Con un mes en el poder, Rodrigo Chaves acumula cinco causas en Fiscalía

(CRHoy.com) El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, acumuló su quinta investigación en el Ministerio Público.

Las cuatro primeras fueron abiertas cuando era candidato presidencial y la quinta en su primer mes como presidente.

La nueva pesquisa es por presuntos delitos sobre el financiamiento de partidos políticos, según confirmó la oficina de prensa de la Fiscalía ante una consulta oficial de CRHoy.com. A la causa se le asignó el número de referencia 22-007355-042-PE.

Esta avanza en la etapa inicial, que es privada para terceros, de acuerdo con el artículo 295 del Código Procesal Penal. Por esa razón, el departamento de comunicaciones del órgano acusador no ahondó detalles sobre la pesquisa pese a solicitud de este medio.

No obstante, los numerales del 273 al 276 establecen castigos de entre 2 y 4 años de cárcel a quienes, por ejemplo, recauden fondos para una agrupación sin autorización del tesorero de esta, reciban donaciones valiéndose de una estructura paralela o realicen contribuciones evadiendo los controles oficiales, que son las acciones perseguidas en los delitos electorales de financiamiento.

Se trata del segundo expediente que el Ministerio Público abre al mandatario en relación con la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), con el que alcanzó el poder. El primero se tramita bajo la sumaria 22-000210-0276-PE, por supuesta aportación, utilización o recibimiento de dinero o recursos financieros para actividades políticas electorales. Dicho ilícito está contemplado en los ordinales antes citados.

La causa fue abierta a raíz de una denuncia interpuesta por uno de los fundadores de la agrupación oficialista, José Eduardo Vargas Rivera, el 8 de febrero. En ella -tal y como lo dio a conocer CRHoy.com el 29 de marzo anterior- también se persigue la aparente operación -a modo de estructura paralela- del fideicomiso Costa Rica Próspera, para cancelar gastos de la organización política, como por ejemplo, alquiler, servicios, mobiliarios, equipos, viáticos y transportes para la promoción del economista de 61 años.

De igual forma se investiga un segundo fondo que en apariencia permitió el flujo de más de $195.000 desde las cuentas de la asistente administrativa Sofía Agüero Salazar -además hija del diputado Waldo Agüero Sanabria- con esos recursos se cubrieron gastos de comunicación y material proselitista, según reveló el diario La Nación.

Por estos casos, Chaves Robles dijo en entrevistas, debates y comunicados que el mecanismo de financiamiento fue cerrado antes de que iniciara la campaña electoral oficialmente y que los siguientes pagos eran compromisos adquiridos por la administración del mismo.

Sobre este particular, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mantiene en curso una pesquisa administrativa preliminar con en el expediente DFPP-EE-012-2021 y, recientemente, ante un requerimiento del Ministerio Público, remitió un detalle de los hallazgos identificados en esa causa, explicó a este medio el 15 de mayo el jefe del despacho, Rónald Chacón Badilla.

Gestión bajo la lupa

Una de las otras tres investigaciones tiene que ver con el corto periodo en que Rodrigo Chaves Robles dirigió el Ministerio de Hacienda, entre el 26 de noviembre de 2019 y el 28 de mayo de 2020.

Esta se tramita bajo el expediente 21-000055-0621-PE. En este se persigue un aparente incumplimiento de deberes, denunciado por una víctima de la supuesta estafa del grupo Aldesa. Esta le atribuye a Chaves Robles, así como sus dos antecesores, Helio Fallas Villegas y Rocío Aguilar Montoya- presuntamente no haber denunciado una aparente retención de impuestos cobrados a inversionistas de la empresa entre 2017 y 2019.

Por ese caso, el gobernante afirmó el 21 de setiembre de 2021 al sitio de noticias AmeliaRueda.com que nunca fue informado al respecto por la Dirección General de Tributación (DGT), por lo que no había forma de que pudiera reportar la presunta sujeción.

El delito en cuestión se refiere al momento en el que un funcionario público omite, rehusa hacer o retarda un acto propio de su labor; o evite abstenerse, inhibirse o excusarse de realizar un trámite, asunto o procedimiento cuando está obligado a hacerlo.

Por ese ilícito también se le investiga a Chaves Robles en la causa 22-001949-042-PE.

La última de las sumarias es la 22-000028-1218-PE, en la que se persigue un aparente tráfico de influencias.

Este delito tiene que ver con el acto de influir en un servidor público prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación personal o jerárquica con este u otro, real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, siempre que genere -directa o indirectamente- un beneficio económico o ventaja indebida para sí o para otro; dispone el numeral 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. El ilícito además lo comete cualquiera que utilice u ofrezca la influencia antes descrita.

La norma en cuestión sanciona el ilícito con entre dos y cinco años de cárcel. Sin embargo, también prevé la elevación de los extremos de la pena en un tercio en caso de que este sea perpetrado por el gobernante de turno, entre otros cargos previstos en la legislación.

Evolución por fuero

La información proporcionada a CRHoy.com tiene fecha del 27 de abril de 2022, cuando este medio inició una serie de consultas sobre investigaciones contra Rodrigo Chaves Robles, sus vicepresidentes y ministros. A ese día, las cinco causas citadas avanzan en la fase de recolección y análisis de indicios en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).

Sin embargo, es importante recordar que con la juramentación del presidente el 8 de mayo de 2022, este adquirió un fuero especial que le es otorgado por la Constitución Política. Por lo anterior, todas las causas seguidas en su contra deben ser llevadas por la Fiscalía General de la República y tramitadas ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Incluso, si el Ministerio Público encontrara elementos suficientes para enjuiciar al mandatario de turno, primero deberá remitir la acusación a la Corte Plena, para que esta la conozca y determine si procede o no remitir el caso a la Asamblea Legislativa, que podrá aprobar o rechazar el levantamiento de la inmunidad. De autorizarlo, el gobernante afrontará un debate oral ante cinco magistrados.

La gestión planteada por este medio incluyó preguntar a todas las fiscalías especializadas y territoriales del país, con excepción de la Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, que por políticas propias, no confirma ni descarta la existencia de causas penales en contra de una persona.

Reacción de Chaves

CRHoy.com envió desde el martes anterior una serie de consultas a la oficina de prensa de Casa Presidencial, solicitando una reacción al presidente Chaves sobre las investigaciones. Se les pidió tener la declaración el 15 de junio a las 5:00 pm, pues los reportajes se publicarían este jueves en el transcurso del día.

Sin embargo, en vista de que Presidencia no respondió, este primer reportaje no fue publicado en horas de la mañana, a la espera de la reacción del Presidente.

Pasadas las 2:00 pm de este jueves, Chaves llegó a la Fiscalía a pedir información sobre las causas penales en su contra, alegando que había enviado a un funcionario de Casa Presidencial a la Fiscalía y no le dieron la información. Chaves dijo en presencia de los periodistas que no respondería a las consultas de CRHoy.com por recomendación de sus abogados.