ante un problema tan grave".
Ambos votaron a favor en segundo debate con los cuestionamientos señalados ante una mayoría.
Cambios en texto contra estafas
Durante la discusión meses atrás se aprobaron mociones que eliminaron un artículo transitorio que obligaba a reintegrar montos a víctimas que hubieran presentado reclamos antes de la entrada en vigor de la ley.
El texto actualizado establece que las entidades deberán devolver los recursos identificados como provenientes de fraudes cuando existan pruebas suficientes del carácter ilegítimo de la transacción, y aclara que no serán responsables si se trata de una "auto estafa", según la definición contemplada en la ley.
Autoridades como la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y otras instancias se declaron en oposición al texto y que se debe someter a consulta.
Reclamo ante estafas electrónicas
El expediente, tras una serie de modificaciones, aclara el trámite a seguir en las entidades bancarias en casos de sufrir estafas en cuentas. A continuación se lo explicamos:
Cuando un usuario niegue haber autorizado una operación y alegue ser víctima de un robo (estafa, fraude electrónico o débito no autorizado) o denuncie el uso indebido de su cuenta, podrá presentar un reclamo ante la entidad financiera dentro de los 30 días naturales posteriores a los hechos.
El reclamo se realizará mediante un formulario proporcionado por la entidad y deberá adjuntar copia de la denuncia presentada ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La entidad financiera contará con 30 días naturales para investigar y resolver el reclamo, prorrogables por única vez hasta por 10 días hábiles adicionales, previa notificación con al menos 3 días de anticipación.
Durante la investigación, la entidad deberá demostrar:
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Que cumple con la normativa de seguridad establecida por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
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Que sus sistemas no fueron vulnerados, considerando controles como: análisis de patrones transaccionales, verificación de dispositivos y métodos de autenticación, detección de actividades atípicas y aplicación de mecanismos de confirmación previa cuando corresponda.
Si acredita el cumplimiento de estos requisitos, analizará la conducta del cliente.
La entidad podrá rechazar el reclamo si demuestra que existió:
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Autofraude.
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Dolo.
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Transferencias entre cuentas del mismo titular.
¿Rechazo del reclamo?
De acuerdo a la iniciativa, si la entidad financiera rechaza el reclamo, deberá notificar al usuario indicando las evidencias y el análisis forense o bitácora elaborado conforme a los parámetros de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Copia de este informe deberá enviarse a la Policía Judicial y a la Sugef.
Por otra parte, la Sugef en un plazo de 10 días hábiles, validará mediante acto razonado si la decisión está debidamente fundamentada.
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Si la Sugef no ratifica la decisión, la entidad deberá restituir los fondos y/o reabrir la cuenta en un máximo de 10 días hábiles, sin perjuicio de que pueda acudir a la vía judicial para reclamar la improcedencia del pago.
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Si la Sugef confirma el rechazo, del cliente podrá acudir a las instancias judiciales correspondientes.
Devolución del dinero
Cuando la entidad determine que el reclamo es procedente, deberá acreditar los fondos en un plazo máximo de 10 días naturales, reabrir la cuenta si corresponde, eliminar intereses o cargos aplicados por la estafa y devolver los montos cobrados con sus respectivos intereses.
Además, si después de presentado el reclamo ocurren nuevas transacciones no autorizadas, la entidad financiera será responsable de estas y de sus consecuencias económicas.
Penalización
Asimismo, la iniciativa de ley establece que aquellos usuarios que se hagan pasar por víctimas de estafas ante los bancos, para obtener un beneficio económico a nivel personal o para un tercero, podrían ser castigados con penas de prisión:
a) Con prisión de dos meses a tres años, si el monto de lo defraudado no excediere de diez veces el salario base.
b) Con prisión de seis meses a diez años, si el monto de lo defraudado excediere de diez veces el salario base.
Bancos renuncian a la ABC
La aprobación del proyecto de ley y el cambio de la ABC hacia un respaldo a la iniciativa provocó que los bancos estatales se salieran de dicha agrupación el viernes 27 de febrero.
Los bancos públicos de Costa Rica —Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)— anunciaron el jueves pasado su renuncia formal, inmediata e irrevocable a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
En un comunicado conjunto, aseguraron que la decisión responde a un quiebre de confianza generado por las declaraciones públicas emitidas por la vocería de la ABC en relación con el proyecto de ley sobre estafas informáticas contra clientes bancarios, aprobado en primer debate en el Congreso.
En principio, el texto cuenta con el respaldo del Ejecutivo y no correría un riesgo de veto por parte del presidente Rodrigo Chaves.
Tras el segundo debate, el texto pasa al Poder Ejecutivo para su firma y publicación oficial como Ley de la República.