Compra del PEP implicó sobreprecio y posible perjuicio de $40 millones para BCR-SAFI, concluye informe legislativo
La compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR-SAFI), en 2020, al Grupo HVC, vinculado al exdiputado Humberto Vargas Corrales (2014-2018) y a sus sociedades anónimas, careció de un análisis financiero, se hizo bajo un sobreprecio y representa un posible perjuicio patrimonial superior a los $40 millones para el fondo de inversión.
Así lo concluyó la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, este jueves, tras dictaminar afirmativamente el informe del caso, tras meses de audiencias.
La empresa del exlegislador compró el parque meses antes en $16 millones, pero vendió el inmueble al BCR SAFI en $70 millones.
Principales conclusiones BCR SAFI
La investigación legislativa concluye:
- La operación careció de un análisis integral de riesgo, rentabilidad y liquidez. Los arrendatarios no contaban con solvencia debidamente comprobada.
- El avalúo financiero llegó a estimar el valor del inmueble hasta en $87 millones sin respaldo económico suficiente.
- Se estima un posible perjuicio patrimonial superior a los $40 millones para el fondo de inversión.
- Tanto la Junta Directiva como el Comité de Inversiones aprobaron la operación sin contar con el informe completo.
Además, en el informe afirmativo de mayoría se constató, según indica el documento, que Vargas Corrales estuvo vinculado a al menos nueve transacciones inmobiliarias con BCR-SAFI, lo que evidencia una relación comercial reiterada y concentrada.
Asimismo, se identificaron vínculos entre la parte vendedora y funcionarios de la SAFI mediante sociedades constituidas en Panamá, así como coincidencias de domicilios con el notario que asesoró a ambas partes en la transacción.
Durante las audiencias de la comisión, se dieron las siguientes revelaciones:
- El exgerente y exapoderado generalísimo de BCR SAFI, Álvaro Camacho, se abstuvo de declarar ante los diputados ante la compra del PEP.
- Los encargados del peritazgo de valor comercial del PEP también se abstuvieron de declarar en la comisión.
- Douglas Soto Leitón, exgerente general de Banco de Costa Rica (BCR) negó su participación en la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Banco de Costa Rica (BCR), cuando formó parte de la junta directiva de dicha entidad en el 2020.
- Juan Carlos Bolaños, exdirector de negocios del Banco de Costa Rica (BCR) y exmiembro del Comité de Inversiones de la SAFI, señaló a los diputados de dicho foro que desconocía de las obras inconclusas del PEP cuando el Fondo compró el inmueble a la sociedad vinculada al exdiputado Vargas.
Tras la votación, los diputados remitieron el informe al Plenario Legislativo, en el cual recomiendan al Ministerio Público agilizar las investigaciones penales relacionadas con posibles delitos de fraude, tráfico de influencias y administración fraudulenta sobre el caso.
Informe pericial
El dictamen se da luego de que un informe pericial encargado por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) para justificar la compra del Parque Empresarial del Pacífico en $70 millones, incluyó predios "fantasma" valorados en $17 millones que no existían físicamente en el terreno.
Dicha anomalía fue incluida en la denuncia inicial que desencadenó la investigación que lleva la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción sobre la compra del parque con un presunto sobreprecio y respaldada por el exgerente financiero de BCR SAFI Laureano Verzola en la comisión legislativa que investiga el caso.
El exfuncionario relató que, durante una visita realizada a inicios de 2021, comentó a Marco Carbajal —quien figura como investigado y en ese momento se desempeñaba como supervisor de Ingeniería de la SAFI— que no lograba identificar los 400.000 metros cuadrados de predios que, según los documentos de la negociación, formaban parte del proyecto.
Compra del Parque
La compra de la propiedad, de más de 540 mil metros cuadrados (m2) y aledaña a la carretera Costanera Sur, se concretó el 20 de febrero de 2020 a una sociedad ligada al exdiputado Humberto Vargas Corrales, legislador por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) entre 2014 y 2018.
El informe de relación de hechos realizado por la Auditoría Interna del BCR, con fecha de junio de 2023 y que sirvió como base para la denuncia penal presentada por la junta directiva de la SAFI el 26 de agosto de 2024, revela que el inmueble estaba inconcluso al momento de la compra. Por ejemplo, estaba pendiente terminar la construcción de naves en frío (bodegas para refrigeración).
La compra por $70 millones se concretó a pesar de que hubo inspecciones realizadas entre octubre de 2019 y febrero de 2020 por el área de ingeniería de la SAFI y la gerencia general de la sociedad.
Para ese momento, según el informe auditor, los funcionarios debieron percatarse de que el inmueble no estaba al 100%. Sin embargo, habrían omitido alertar estas situaciones a los órganos encargados de decidir el futuro de la adquisición de la propiedad.
Previo a avalar la compra, el Área de Ingeniería de la SAFI emitió un informe el 17 de octubre de 2019 que estimó el valor del PEP en casi $70 millones. Por ejemplo, se incluyeron: 399.002 m² de patios por un valor superior a los $19.9 millones, 3 bodegas por $15.6 millones y una bodega (nave en frío) valorada en más de $6.8 millones. Pero los análisis efectuados por la Auditoría Interna advirtieron que para entonces el parque no estaba al 100% y que su valor no podía ser ese.
Fiscalía buscó información
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción efectuó 16 allanamientos, el 4 de diciembre anterior, como parte del Caso BCR-SAFI, relacionados con una investigación que pretende establecer responsabilidades por la compra de nueve propiedades pagando un sobreprecio total superior a los $92 millones.
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público explicó que se investigan "delitos de sobreprecio irregular e influencia en contra de la Hacienda Pública, relacionados con actuaciones de la Junta Directiva, el Comité de Inversión, la Junta de Adquisiciones y otros profesionales de la SAFI, respecto de al menos 9 proyectos adquiridos".
"El objetivo es ubicar evidencia, tanto documental como electrónica, que resulte relevante para la investigación, tal como documentos sobre inversiones realizadas por la Sociedad Administradora dentro y fuera del país, así como contratos y permisos de construcción", añade la comunicación de la Fiscalía.
En julio del 2024, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) del Ministerio Público, donde ya existía una causa abierta para investigar la compra con sobreprecio del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), recibió informes de presunto tráfico de influencias y destrucción de documentación en el Banco de Costa Rica (BCR).
Esa dependencia investiga presuntas anomalías en la adquisición del complejo de bodegas ubicado en Caldera de Esparza, Puntarenas. Dicha propiedad fue adquirida a una sociedad vinculada a Humberto Vargas Corrales, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) por la provincia de San José entre 2014 y 2018.
Por esa finca, la SAFI le pagó $70 millones a la sociedad del exlegislador y, desde la apertura del parque, se han presentado infinidad de problemas con permisos de operación, accesos, agua, cumplimiento de requisitos, entre otras cosas.
En el caso del PEP, cuya adquisición es investigada por la FAPTA, la sociedad ligada a Vargas lo habría comprado por $16 millones y lo habría vendido al SAFI con una diferencia adicional de $54 millones.
Algunos de los 9 inmuebles restantes que fueron objeto de análisis por parte de la Oficina de Investigaciones del BCR también estuvieron relacionados con sociedades ligadas al exdiputado Vargas.
Las propiedades bajo la lupa se ubican en Guadalupe (centro educativo), Santa Ana (edificio Madrid), La Uruca, Ciudad Colón, Pavas y el ya conocido PEP. En el caso de La Uruca, Ciudad Colón y Pavas se manejaron fideicomisos con varios lotes.
Informe y precio inflado
La SAFI pagó $70 millones por el PEP, pero avalúos posteriores confirmaron el año pasado que su valor real rondaba los $28 millones, lo que evidenció un sobreprecio cercano a $42 millones.
Dos años después de la adquisición, otro peritaje externo estimó que el PEP tenía un valor de $46.595.009. En menos de 24 meses, los inversionistas registraron pérdidas cercanas a $22 millones.
La empresa GeoInn Geospatial Innovations también concluyó en otro informe que, entre setiembre y octubre de 2019, prácticamente no existían estructuras construidas en el inmueble.
Para la Fiscalía, ese hallazgo refuerza la hipótesis de una valoración aparentemente falsa del proyecto realizada por funcionarios de BCR SAFI S.A.