Constitución Política al taller: Diputados moldean 39 reformas

(CRHoy.com).- La Constitución Política está en carpintería. El Parlamento tiene en fila 39 reformas a la Carta Magna haciendo fila. Entre las propuestas de cambio hay de todo, pero son 11 las que han gozado de mayor respaldo por parte de los diputados.

Van desde las reformas para modificar el mecanismo de elección de los magistrados, topes a la reelección de esos altos funcionarios, la inclusión en la Constitución del concepto de progresividad fiscal, es decir que los más tienen paguen más impuestos, la exclusión de la temática de derechos humanos de las que están sujetas a ser consultadas a la población mediante referéndum, hasta la que reconocería al criollo limonense como lengua regional costarricense y el cambio que le permitiría a los pueblos indígenas tener su propio diputado en la Asamblea Legislativa.

La lista sigue y sigue. No obstante, la mayoría de reformas no gozan del respaldo necesario para dar el salto a la Constitución. Ocurre lo contrario con un puñado de proyectos que sí cosechan un apoyo mayoritario y responden a la compleja coyuntura fiscal y económica que vive el país actualmente.

Las jefas de fracción de Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Silvia Hernández y María Inés Solís, coincidieron en que dentro de este grupo de alto consenso está el proyecto para reformar la Constitución e incluirle la regla fiscal para limitar el crecimiento del gasto público bajo ciertas circunstancias fiscales y económicas, iniciativa que se tramita bajo el número de expediente 20.179. También se le pidió su criterio a la jefa de fracción de Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez. Sin embargo, no contestó la consulta de este medio.

El citado proyecto modificaría los artículos 176 y 184 de la Constitución Política para que la política de gasto sea "transparente y equilibrada" para lo cual establece normativas que contendrían el gasto o la subejecución presupuestaria cuando los gastos autorizados en el presupuesto ordinario de la República o en los presupuestos extraordinarios superen los ingresos tributarios probables en más de un 3% del producto interno bruto (PIB), o cuando la deuda pública supere el 60% del PIB.

También aumenta los deberes de la Contraloría General de la República al adicionarle la obligación de informarle a la Asamblea Legislativa cuál será el impacto presupuestario y regulatorio que tendría la aprobación de cualquier proyecto de ley.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre pasado por el Congreso, contiene una regla fiscal para garantizar la sostenibilidad fiscal y será aplicable a los presupuestos de los entes y los órganos del sector público no financiero. La regla fiscal limita el crecimiento del gasto corriente. Tal como la reforma constitucional, esta supedita el crecimiento del gasto al nivel de deuda del Gobierno Central como porcentaje del PIB y al crecimiento promedio del PIB nominal para los últimos cuatro años anteriores al año de formulación del presupuesto nacional.

Respaldo

La otra reforma que cuenta con respaldo para seguir avanzando es la que modificaría el artículo 50 para que el derecho humano de acceso al agua tenga rango constitucional.

Silvia Hernández agregó que el PLN también considera importante que el plenario avance con la discusión de un modificación a la Constitución que instaure un régimen disciplinario para los diputados, en respuesta a un mandato de la Sala Constitucional para que se creen normas que permitan la pérdida de credenciales de un diputado que violente regímenes disciplinarios.

"Votamos y empujamos la reforma aprobada de presupuestos plurianuales", destacó la congresista en referencia al cambio a la Carta Magna que aprbó el plenario del Parlamento a finales de mayo pasado, el cual habilita a las instituciones públicas a plantear presupuestos que abarquen más de un periodo, que contemplen inversiones y gastos en el mediano plazo.

Hay una reforma que los legisladores tramitan con pinzas. Se trata de la que permitiría, por la vía del referéndum, la revocatoria del mandato del presidente de la República, de los vicepresidentes, diputados, alcaldes, regidores y síndicos, todos elegidos mendiante el voto popular.

Según la exposición de motivos de ese proyecto, la intención es reforzar el concepto de responsabilidad y rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

El proyecto de ley lo presentaron los diputados del PUSC, los legisladores del Partido Republicano Social Cristiano, uno de Integración Nacional (PIN) y el independiente Erick Rodríguez Steller. La propuesta se presentó el 21 de junio del año pasado e ingresó al orden del día de los diputados cuatro días después.

Los parlamentarios justifican su preocupación por la iniciativa en el uso futuro que se le pueda dar: "Lo estamos revisando (el proyecto) con el cuidado debido, para que no se convierta en un instrumento populista", afirmó la coordinadora de los diputados verdiblancos.

En mayo pasado los diputados alcanzaron un acuerdo multipartidario para sesionar las mañanas de los miércoles para discutir reformas constitucionales durante ese mes y junio. La intención era priorizar 11 proyectos de ley.

Además de la regla fiscal, el derecho humano de acceso al agua y la plurianualidad de los presupuestos, los legisladores lograron avances en el trámite de otras reformas constitucionales que pretenden la protección especial del Estado para las personas con discapacidad y la que busca reducir el plazo que hay entre la primera y la segunda ronda para la elección del presidente o presidenta de la República.

Los congresistas también mostraron interés en agilizar la discusión de otros expedientes como el que pretende incorporar el voto parlamentario no presencial a través de medios tecnológicos, la consagración del derecho a la salud y a la alimentación, y otro que pretende eliminar la Segunda Vicepresidencia de la República.

El trámite

Los proyectos para reformar la Constitución tienen un trámite especial estipulado en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. Según el artículo de esa normativa, las iniciativas de ley de ese tipo deben presentarse en sesiones ordinarias (entre mayo y julio, y entre setiembre y noviembre).

El proyecto debe ser leído tres veces con intervalos de seis días para resolver si se admite o no para su discusión, para lo cual se necesita un acuerdo por mayoría simple de los diputados presentes.

Una vez que se admita el proyecto para su discusión, este pasará a una comisión, cuyos miembros elegirá el plenario, que deberá dictaminarlo en el término de 20 días hábiles. El dictamen del panel se someterá a dos debates, en días distintos, y para su aprobación necesita de los votos de los dos tercios del total de la Asamblea.

Aprobado el dictamen sobre el proyecto de reforma, el documento pasará a la Comisión de Redacción, para que después vuelva al plenario donde el proyecto requerirá de la mayoría absoluta de los presentes a favor para su aprobación. Después, la iniciativa de reforma constitucional será enviada al Poder Ejecutivo el cual deberá reenviarlo al Parlamento con el mensaje presidencial, del 2 de mayo.

"La Asamblea, en las primeras sesiones de la siguiente legislatura, deberá discutir de nuevo el dictamen en tres debates, cada uno en día distinto, no pudiendo en el primer debate de esta segunda legislatura conocerse de mociones de fondo. Si fuere aprobado por dos tercios de votos del total de los diputados, entrará a formar parte de la Constitución Política, lo que se comunicará al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia", reza el Reglamento Legislativo.