(CRHoy.com) -El Congreso aprobó en primer debate este miércoles el proyecto de ley que le permitirá al Estado transferir millones de colones a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), disminuir su planilla y evitar su colapso, tras la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), a cargo de la firma APM Terminals.

La iniciativa -fuertemente impulsada por el Poder Ejecutivo– contó con 38 votos a favor y 12 en contra.

Su aprobación se logró después de fracasar, en horas de la mañana, un intento de la bancada del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) de bloquear la votación, para no exponer al presidente de la República, Carlos Alvarado, a reclamos de trabajadores de la institución en su gira por Limón, y luego de una extensa sesión del Plenario Legislativo en la que se terminaron de discutir y votar 83 enmiendas al proyecto.

La discusión del proyecto se enredó luego, en horas de la tarde, cuando algunos legisladores del Partido Restauración Nacional (PRN) y del bloque independiente Nueva República mantuvieron posturas contra la iniciativa, mientras las dudas se acrecentaron también en algunos congresistas del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Sin embargo, a las 6:17 p.m. el Plenario Legislativo dio luz verde a la polémica iniciativa.

¿En qué consiste el proyecto?

Según el texto, se autoriza a las instituciones del sector público no financiero con superávit libre acumulado al 31 de diciembre de 2019 a trasladar recursos para cubrir los gastos corrientes de Japdeva hasta diciembre de 2023.

El monto total transferido a Japdeva por todas las instituciones no podrá superar los ¢10 mil millones y tendrá que ser devuelto por la entidad, de acuerdo con las condiciones financieras que establezca el Ministerio de Hacienda.

Estos y otros recursos -provenientes de otras vías- financiarán el plan del Gobierno que busca recortar la planilla de Japdeva, de 1.186 a 400 funcionarios.

Esto, mediante las siguientes medidas:

• Traslados horizontales de funcionarios a otras entidades del Estado.
• Auxilio de cesantía proporcional a los años de servicio laborados en la institución, en forma continua e ininterrumpida, hasta por un máximo de 12 años.
• Incentivos disponibles para quienes deseen cesar sus funciones. Habrá un incentivo de 8 mensualidades del salario promedio de los últimos 6 meses efectivamente laborados para quienes tengan un salario bruto mensual inferior a ¢1 millón. A quienes tengan un salario bruto mensual igual o superior a ¢1 millón se les otorgará un incentivo adicional de 4 mensualidades del salario promedio de los últimos 6 meses efectivamente laborados.
• Prejubilación para funcionarios con edades superiores a los 55 años de edad, con 25 años cotizados al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o cualquier otro régimen autorizado del país.
• El monto de la prejubilación será equivalente en cada caso al 63% del salario promedio calculado con los 12 mejores salarios mensuales de los últimos 5 años laborados en la Administración Pública.
• Los extrabajadores de la institución, que se encuentren en calidad de prejubilados con cargo al presupuesto nacional, deberán incorporarse al IVM o a cualquier otro régimen del país cuando cumplan con todos los requisitos y condiciones para pensionarse.

Según una moción aprobada al texto, los funcionarios de la institución tendrán un mes para decidir a cuál modalidad se acogen, después de la entrada en vigencia de la ley.

Las plazas que libere Japdeva en su proceso de reestructuración no podrán ser reemplazadas de ninguna manera.

Para ello, los administradores de la institución tendrán que seleccionar muy bien el personal que puede acogerse a las medidas y el que puede permanecer en la entidad.

Después de reducir su planilla, Japdeva tendrá que buscar un esquema de reorganización que le permita incursionar en nuevos negocios frente a la operación de la TCM.

Actualmente, la institución percibe ingresos mensuales por ¢800 millones, pero sus gastos superan los ¢2.500 millones.