Congreso aprobó ley de Empleo Público en trámite final

7 de Mar. 2022 | 5:29 pm

(CRHoy.com).-La tarde de este lunes 39 diputados aprobaron, en segundo y último debate, el proyecto de ley de reforma al Empleo Público.

Esta reforma pretende, entre otras cosas, contener el crecimiento del gasto público mediante la introducción del salario global y la eliminación de sueldos con pluses.

El plan es parte de los compromisos entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para estabilizar las finanzas públicas.

La aprobación del expediente de manera definitiva se dio luego de que la Sala Constitucional notificó a los legisladores la sentencia completa sobre las consultas formuladas por la Corte Suprema de Justicia y varios congresistas.

El 8 de febrero anterior la Sala Constitucional resolvió que el proyecto de ley no contiene vicios de inconstitucionalidad, ni por el fondo ni por el trámite.

Este lunes de previo a la aprobación, la presidenta del Congreso, Silvia Hernández Sánchez, resolvió que el proyecto requería de 38 votos, pues esta consulta no fue evacuada por los magistrados constitucionales.

La reforma, además de  implementar un salario global en todo el sector público que generaría ahorros de ¢393 mil millones al Estado en el pago de remuneraciones, regula también  aspectos como las vacaciones, las licencias y las convenciones colectivas de los funcionarios públicos de esta manera:

  • Las vacaciones quedaron fijadas en 20 días por año y no se podrán acumular más de 2 períodos. 
  • Se crea una licencia por paternidad de un mes con goce salarial.
  • Aprobada la licencia por partos prematuros y nacimiento de niños con enfermedades o discapacidades hasta por 2 meses adicionales.
  • Creación  de una licencia para funcionarios con familiares con enfermedades graves hasta un tercio de la jornada laboral.

Los magistrados habían señalado inconstitucional el hecho de que el Ministerio de Planificación (Mideplan) tuviera la rectoría de empleo sobre el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las municipalidades y las universidades.

La nueva versión del proyecto no excluye a estas instituciones de la aplicación de la ley, pero señala que quedarán fuera de la rectoría de empleo del Poder Ejecutivo. Es decir, sí tendrían que acatar las nuevas disposiciones.

Las únicas instituciones que no quedaron incluidas fueron las entidades en competencia como los institutos Nacional de Seguros (INS) y Costarricense de Electricidad (ICE), los bancos públicos y el Cuerpo de Bomberos.

Los magistrados avalaron también la transición de los actuales funcionarios hacia el nuevo esquema de salario global y  que se congelen las actualizaciones de los sueldos por costo de vida mientras la deuda pública supere el 50% del Producto Interno Bruto.

En el caso de las convenciones colectivas, los diputados aprobaron en la etapa de comisión del proyecto que no se podrán generar nuevas obligaciones o derechos o variar las condiciones referentes a:

  • Salarios, remuneraciones, variar o modificar lo referente a la escala salarial o componentes de la columna salarial global.
  • La creación de incentivos, compensaciones o pluses salariales.
  • Asuntos donde se deban hacer erogaciones adicionales de recursos que afecten el presupuesto nacional o de una institución mediante gastos que no se ajusten  a principios de racionabilidad  y proporcionalidad.
  • La creación de nuevas plazas.

 Ahora el proyecto pasará a la Presidencia de la República para su firma por parte del presidente, Carlos Alvarado.

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