Congelamiento de ₡8.688 millones al OIJ y Fiscalía sería “demoledor” para la lucha contra la delincuencia
La prohibición del Gobierno de Rodrigo Chaves de transferir ₡8.688 millones, ya presupuestados, al Poder Judicial para hacer frente a la delincuencia tendría un impacto "demoledor", principalmente en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Así se lo advirtió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, al ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, mediante una comunicación enviada el pasado lunes.
Los recursos estaban destinados a financiar la creación de 176 plazas en la policía judicial y 99 en la Fiscalía, así como a cubrir gastos necesarios para el pago de arrendamientos y la adquisición de equipo de transporte; sin embargo, el Poder Ejecutivo se niega a transferirlos.
En el caso específico del OIJ, las plazas aprobadas en la Ley de Presupuesto Ordinario para el año 2026 estaban orientadas a la puesta en operación y el fortalecimiento de varias delegaciones.
La sede del OIJ en La Cruz, la de Tamarindo–Tempate–Cabo Velas, el puesto en Puerto Jiménez y las labores operativas de custodia de detenidos en todo el territorio nacional se verían afectadas, pese a tratarse de un componente indispensable para sostener la operatividad judicial.
De acuerdo con la Dirección General del Organismo, lo grave es que estas delegaciones no son simples puntos administrativos o de atención ordinaria, sino que corresponden a sectores territorialmente vitales y estratégicos, altamente expuestos a criminalidad compleja.
En estas comunidades proliferan las bandas con movilidad transnacional, que ejercen violencia, controlan rutas y que tienen patrones delictivos que demandan una respuesta institucional inmediata, constante y especializada.
Adicionalmente, la ubicación y las características de estas zonas representan un desafío operativo que exige una presencia fortalecida, recursos humanos suficientes y capacidad de despliegue real.
La ausencia de personal asignado o la imposibilidad de ejecutar las plazas previstas genera efectos como la disminución de investigaciones y operaciones en territorios de alta conflictividad, el incremento en los tiempos de respuesta ante hechos delictivos graves y una limitación real para realizar indagaciones, ubicaciones, vigilancias, inspecciones, intervenciones oportunas y coordinación interinstitucional.
Todo ello conlleva debilitar la capacidad para contener dinámicas asociadas al crimen organizado y delitos conexos, así como una mayor exposición al riesgo de saturación operativa, acumulación de casos y pérdida de capacidad reactiva.
Michael Soto, director a. i. del OIJ, manifestó su esperanza de que el panorama cambie.
"Esos recursos son muy necesarios para el OIJ, para seguir luchando contra el narcotráfico y el crimen organizado. Realmente tengo la esperanza de que pronto nos los giren", indicó a CR Hoy.
Por su parte, en la Fiscalía General de la República han señalado que la insuficiencia de talento humano limita la capacidad para cumplir con los plazos procesales establecidos en las leyes penales, lo que incrementa el riesgo de prescripciones, retrasos en audiencias y eventuales responsabilidades disciplinarias o patrimoniales para el Estado.
En la gestión operativa del Ministerio Público frente a la criminalidad, el recurso adicional busca facilitar la realización de más y mejores investigaciones, allanamientos y acusaciones, así como la atención de casos críticos.
Estamos viviendo los años más violentos de la historia, eso se refleja en la gran cantidad de homicidios que han ocurrido en los últimos años, pero además es lamentable ahora que hablan de recursos públicos, que el Ministerio de Hacienda no nos dé los recursos que ya fueron presupuestados por la Asamblea Legislativa.
Al aprobar el presupuesto de este año nos dotó de unas plazas que nos iban a ayudar mucho para la contención de la delincuencia, pero lamentablemente el señor ministro de Hacienda no está dando los recursos y eso va a seguir limitando la persecución penal por parte de nosotros", señaló el martes el fiscal general, Carlo Díaz.
Tal como dio a conocer CR Hoy, Rudolf Lücke Bolaños, actual ministro de Hacienda del gobierno de Rodrigo Chaves Robles, prohibió a la institución que dirige transferir los ₡8.688 millones que requieren el OIJ y el Ministerio Público para hacer frente a la criminalidad que enfrenta el país.
El pasado 19 de diciembre, Lücke ordenó a la Dirección General de Presupuesto Nacional bloquear la transferencia correspondiente al primer trimestre de 2026, al considerar imprudente realizar esa inversión en seguridad.
Hacienda justificó la no transferencia al indicar que el dinero destinado al Poder Judicial se rebajó de las partidas presupuestadas para el pago de intereses de la deuda pública, por lo que dichos recursos no fueron programados.
La retención del dinero no es algo nuevo. En realidad, se trata de una enmienda legislativa que buscaba reincorporar recursos que durante todo 2025 el gobierno se negó a girar al OIJ y al Ministerio Público para la contratación de talento humano adicional.
En el presupuesto de 2026, una decisión del Congreso permitió reasignar fondos para nuevas plazas, infraestructura y equipo, con el objetivo de fortalecer tanto a la policía judicial como a la Fiscalía.
La falta de plazas impacta directamente investigaciones relacionadas con corrupción, narcotráfico, crimen organizado y violencia de género.
Pese a contar con recursos asignados ante el aumento sostenido de la criminalidad, el Poder Ejecutivo decidió no trasladar los fondos, lo que ha limitado el margen de acción de las fiscalías y ha puesto en riesgo el cierre técnico de algunos despachos.