Consejo de la UCR está de acuerdo en redistribuir monto adicional del FEES, pero no el monto base
El Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) aseguró que no se opone a una eventual negociación sobre la redistribución del porcentaje adicional del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), pero reiteró que cualquier reducción del presupuesto base asignado sería inconstitucional.
Así lo afirmó Esperanza Tasies Castro, representante del Área de Sedes Regionales ante el CU, quien indicó que la posición de la institución ha sido malinterpretada en el debate público.
"La Universidad de Costa Rica está dispuesta a discutir, pero no se puede rebajar el presupuesto ya asignado. Eso sería regresivo y la Constitución Política no lo permite", señaló en entrevista con CR Hoy.
La académica explicó que la postura del CU no busca frenar cambios en la distribución del FEES, sino establecer límites claros basados en el principio de no regresividad del gasto en educación superior.
Redistribución solo con recursos nuevos
Según detalló Tasies, la UCR está abierta a renegociar la asignación de fondos, siempre que se trate de los recursos adicionales ( es decir, del incremento) y no del monto base ya consolidado.
"Si hay recursos nuevos, la UCR sí debe sentarse a discutir con las universidades hermanas y valorar escenarios de redistribución", indicó.
En esa línea, insistió en que cualquier ajuste sobre el presupuesto vigente implicaría una afectación directa a la institución. Además, señaló que han solicitado al Consejo Nacional de Rectores (Conare) un informe técnico que permita dimensionar el impacto de una eventual redistribución.
Advertencia del Consejo Universitario
La posición surge luego de que el Consejo Universitario advirtiera al Ministerio de Educación Pública (MEP) que cualquier reducción del FEES será considerada una medida regresiva y violatoria de derechos adquiridos.
El acuerdo, firmado por el rector Carlos Araya Leandro y dirigido al ministro Leonardo Sánchez, señala que una eventual disminución presupuestaria atentaría contra la autonomía universitaria. El documento fue aprobado el pasado 18 de marzo, en medio de la negociación del FEES correspondiente a 2027. Esta es la carta remitida al jerarca:
La discusión se da en el contexto de la Comisión de Enlace, donde el Gobierno propuso como condicionante una distribución más equitativa de los recursos entre universidades públicas.
Tensiones por distribución del fondo
El debate sobre la distribución del FEES no es nuevo. En 2024, el Conare acordó que cerca del 50 % del presupuesto se asignara a la UCR, lo que generó cuestionamientos por parte de otras universidades estatales.
Posteriormente, en 2025 se negoció una redistribución más equitativa; sin embargo, la Rectoría de la UCR votó en contra de esa propuesta al considerar que afectaba a la institución.
Para este año, la distribución se fijó en un 49,88 % para la UCR; 20,83 % para la Universidad Nacional; 11,22 % para el Tecnológico de Costa Rica; 9,47 % para la Universidad Estatal a Distancia y 6,81 % para la Universidad Técnica Nacional.
Deuda pendiente del FEES 2025
Tasies también cuestionó la estructura del gasto público, en medio de las negociaciones entre el Gobierno y las universidades por el financiamiento del FEES.
La académica señaló que el déficit fiscal responde principalmente al pago de intereses de la deuda, un argumento que ha sido utilizado por el Ministerio de Hacienda para justificar restricciones en el giro de recursos.
"Lo que engruesa el déficit es el pago de intereses. No se está discutiendo lo suficiente hacia dónde va ese dinero", afirmó.
Sus declaraciones se dan en un contexto en el que el Gobierno condicionó el giro del 2 % adicional del FEES 2025 —equivalente a más de ₡11.500 millones— a la aprobación de eurobonos por parte de la Asamblea Legislativa, al advertir que, de no concretarse, aumentaría el costo de la deuda y la presión por el pago de intereses.
Para Tasies, este enfoque traslada la carga del ajuste fiscal hacia sectores como la educación superior, pese a que el financiamiento universitario tiene respaldo constitucional.
La académica insistió en que el debate no debe plantearse como un conflicto entre universidades, sino como una discusión técnica sobre el uso de los recursos públicos.
"El problema es que se está intentando convertir esto en un pleito entre universidades, y no debería ser así", concluyó.