Comunidades más peligrosas están cerca entre sí, concentran desempleo y baja escolaridad
En cantones con mayor accionamiento de armas, los salarios del sector comercial tienden a ser más bajos
De acuerdo con el Informe 2024 del Estado de la Nación, existe una tendencia a que los cantones con tasas de homicidios más altas o similares se concentren en áreas geográficas cercanas, generando "zonas calientes".
Es decir, comunidades violentas suelen ser vecinas de otras comunidades violentas, de la misma forma que cantones más "tranquilos", suelen estar cerca entre sí. Así lo devela el estudio publicado este jueves.
Por ejemplo, cantones como San José, Desamparados, Goicoechea y Curridabat antes de la pandemia presentaban una alta incidencia de las víctimas por ajustes de cuentas y venganzas, pero no en la cantidad total de homicidios.
Luego de la pandemia, se ha dado más coincidencia en las aglomeraciones de fuertes tasas de violencia homicida totales y de ajustes de cuentas.
“Estos datos sugieren que actualmente hay una mayor coincidencia entre el aumento del crimen organizado en el país y la concentración geográfica de cantones con altas tasas de violencia homicida y por ajuste de cuentas”, comenta la investigadora Evelyn Villarreal Fernández.
Turrialba fue uno de los casos destacados durante la investigación por parte de los investigadores. Antes de la pandemia presentaba bajas tasas de homicidios a pesar de estar rodeado de cantones con altos índices de violencia.
Pero después de la pandemia se unió al grupo de alta incidencia de homicidios por ajustes de cuentas. Un caso distinto es el cantón de Alajuela, que históricamente ha tenido una alta incidencia de homicidios, destaca por estar rodeado de cantones con tasas considerablemente más bajas.
El análisis también identifica concentración de cantones de baja incidencia de violencia homicida en el país. Heredia, San Rafael y Barva, así como Escazú y Naranjo, son ejemplos de localidades que presentan bajas tasas de homicidios por ajuste de cuentas.
Estos cantones, además, están rodeados de otros cantones también con baja incidencia de homicidios en sus alrededores, lo que sugiere una menor exposición al crimen organizado y la violencia.
Las "zonas calientes" mostradas por el estudio sugieren ser regiones donde es crucial la intervención urgente mediante la política social pública, según los investigadores.
“La inversión social pública en zonas que presentan bajos indicadores de desarrollo social y humano es clave para generar capacidades que previenen la pobreza y reducen la desigualdad. En el largo plazo, esta inversión también reduce el riesgo de violencia e inseguridad ciudadana”, concluyó Natalia Morales Aguilar.
Esto, paralelo a las acciones represivas en el ámbito policial y judicial que también son necesarias a corto plazo para contener un mayor deterioro en las zonas con mayores problemas de violencia.
Es esencial implementar estrategias de prevención que aborden las causas subyacentes de la violencia, no solo sus síntomas, según el Programa Estado de la Nación.
Justamente el pasado martes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) anunció la Operación Guardián: un fuerte operativo que se mantendrá de forma constante y sostenida hasta que finalice el año, para tratar de contener el incremento delictivo que está afrontando el sector sur de la capital. El despliegue será junto a la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad Pública.
Son al menos 80 funcionarios quienes realizarán diversos despliegues en los sectores de Alajuelita, Desamparados, Hatillo y Tirrases de Curridabat, donde se pretende mantener un intercambio de información constante para articular los cuerpos policiales.
Los homicidios en esta región se han disparado durante los últimos dos años. Por ejemplo, el cantón de Alajuelita pasó de tener 4 homicidios a noviembre del 2022, a registrar 19 crímenes en 2023 y 36 muertes a la misma altura del año.
En Desamparados se reportaron 5 asesinatos a noviembre del 2022, cifra que aumentó a 30 en los primeros 11 meses del año actual. En el cantón central de San José se pasó de 37 y 45 homicidios, a sumar 82 casos.
Violencia concentrada en zonas rezagadas
La creciente violencia homicida en Costa Rica es más intensa en las zonas con alto rezago social, donde hay una mayor presencia de personas menores de edad, según el Informe Estado de la Nación 2024.
En un contexto de profundos recortes a la inversión social pública y donde la violencia homicida no para de crecer en el país, los investigadores analizaron la posible correlación entre 33 indicadores socioeconómicos y las tasas de homicidio totales y por ajuste de cuentas/venganza.
El resultado muestra que los cantones con menor cobertura de aseguramiento en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), menos años de escolaridad, con alta proporción de hogares con hacinamiento y mayores problemas de desempleo también presentan mayores tasas de homicidios y por ajustes de cuentas.
Aunque no se establece una relación causal directa entre estos factores, sí muestra una fuerte correlación que indica un mayor riesgo de violencia homicida en los cantones más vulnerables.
Los cantones con mayor violencia homicida suelen presentar un perfil de bajo desarrollo humano y social junto con mayores problemas de acceso a empleos y mayor cantidad de personas menores de 24 años.
En cantones como Matina, Siquirres y Limón en la zona del Caribe, donde estos factores se combinan, presentan de manera recurrente altas tasas de homicidios, particularmente relacionados con ajustes de cuentas/venganza.
Esta tendencia también se observa en la zona del Pacífico Central, donde los cantones con mayor violencia tienden a estar cerca unos de otros, y forman lo que los expertos denominan “zonas calientes” de violencia.
Inseguridad con impacto económico
La violencia por armas de fuego está afectando la generación de oportunidades económicas en Costa Rica, particularmente en los territorios más vulnerables, según datos del Informe Estado de la Nación 2024.
Esta situación profundiza la desigualdad social entre regiones, donde las áreas más seguras se benefician de la fuga de actividades económicas de las zonas inseguras.
En cantones donde la inseguridad ciudadana es mayor, medida por la tasa de accionamiento de armas, los salarios del sector comercial tienden a ser más bajos. Dicho sector representa casi la cuarta parte del parque empresarial del país (23%).
Entre el 2020 y el 2022, la tasa de accionamiento de armas aumentó de 4,2 a 7,2 por cada 100 mil habitantes. En este sentido, los cantones más inseguros fueron San José, Goicoechea y Alajuelita, con tasas promedio altas, de 23, 17 y 17 por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
En el mismo periodo, Grecia, Esparza y San Mateo presentaron una tasa promedio de solo 1 accionamiento de armas por cada 100 mil habitantes, colocándolos como los cantones más seguros.
Los datos señalan que, por cada 1% de aumento en la tasa de accionamiento de armas, los salarios del sector comercio caen un 0,13% en los cantones afectados.
Es decir, ofrecen peores oportunidades laborales. Al mismo tiempo, los cantones vecinos más seguros ven un aumento del 1,36% en sus salarios promedio.
