Conavi sin dinero para posible indemnización de $9 millones a CHEC

(CRHoy.com). La empresa China Harbour Engineering Company (CHEC, por las siglas en inglés) reclama al Estado indemnizaciones por hasta $150 millones tras pugnas contractuales en el proyecto para ampliar la ruta 32 en el tramo entre Río Frío y Limón.

De esa cantidad de dinero reclamado, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) ya determinó preliminarmente que se deberían reconocer $9 millones por la ejecución de trabajos que no estaban incluidos en el contrato.

Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), adelantó el pasado 22 de marzo esta situación. No obstante, fue hasta este 30 de marzo que Mauricio Batalla Otárola, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), profundizó en el origen de esta indemnización que se efectuaría.

De los otros $141 millones reclamados, el funcionario dijo que aún están en proceso de discusión y detalló que este monto responde a pugnas por atrasos achacados a la Administración (como en expropiaciones).

"Hemos venido valorando en esta Administración cuánto de eso (total de $150 millones) consideramos que es responsabilidad de la Administración por atrasos en los que ha incurrido la constructora debido al proceso de expropiación y cuántos de estos no tienen una validez jurídica en términos de que se han sido atrasos propios de la constructora. Estos $9 millones que el señor ministro (Amador) comentó días atrás, se refieren a obras que no estaban incluidos en el contrato", citó Batalla.

Entre esas tareas que no estaban en el acuerdo y que fueron asumidas por CHEC destacan pasos de fauna, muros de retención y tareas de estabilización de taludes.

"No estaban incluidas en el contrato original y por las características geotécnicas o propias de ingeniería, se tuvieron que hacer para darle seguridad y estabilidad a la ruta. Hemos estado con la constructora CHEC en un centro de resolución de conflictos. Es un apartado que no está debidamente constituido, pero sí lo estamos trabajando como lo solicita la nueva Ley de Contratación Administrativa para poder determinar cuánto de este dinero le corresponde", manifestó el funcionario.

Andrés Núñez, gerente FIDIC del proyecto por parte de Conavi, explicó que los $9 millones están incluidos en las reclamaciones totales de CHEC y aclaró que las tareas que motivaron las pugnas no forman parte de las denominadas "obras complementarias" (que enlazan la ruta con las comunidades). De momento, no se ha girado ningún pago hacia la empresa.

"Son $9 millones que no están financiados y que el gobierno de Costa Rica tiene que buscar. No se ha pagado un solo cinco a CHEC. Estamos en centros de resolución de conflictos y una vez que tengamos por sentado cuáles son las reclamaciones que corresponden y cuáles no corresponden, entonces tendremos que buscar los recursos para poder pagar. No se ha pagado ni un solo 5 a la empresa CHEC", agregó Batalla.

En contraparte, el consorcio Cacisa-Camacho & Mora (supervisor del proyecto) detalló que a CHEC se le impusieron multas por $140 mil por falencias en las medidas de seguridad vial durante el desarrollo de los trabajos y por $460 mil, producto de atrasos en la entrega de los diseños.

El ministro Amador detalló el pasado 22 de marzo que junto con el Conavi proyectan que para abril se entregaría el primer tramo listo del proyecto. Se trataría de 20 kilómetros entre Guápiles y Siquirres. Sucesivamente, en próximos meses, entrarían en operación más secciones de carretera.

La modernización vial arrancó la fase constructiva en noviembre de 2017. Debía estar lista en octubre de 2020, pero numerosos obstáculos y atrasos han impedido que la obra esté finalizada.

La fecha de conclusión más reciente estaba fijada para el 8 de febrero de 2023. No obstante, el Conavi giró una nueva prórroga para que la finalización sea el 15 de marzo de 2024.

Pese a esto, Batalla detalló este jueves 30 de marzo que procuran que la ampliación esté lista en junio de 2024.

Actualmente, el contrato asciende a los $465,5 millones.  Los recursos forman parte de los 2 créditos gestionados con el Exim Bank de China. Sin embargo, adicionalmente el Estado debía aportar casi $70 millones para expropiaciones, reubicación de servicios públicos y la administración del contrato.

El pasado 9 de marzo, el director ejecutivo de Conavi detalló a los diputados de la provincia de Limón requieren $150 millones adicionales para concluir el objeto contractual.

Batalla explicó que las fuentes para obtener esos recursos están siendo buscadas por Casa Presidencial.

El funcionario enfatizó en que los dineros se obtendrán y se finalizará la ampliación bajo los alcances que fueron previstos desde que la fase constructiva inició en 2017.