Congreso trata de votar ley contra fraude en maratónica sesión
Otto Guevara hablará 6 horas para justificar 38 mociones al texto
El diputado Otto Guevara firmó esta mañana las 38 mociones. (CRH)
La Asamblea Legislativa intentará aprobar hoy en primer debate el proyecto de ley contra el fraude fiscal en una maratónica sesión que podría extenderse hasta 13 horas.
El Plenario comenzó el debate desde las 9:00 a.m. y se extenderá hasta las 9:00 p.m. de ser necesario, según un acuerdo que tomó el presidente del Congreso, Antonio Álvarez.
El diputado Otto Guevara, jefe de la fracción del Movimiento Libertario, confirmó que presentará 38 mociones al texto, dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios el 24 de agosto anterior.
Guevara hablará en total 6 horas porque hará uso de los 10 minutos que le otorga el reglamento legislativo para defender cada una de las enmiendas.
El libertario dijo que las mociones tienen la intención de convencer a los demás diputados de que el proyecto "tiene más perjuicios que beneficios", aunque reconoció que la mayoría votará afirmativamente.
"Es la última intentona que hago para convencerlos de que lo voten negativamente".
El plenario, además, tendrá que conocer una moción que presentó la legisladora del Frente Amplio Ligia Fallas.
Concluida la votación de las 39 mociones, los 11 legisladores que integran la Comisión de Hacendarios podrían hablar 10 minutos cada uno por el fondo.
Guevara y la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Rosibel Ramos, presidenta de Hacendarios, confirmaron que harán uso de la palabra por el fondo.
Ramos indicó que espera que el proyecto reciba hoy el primer debate.
En caso de que no sea así, el Congreso sesionará de manera extraordinaria el viernes, sábado y domingo, según anunció Álvarez.
Puntos polémicos
El Ministerio de Hacienda tendría acceso al registro de accionistas. (CRH)
La iniciativa crea un registro centralizado de accionistas y beneficiarios finales de las sociedades anónimas en manos del Banco Central.
EL Ministerio de Hacienda podrá tener acceso a esa base para investigar sospechas de defraudación fiscal, lo mismo que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) cuando realice investigaciones relacionadas con el crimen organizado.
Sin embargo, tendrán que homologar sus estándares de seguridad de la información con los del Banco Central para tener acceso.
La propuesta también elimina la potestad de Hacienda para realizar embargos en vía administrativa en empresas con sospechas de defraudación fiscal.
Solo se podrían hacer con la orden de un juez, quien tendría cinco días de plazo para pronunciarse.
Otro punto que contempla el proyecto es que los asesores tributarios serían solidariamente responsables con aquellos contribuyentes que presenten declaraciones juradas con información inexacta, por lo tanto, estarían sujetos a las sanciones establecidas por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.